La Fiscalía pide 14 años de prisión para dos acusados por una presunta agresión sexual continuada a una menor en Caldas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzga a un hombre y a una mujer acusados de un delito continuado de agresión sexual a una menor. La Fiscalía solicita 14 años de prisión para cada uno de ellos, además de la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante 15 años. También reclama que indemnicen solidariamente a la menor con 30.000 euros por el daño psicológico y moral presuntamente causado. Los hechos, según el escrito de acusación, habrían ocurrido en el domicilio de la acusada, ubicado en el partido judicial de Caldas de Reis.

Los dos acusados negaron los hechos durante la primera sesión del juicio. El hombre, que respondió únicamente a las preguntas de su defensa, rechazó haber mantenido cualquier comportamiento de carácter sexual con la menor y también negó haberle enviado mensajes de contenido sexual. A preguntas de su letrada, sostuvo que no utilizaba redes sociales y que no sabía manejarlas. También aseguró que, cuando comenzaron algunas de las visitas de la menor al domicilio de la acusada, él se encontraba en prisión.

La defensa del acusado centró parte de su interrogatorio en su estado físico. El procesado afirmó que padece problemas de disfunción eréctil desde hace años y sostuvo que esa circunstancia sería incompatible con la dinámica de los hechos descritos por las acusaciones. Antes del inicio de las declaraciones, su abogada solicitó la suspensión del juicio para practicar una pericial forense sobre esa cuestión, pero la magistrada rechazó la petición al considerar que el procedimiento se tramita desde 2022 y que la documentación médica aportada podía ser valorada junto con el resto de la prueba.

La acusada, madre biológica de la menor, también negó haber conocido o permitido los hechos. Declaró que mantiene una relación de pareja con el acusado desde hace 16 años y explicó que uno de los teléfonos investigados figuraba a nombre de él, aunque, según dijo, lo utilizaba ella por problemas administrativos para contratar líneas telefónicas. Afirmó además que la menor llegó a utilizar ese dispositivo para hacer videollamadas y acceder a redes sociales.

Durante su declaración, la acusada sostuvo que no tuvo conocimiento de conversaciones de contenido sexual entre la menor y su pareja hasta la denuncia. También aseguró que la menor quería mantener contacto con ella y que, en distintos momentos, expresó su deseo de volver al entorno familiar. La mujer relató que las visitas se suspendieron en algunas ocasiones por la pandemia y por motivos de salud, y no por sospechas relacionadas con los hechos que se juzgan. La Fiscalía, sin embargo, le atribuye responsabilidad en concepto de autora por comisión por omisión.

En la sesión se reprodujo la declaración grabada de la menor, prestada cuando tenía 15 años por videoconferencia desde un juzgado. En esa comparecencia, la menor relató que vivía con una familia de acogida y que visitaba a su madre el primer y el tercer fin de semana de cada mes. Según su testimonio, los episodios se habrían producido en el domicilio de la acusada, principalmente cuando esta se ausentaba por trabajo.

La menor afirmó que no quería volver a esa vivienda y que mostró a su acogedora conversaciones mantenidas con el acusado porque, según dijo, no quería regresar «a esa vida». En su declaración, sostuvo que los hechos comenzaron cuando tenía alrededor de 13 años y medio. Describió varios episodios de carácter sexual y aseguró que, al menos en dos ocasiones, se produjo una agresión con penetración. También declaró que el acusado la amenazaba para que no contase lo sucedido.

La menor explicó que, según su versión, mantenía conversaciones con el acusado a través de WhatsApp y de una red social. También señaló que tenía guardados los contactos de la acusada y del acusado con nombres familiares en su teléfono. En su declaración, afirmó que la acusada conocía lo que ocurría porque dejaba grabaciones en la vivienda y porque ella misma llegó a contarle lo sucedido.

Una de las madres de acogida de la menor declaró que accedió al teléfono de la niña de forma casual después de que esta le pidiera ayuda por una solicitud de amistad recibida en redes sociales. Según explicó, al revisar el dispositivo encontró conversaciones de contenido sexual que vinculó con el acusado. La testigo afirmó que se puso «tremendamente nerviosa y angustiada» al ver los mensajes y que decidió presentar denuncia sin pedir inicialmente explicaciones a la menor, al considerar que el contenido era suficientemente revelador.

Esa misma acogedora relató que, tras la denuncia, la menor le confirmó el contenido de las conversaciones y que, con el paso del tiempo, le fue contando «numerosos recuerdos y situaciones». También declaró que a la niña le costaba acudir a las visitas con su madre y que, después de formularse la denuncia, se realizaron pruebas médicas a la menor.

Otra acogedora anterior explicó que la menor acudía a las visitas con su madre por el régimen fijado por el sistema de protección. Declaró que en algún momento la niña le contó situaciones que le hicieron sospechar que podía estar ocurriendo algo con el acusado. Entre ellas, mencionó un episodio en el que la menor habría dormido en un sofá viendo una película con él, lo que habría provocado el enfado de la acusada. La testigo precisó, no obstante, que no presenció ningún hecho inapropiado.

También declararon agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vinculados a la recepción de la denuncia y a la investigación posterior. Uno de ellos indicó que no examinó directamente el contenido del teléfono de la menor, sino que intervino en la tramitación inicial de la denuncia. Otro ratificó el atestado y explicó que la investigación se centró en el análisis de capturas de pantalla aportadas al procedimiento. Las defensas cuestionaron aspectos como la titularidad del teléfono, la autoría de los mensajes y la posible existencia de contenido borrado.

La vista incluyó además el inicio de las declaraciones de profesionales del ámbito psicológico. Uno de los psicólogos que atendió a la menor explicó que la trató entre mayo de 2022 y septiembre de 2024, con 28 sesiones registradas, y la situó en un contexto de desprotección continuada durante su infancia y de posible abuso sexual. Quedaron pendientes más declaraciones testificales y periciales.

El juicio se suspendió a las 14.55 horas al no poder completarse toda la prueba prevista en la sesión de mañana. La vista continuará el jueves 21 de mayo a las 10.00 horas.

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