La marcha contra las celulosas cambia de formato y recorrerá el centro de Pontevedra el 24 de mayo

La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y el colectivo Ulloa Viva presentaron este martes la movilización anual contra las fábricas de celulosa, que este año cambiará su formato habitual. En lugar de la tradicional marcha hasta la fábrica de Ence en la parroquia de Lourizán, la convocatoria consistirá en una manifestación por las calles del centro de Pontevedra, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo a las 12.30 horas. La protesta saldrá de la Alameda de Pontevedra y concluirá en el mismo punto, previsiblemente alrededor de las 13.30 horas. Al término de la manifestación, los colectivos convocantes prevén celebrar una “mani-festa”, concebida como un acto festivo y reivindicativo.

Desde la APDR, Antón Masa explicó que el cambio de formato responde a una decisión adoptada por la asamblea de socios y socias de la entidad. Entre los motivos señalados figura la voluntad de reforzar este año el rechazo al proyecto de Altri en Palas de Rei, especialmente después de que la Xunta de Galicia acordase archivar el expediente de la iniciativa. La asociación considera que la lucha contra Altri y la oposición a la permanencia de Ence en Lourizán "forman parte de una misma reivindicación contra las celulosas, la contaminación de ríos y rías, la pérdida de calidad de vida y el impacto de la expansión del eucalipto en los montes gallegos".

Los convocantes explicaron que uno de los motivos para trasladar este año la protesta al centro de Pontevedra es la presencia de la sede de Altri en la ciudad, próxima al edificio administrativo de la Xunta de Galicia.

La APDR avanzó que la manifestación tendrá un componente simbólico relacionado con la reclamación de que el proyecto de Altri sea enterrado definitivamente. En este sentido, se aludió a la intención de llevar hasta la sede de la empresa un ramo de eucalipto con el mensaje “RIP”, como representación del fin del proyecto.

Los colectivos recordaron también que el Ministerio para la Transición Ecológica no incluyó en la planificación eléctrica hasta 2030 la subestación que necesitaba Altri. Aun así, Ulloa Viva advirtió de que la Xunta presentó alegaciones para que esa infraestructura fuese incorporada, lo que, a su juicio, demuestra que el Gobierno gallego sigue actuando como “agente comercial” del proyecto.

Desde Ulloa Viva subrayaron que el archivo administrativo no les resulta suficiente mientras exista la posibilidad de que el proyecto pueda reactivarse en el futuro. Por ello, mantienen una campaña de recogida de firmas para reclamar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la denegación expresa de la planta.

Expectativas ante la nueva regulación de Costas

En relación con Ence, la APDR destacó sus expectativas ante la próxima aprobación por parte del Gobierno central de una modificación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas. La asociación sostiene que esta actualización responde a las exigencias de la Unión Europea para adaptar la normativa española a la legislación comunitaria en materia de prórrogas de concesiones en dominio público marítimo-terrestre.

Según explicó la entidad, en 2021 o 2022 denunció ante la Unión Europea que el Estado español no estaba cumpliendo la normativa comunitaria en este ámbito. Posteriormente, en 2023, las autoridades europeas habrían requerido al Gobierno español que ajustase la legislación estatal.

La APDR afirma conocer ya el contenido del nuevo reglamento, al que presentó alegaciones, y considera que puede tener efectos relevantes sobre la concesión de Ence en Lourizán.

Entre los aspectos destacados, la asociación señaló que el nuevo texto contempla la posibilidad de revocar concesiones de instalaciones situadas en dominio público que estén amenazadas por inundaciones. A su juicio, esta circunstancia afectaría a la fábrica de Ence, al entender que las instalaciones de Lourizán sufren inundaciones de forma recurrente.

Además, la APDR subrayó que el reglamento establecería de forma clara que las concesiones en dominio público marítimo-terrestre no podrán superar los 75 años sumando el periodo inicial y sus posibles prórrogas. Según la interpretación de la entidad, esto implicaría que Ence solo podría permanecer en Lourizán hasta 2033, y no hasta 2073, como defiende la empresa.

La asociación también apuntó a una disposición transitoria que permitiría aplicar este criterio con carácter retroactivo. En caso de que una instalación con prórroga concedida superase los 75 años de ocupación total, se le podría fijar un nuevo plazo para abandonar el dominio público marítimo-terrestre. Si la empresa no aceptase ese plazo, la concesión podría ser revocada, aunque con la correspondiente indemnización.

Desde la APDR aseguraron que una eventual indemnización no modifica su posición, al considerar que Ence no debe permanecer en la ría “ni un momento más” del que legalmente le corresponda.

Vía judicial abierta

La asociación recordó además que mantiene abierta la vía judicial contra la prórroga de Ence. En este sentido, indicó que ha acudido al Tribunal Constitucional para intentar anular la decisión del Tribunal Supremo que avaló la continuidad de la fábrica en Lourizán, después de que la Audiencia Nacional hubiese anulado previamente la prórroga.

La APDR considera que la futura modificación del reglamento de Costas refuerza los argumentos de su recurso, especialmente en lo relativo a la falta de adaptación de la normativa española a la legislación europea sobre concesiones. Aunque admiten que no es habitual que el Constitucional falle contra una decisión del Supremo, confían en que esta cuestión pueda tener recorrido en instancias europeas.

La entidad recordó que acudir al Tribunal Constitucional es un paso previo necesario antes de llevar el caso a los tribunales europeos.

La movilización del 24 de mayo cuenta con el respaldo de la coordinadora nacional contra Altri, de la que forma parte la APDR, así como de distintos colectivos sociales, sindicales y culturales. Figuran la CGT, Socomebu, Liceo Mutante y el Cineclube de Pontevedra, además de otras entidades que, según los organizadores, se irán sumando en los próximos días. La APDR destacó que este año han detectado el respaldo de colectivos que no siempre participaban en la marcha anual, algo que atribuyen al impacto social de la oposición al proyecto de Altri.