Allegue: «No es la Xunta la que marca los precios» de las expropiaciones de San Mauro en Pontevedra

Los dueños de las parcelas afectadas en ámbitos como el de San Mauro en Pontevedra, en los que la Xunta pretende habilitar suelo residencial para 2.000 viviendas protegodas, tendrán la opción de participar en este proceso si no quieren ser expropiados.

Así lo ha anunciado este miércoles la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, junto al director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García. Responde así a las quejas que tanto en Pontevedra como en otras ciudades han surgido por la «raquítica» valoración inicial de los terrenos, a dos euros por metro cuadrado ed finca y diez en el caso de las viviendas.

Al respecto, la conselleira insistió en que los afectados «recibirán el justo precio del suelo confirme a la normativa estatal de obligado cumplimiento para las comunidades», una ley de 2011. Aseguró que «No es la Xunta la que marca los precios, es una norma estatal».

La Xunta tiene aprobados de manera inicial los planes de interés autonómico (PIA) de Pontevedra, Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo y Arteixo, y prevé darles el visto bueno definitivo hacia finales de este año 2026. Será en ese momento en el que se inicie la fase de expropiación. De acuerdo con sus datos, entre todos los ámbitos hay 1.500 parcelas afectadas.

Ante el malestar manifestado por vecinos como los de San Mauro y otras ciudades la conselleira ha afirmado ser consciente de que los propietarios de viviendas son «los máximos perjudicados» por esta medida. «Son pocos, pero existen», ha indicado.

Al respecto, tanto Allegue como el responsable del IGVS han apuntado a la «solución» de la vivienda de reemplazo para estos afectados. Los dueños de viviendas también pueden recibir el justiprecio, «si prefieren», y tendrán la alternativa de adquisición directa preferente, al igual que los que no residan de forma habitual en las casas afectadas.

En cuanto a los propietarios de suelo, «la mayor parte» según Allegue, ha precisado que la expropiación se lleva a cabo con un precio «conforme a la normativa estatal», que es «obligatoria» y «no depende del alcalde, ni de la conselleira, ni del presidente del Gobierno».

Al respecto, la conselleira ha explicado que la norma atribuye la situación «básica de rural» a las fincas a los efectos de valoración para la expropiación y ha puesto el ejemplo de entre 5 y 11 euros por metro cuadrado que se estima para el abono de la expropiación de suelo en Lugo que se va a urbanizar.

Para estos dueños de suelo afectado por la urbanización es para los que la Xunta anuncia que abrirá un plazo «amplio» de entre dos y tres meses para presentar solicitudes, en caso de que quieran participar en el desarrollo. Podrán participar en el desarrollo de los ámbitos como opción que da la Xunta «si no quieren ser expropiados», ha incidido Allegue.

Los que podrán optar a esta alternativa son particulares con parcelas rústicas «que se van a convertir en solares» a lo largo del proceso. Un proceso que, según ha advertido García, «no será inmediato» e implica «incertidumbre».

«Haremos todo con total transparencia», ha garantizado la responsable gallega en materia de vivienda, antes de insistir en que se está «en el inicio» del proceso y «desde hoy mismo o mañana mismo» la Xunta recibirá a «todos los propietarios» que así lo deseen para explicarles esta opción y las demás alternativas, pero estos «deberán decidir un interlocutor». «Una, dos o tres personas» que los representen, según ha pedido.

Entre los requisitos para participar en el desarrollo de los ámbitos figura ser titular de las parcelas antes de la fecha de aprobación de la delimitación del PIA (en torno al verano de 2025), que estén íntegramente dentro del ámbito y libres de cargas, gravámenes y derechos reales.

El proceso otorga la posibilidad de agrupar parcelas de dueños diferentes, de cara a la edificabilidad, que se asignará preferentemente para vivienda libre, de modo que la tutela de la protegida quede en la Xunta.

En caso de decantarse por participar en el desarrollo, los propietarios deberán afrontar el pago de los gastos de urbanización en proporción a la superficie de las parcelas de origen.

En el caso de que excedan en un 20% del importe estimado, podrán renunciar, con la devolución de lo abonado y los intereses, y las parcelas podrán ser adquiridas por mutuo acuerdo al precio de la expropiación o expropiadas.

Otras obligaciones de los dueños serán, además de pagar los gastos de urbanización que les correspondan, destinar la edificabilidad a la construcción de vivienda, solicitar licencia urbanística e iniciar las obras en el plazo máximo que fije la resolución.

Ahora bien, los participantes, una vez entregadas las parcelas de resultado podrán transmitirlas, previa autorización del IGVS, de modo que no tendrán que promover ellos mismos las viviendas. Las entidades adquirientes se subrogarían en las obligaciones.

Al comienzo de la comparecencia, la titular de Vivenda ha recordado que estos PIA forman parte de la estrategia de desarrollo de suelo de la Xunta para hacer frente a la problemática de acceso a la vivienda en Galicia. Ha recalcado que «siempre se partió de lo recogido en cada planeamiento municipal».

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