Las viviendas protegidas, una asignatura pendiente en Pontevedra: solo 167 vendidas en 10 años

La vivienda protegida (VPO) son aquellas, ya sea en propiedad o alquiler, promovidas con el apoyo o ayudas de la administración pública para garantizar un precio inferior al del mercado. Están destinadas a personas con ingresos limitados, y deben cumplir determinados requisitos de tamaño y calidad. Más de 1.600 de esos pisos pretende la Xunta que se levantan en el polémico proyecto de suelo residencial que promueve entre San Mauro, O Marco y A Parda.

Se trata de la promoción de mayor tamaño que se ejecutaría nunca en Pontevedra, ya que las VPO (Viviendas de Protección Oficial) son una de las «asignaturas pendientes» en materia inmobiliaria en la ciudad.

Según los datos oficiales del Ministerio de la Vivienda, en los últimos diez años, desde 2016 hasta el cierre de 2025, en Pontevedra se vendieron oficialmente 6.830 pisos, pero tan solo 167 contaban con algún tipo de protección, es decir, una media de menos de 17 al año. En el caso de Sanxenxo, el otro municipio que junto con la capital concentran el 70% de las transacciones inmobiliarias en la comarca, el balance aún es más escaso. De las 3.356 viviendas adquiridas de forma oficial en la última década, solo once eran VPO, una media de una cada ejercicio.

No obstante, la situación muestra síntomas de mejorar en los últimos meses, gracias en parte a una ampliación de las ayudas oficiales. Suelen ser cooperativas las que activan este tipo de inmuebles, con proyectos activos en áreas como Valdecorvos, Tafisa o A Parda. Y el plan de San Mauro, que ha movilizado a los propietarios por la escasa cuantía de las indemnizaciones anunciadas por sus hogares y terrenos, supondría un salto cualitativo. De las 2.040 viviendas previstas en esas veinte hectáreas, al menos 1.600 serían VPO, es decir, diez veces más de todas las vendidas en una década en la ciudad.

En paralelo, el Gobierno central anunció en su día, aunque sin paso efectivo alguno desde entonces, propuestas de alquiler social en terrenos de su propiedad sin uso en la ciudad, mientras que la Xunta facilita la construcción de vivienda protegida en suelos no residenciales y ha modificado la legislación para limitar la venta de pisos protegidos en suelo público, asegurando que sigan siendo asequibles.

Para acceder a una vivienda de protección oficial en Pontevedra, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, el primero de ellos, están inscrito en el Rexistro de Demandantes, gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda la Xunta. Este registro es obligatorio tanto para comprar como para alquilar cualquier inmueble con protección pública.

Este listado ha experimentado en los últimos meses un bum de inscripciones, animado por la sucesión de promociones activadas por la Xunta. Además del suelo residencial de San Mauro, están en marcha proyectos, más o menos avanzados de unas 300 viviendas públicas (VPP) en Valdecorvos, Tafisa y AParda. Esté prevista la entrega inmediata de los primeros 74 pisos levantados en el primer barrio.

Por ello, Pontevedra ya es la tercera ciudad gallega con mayor demanda en el citado registro, con 2.101 anotados en la jornada de ayer, solo por detrás de Vigo (con más de 10.300) y A Coruña, que se sitúa en 6.400 familias solicitantes. En Lugo eran ayer 1.878, otros 1.804 en Santiago eran ayer 1.804, poco más de mil en Ourense y 983 en Ferrol.

En el resto de la comarca destacan las 141 solicitudes de Marín, las 114 de Sanxenxo e igual número en Poio. En los dos primeros casos también hay planes en marcha para habilitar suelo o edificar viviendas oficiales, aunque no ocurre así en Poio.

Otros de los requisitos para optar a una VPP es que se la vivienda debe ser el domicilio habitual y permanente y el comprador no puede tener otra vivienda en propiedad. En cuanto a los ingresos, no se puede exceder de los límites de ingresos establecidos en relación con el IPREM.

La clasificación de la protección varía según el precio máximo y los ingresos del solicitante: Régimen Especial: precios más accesibles y límites de ingresos más bajos; Régimen General: el estándar intermedio para la mayoría de demandantes; Régimen Concertado: permite precios y límites de ingresos más elevados. Además, la superficie máxima, generalmente no pueden superar los 120 metros cuadrados útiles.

Las cooperativas son la fórmula más habitual para este tipo de inmuebles

Las cooperativas de viviendas son una de las fórmulas que más se utilizan para promover VPO y a finales de 2024 había al menos cuatro proyectos que sumaban 136 viviendas, concretamente 92 pisos y 44 chalés unifamiliares, y que gracias a este régimen de cooperativa son más de un 20% más baratos. Una de ellas es Andares do Lérez, en terrenos de la antigua Tafisa, y las otras tres estaban en Valdecorvos.

Las cooperativas de viviendas permiten acceder a un piso a un precio «muy por debajo del mercado libre», por lo que «hay una demanda social enorme, sobre todo de gente joven». En el caso de Andares do Lérez son 56 los pisos de Protección Autonómica (VPA) los proyectados en Tafisa, de tres y cuatro habitaciones, con terraza, garaje y trastero con precios que van desde algo más de 167.000 euros (de unos 109 metros cuadrados) hasta algo más de 202.000 euros, de unos 164 metros cuadrados.

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