El Gobierno central frena la ampliación del muelle comercial del Puerto de Marín

El Ministerio para la Transición Ecológica ha archivado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de la ampliación del nuevo muelle comercial del puerto de Marín.

La resolución de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concluye que «no es posible dictar una resolución fundada» sobre esta actuación de la Autoridad Portuaria de Marín y ría de Pontevedra.

Sostienen los técnicos que no cuentan «con elementos de juicio suficientes» sobre los posibles efectos adversos que tendría este proyecto sobre el medio ambiente.

La intención del puerto de Marín era prolongar en 147 metros de este muelle comercial para atender a los tráficos siderúrgicos y de material eólico, mejorando su operatividad.

Esta actuación incluía además, entre otras acciones, la construcción de un cierre lateral junto a la terminal cubierta o un dragado general del canal de acceso y en el atraque a la cota −11 metros para atender a buques de mayor calado.

El objetivo de este proyecto, a ejecutar en dos años según sus responsables, era evitar posibles pérdidas de tráfico y permitir un crecimiento continuado de sus instalaciones.

Pero ya durante toda su tramitación numerosos informes de la Xunta de Galicia, de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y del propio ministerio advertían de que la documentación presentada contenía numerosas deficiencias.

Así, entre otras cuestiones, estos informes alertaban de que no se habían analizado correctamente las condiciones de la ría, que no se especificaba la metodología de dragado o que no incluía información relativa a la biodiversidad, fauna o vegetación.

Además, apuntaban a que las construcciones, las demoliciones y el dragado previsto «podrían afectar tanto a la calidad del agua como a los recursos que en ella se desarrollan», recordando la clasificación C de la zona por su contenido en tributilestaño (TBT) y mercurio.

Ante todo ello, Transición Ecológica entiende que el documento ambiental presentado «carece de una adecuada identificación, análisis y valoración de todos los potenciales impactos derivados de las actuaciones».

Tampoco incluye una propuesta proporcionada de medidas para prevenir, corregir o compensar los impactos derivados de esas actuaciones y que el grado de indefinición del proyecto «hace que no se puedan descartar impactos ambientales significativos».

Al no poder valorar de manera adecuada esas potenciales afecciones de las actuaciones sobre el medio marino, el Gobierno opta por archivar esta tramitación ambiental.

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