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El proyecto urbanístico de San Mauro se convierte en el foco de la disputa política en Pontevedra

La oposición respalda una moción para frenar el diseño actual del Proyecto de Interese Autonómico que contempla 2.010 viviendas

Afectados por las expropiaciones de San Mauro, durante una reciente reunión con el grupo municipal del PP.

Afectados por las expropiaciones de San Mauro, durante una reciente reunión con el grupo municipal del PP. / Rafa Vázquez

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El desarrollo urbanístico en San Mauro se convierte en el nuevo epicentro de la batalla política en Pontevedra. El consenso institucional que definía al proyecto salta por los aires tras la decisión de PSOE y PP de impulsar una moción que, en la práctica, propone echar atrás el diseño actual del Proxecto de Interese Autonómico (PIA). Esta alianza de la oposición ha encendido las alarmas en el Gobierno local, que advierte de una parálisis que dejaría a la ciudad sin 2.010 viviendas necesarias en plena crisis habitacional.

La propuesta socialista, firmada por Iván Puentes y apoyada por los populares de Rafael Domínguez, insta a la Consellería de Vivenda a "estudar o ámbito de actuación concreto" y, lo que es más crítico, a "modificar a ordenación" del proyecto. El texto pide una "transición suave" de alturas para evitar contrastes entre las viviendas unifamiliares existentes y los nuevos bloques, además de revisar el precio de las expropiaciones, que el PSOE tilda de "surrealistas" al situarse entre los 2 y 10 euros por metro cuadrado.

La propuesta socialista pone el foco en las deficiencias de comunicación con los más de 150 vecinos afectados, quienes, afirma, no fueron informados previamente sobre el impacto en sus propiedades. Especial preocupación genera el caso de las residencias habituales, donde los afectados denuncian que las compensaciones ofrecidas podrían suponer una pérdida de patrimonio y superficie, además de imponer restricciones de uso sobre las nuevas viviendas protegidas durante casi una década.

Por su parte, el Partido Popular ha endurecido el pulso político al introducir una enmienda de adición que insta al Gobierno local a iniciar de forma "inmediata" la tramitación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Según la formación popular, esta es la única herramienta capaz de garantizar una planificación urbanística "racional, participativa e equilibrada" que evite en el futuro la imposición de proyectos autonómicos que generen este nivel de conflicto social.

Para César Mosquera, este movimiento supone una "irresponsabilidad". El edil nacionalista no oculta su perplejidad ante el hecho de que ambos grupos apoyen ahora cambios radicales en un plan que ellos mismos respaldaron por unanimidad cuando la Consellería de Vivenda inició los trámites

En este escenario, César Mosquera, responsable de Urbanismo, ha advertido que la exigencia de modificar la ordenación y reducir las alturas para suavizar la transición con la malla urbana actual no es una reforma menor; técnicamente, supondría invalidar los pasos dados desde la declaración de interés autonómico en abril de 2025 y la delimitación del ámbito en agosto del mismo año. El Gobierno local insiste en que Pontevedra no puede permitirse un retroceso de año y medio en la tramitación de 1.600 viviendas protegidas, considerando que esta alianza de la oposición es una maniobra arriesgada que compromete la viabilidad de una actuación estratégica para el futuro habitacional del municipio.

Para César Mosquera, este movimiento supone una "irresponsabilidad". El edil nacionalista no oculta su perplejidad ante el hecho de que ambos grupos apoyen ahora cambios radicales en un plan que ellos mismos respaldaron por unanimidad cuando la Consellería de Vivenda inició los trámites. Según el concejal, aceptar estas modificaciones no es un simple ajuste, sino que obligaría a retrotraer todo el proyecto.

Desde el Gobierno local se interpreta esta pinza como una "táctica electoralista" que antepone el rédito político a corto plazo al interés general. Alertan de que, si la Xunta decide finalmente atender estas peticiones y "abrir la espita" de la modificación del ámbito, el futuro del PIA de San Mauro quedaría seriamente comprometido, retrasando la entrada de maquinaria —prevista para 2028— de forma indefinida. Mosquera insiste en que “todos los grupos políticos” y también la Xunta “estamos de acuerdo en que la gestión de las expropiaciones hay que llevarla mejor” y abonar un precio justo por las propiedades, “pero de ahí a comprometer el PIA es un salto delicado, por no decir nocivo y contraproducente”.

Frente al escenario en San Mauro, otras actuaciones municipales parecen encontrar la luz al final del túnel administrativo. Tras superar los filtros de Costas y Augas de Galicia, el proyecto de la Rúa do Santo encara su fase definitiva con una ambición técnica renovada. La actuación se ha ampliado para recoger las aguas pluviales desde cotas más altas, en la carretera vieja de Marín, buscando una solución definitiva a las inundaciones que sufren los vecinos de la zona.

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