«La prostitución es violencia sexual y el cliente es parte del problema»

Detrás de los atestados policiales y de las redes de explotación que se camuflan tras la puerta de un piso anónimo o en la frialdad de una pantalla de OnlyFans, hay vidas atrapadas en lo que la magistrada Belén Rubido de la Torre no duda en calificar como la auténtica esclavitud del siglo XXI.

Desde su puesto en la Audiencia Provincial de Pontevedra, esta jueza, reconocida como socia de honra de Xuristas Inclusivas (In.Xurga) y voz rotunda en su reciente noveno Congreso Internacional, conoce al milímetro la maquinaria que tritura a estas víctimas y la urgencia de blindarlas procesalmente para que logren romper su silencio

¿Por qué debemos desterrar el término «trata de blancas»?

Debemos abandonar la nomenclatura «trata de blancas», de origen histórico pero con un claro sesgo discriminatorio. El término «trata de seres humanos» es más inclusivo y nos protege frente al comercio de explotación sexual, laboral, mendicidad o comisión de delitos. Es, sin duda, lo más parecido a la esclavitud en la actualidad.

¿Qué cambia al considerarlo violencia machista y no solo un delito contra la libertad?

Mejora la protección de forma radical. Pasan a ser consideradas víctimas de violencia contra la mujer o la infancia, lo que implica mayor información, el amparo de la asistencia jurídica gratuita y, sobre todo, una especialización vital de todos los actores que intervenimos en el proceso judicial.

¿Se ha adaptado el Código Penal a la velocidad necesaria?

Honestamente considero que España es pionera en la protección integral de la mujer, pero nuestra gran tarea pendiente es una regulación específica contra la trata. Llevamos años demandando una Ley propia, a imagen de la del 2004 para la violencia de género, pero los sucesivos proyectos no terminan de salir adelante.

El gran obstáculo es el miedo de la víctima a declarar por las deudas o las coacciones. ¿Cómo se blinda su testimonio?

Con protección. Con la llamada «prueba preconstituida», que nos permite grabar su declaración en la fase de instrucción, mucho antes del juicio oral. Nos apoyamos en la Ley de Protección de Testigos para ocultar su identidad o su nuevo domicilio. Además, una reciente reforma de Extranjería ha sido clave: amplía de 30 a 90 días el periodo para que las mujeres extranjeras puedan restablecerse y decidir si cooperan, garantizando por ley su no expulsión del país.

¿Es difícil lograr condenas si la víctima finalmente se niega a hablar?

Dificilísimo. Por eso es tan vital protegerlas y acompañarlas. Pero más allá de su testimonio, es esencial seguir la pista del dinero y destapar los entramados de blanqueo de capitales que sostienen un negocio tan extremadamente lucrativo como es traficar con seres humanos.

¿Siguen existiendo prejuicios en los juzgados de que estas mujeres «sabían a lo que venían»?

No, de verdad que no. Tenemos una clara conciencia de que son víctimas explotadas desde su más absoluta vulnerabilidad: pobreza, falta de arraigo o adicciones que, a menudo, costean los propios tratantes para atarlas más. Nunca se utiliza eso en su contra; al contrario, se valora para entender la violencia inusitada a la que están sometidas dentro de un círculo asfixiante del que no pueden salir.

España es gran consumidora de prostitución. ¿Se puede acabar con la trata sin penalizar al cliente?

El cliente es parte fundamental del problema: hay oferta porque hay demanda. Uso deliberadamente términos comerciales para evidenciar cómo se deshumaniza a estas víctimas hasta convertirlas en mercancía. Terminar con este horror exige actuar sobre el consumidor y educar desde la base para impedir que las mujeres sigan siendo vistas como objetos. La prostitución es violencia sexual pura y dura, porque no existe consentimiento libre; este queda anulado en el momento en que la persona es objeto de comercio, y el cliente, como digo, es parte del problema.

Desde su experiencia, ¿se topa a menudo con explotadores que se escudan en que solo «alquilan habitaciones»?

Se da en algunas ocasiones, pero no he tenido muchos asuntos, en la Audiencia Provincial todavía no. Es evidente que necesitamos herramientas legales más duras para perseguir a quienes se lucran indirectamente de esta explotación. El delito se comete porque hay un lucro; si asfixiamos ese beneficio económico, no solo logramos condenas, sino que hacemos verdadera prevención, una línea que afortunadamente ya sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La explotación muta hacia pisos privados y redes sociales. ¿Están atados de pies y manos?

Ante el cibercrimen y las mafias ocultas en pisos cerrados, la inviolabilidad del domicilio exige autorización judicial, pero es una herramienta que las Fuerzas de Seguridad pueden y deben solicitar ante delitos de esta gravedad.

Si pudiera pedir una única reforma urgente, ¿cuál sería?

Más medios, mayor especialización judicial y coordinación con los organismos de apoyo. Más respaldo a las víctimas extranjeras o vulnerables y, definitivamente, la aprobación de una ley integral contra la trata.

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