Adega recurre ante el Tribunal Supremo el proyecto eólico en el monte Acibal

La asociación ecologista Adega ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la que se desestima la paralización de las obras del proyecto eólico Acibal, afectado por hallazgos arqueológicos.

En concreto, recurre la sentencia con fecha del pasado 6 de abril de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, que fue la que desestimó, a su vez, el recurso contra la inactividad de la Xunta en cuanto a la protección de los elementos del patrimonio cultural aparecidos en el discurso de las obras del proyecto, que promueve Norvento en los municipios pontevedreses de Barro, Campo Lameiro y Moraña.

Adega recuerda las reiteradas denuncias del Seprona y de los vecinos respecto de la aparición de hallazgos, y resalta que la sentencia desestimó su demanda «por considerar que la vía procesal escogida no había sido la pertinente».

En todo caso, Adega advierte de que, en el voto particular, el magistrado Luís Villares, uno de los integrantes de la sala, mantuvo que la demanda «se debería haber acogido por lo tribunal en su totalidad» ante «los signos evidentes de destrucción y deterioro grave de las formaciones rocosas» afectadas por las obras.

En rueda de prensa en Santiago, la secretaria ejecutiva de Adega, Belén Rodríguez, advirtió de que, «de llegar a consolidarse la absoluta pasividad administrativa como criterio» frente a la aparición de nuevos hallazgos arqueológicos en el contexto de la ejecución de proyectos industriales, «conllevaría una gravísima disminución de la protección cultural y ambiental, contraria al interés general, que podría llegar a afectar a un inmenso número de situaciones y que vendría a desnaturalizar la finalidad propia de las evaluaciones ambientales legalmente exigidas para la ejecución de proyectos y planes».

Por su parte, la representante de la asociación Acibal Patricia Gamallo ha denunciado el «constante desprecio e indiferencia» de la Xunta en el transcurso de las obras de Norvento.

«Si no llega a ser por los vecinos de Amil, mucho de ese patrimonio considerado BIC habría desaparecido», dijo. Unos hallazgos que, a su juicio, «ponen en evidencia tanto las deficiencias de la declaración de impacto ambiental como la falta de vigilancia de las obras».

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