"O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas", advierten los vecinos de San Mauro

La preocupación crece entre los vecinos afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro, que prevé la construcción de 2.010 viviendas en Pontevedra, el 80% de ellas protegidas. Los perjudicados han elevado el tono de sus críticas contra la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra porque se sienten solos y traicionados. Reclaman explicaciones directas sobre el alcance real de las expropiaciones, denuncian falta de información y consideran que con las valoraciones iniciales "insultantes" se está agrediendo directamente a sus vidas y al esfuerzo de sus familias. El impacto de esta actuación, según sus datos, afecta a 13 viviendas y a unas 150 referencias catastrales.

El malestar se concentra en el uso de la figura del proyecto de interés autonómico, que permitirá transformar el ámbito en suelo urbano para desbloquear una bolsa residencial pendiente desde hace décadas. Los afectados sostienen, sin embargo, que la ley deja a los propietarios en una situación de indefensión. "Lo que no es normal es que lleguemos amparados por una ley que arrasa con nuestros derechos, sin voz, sin voto, sin poder defendernos", afirma una de las vecinas.

Los propietarios cuestionan también que no se haya explicado con claridad cuál es el interés autonómico que justifica la actuación. "Que expliquen de una vez dónde está el interés autonómico", reclamaron. A su juicio, el proyecto se presenta bajo el argumento de la necesidad de vivienda protegida, pero genera dudas sobre las compensaciones, el régimen de las futuras viviendas y el destino final de los terrenos urbanizados. "Ahora nos expropian para darle esto a grupos de poder", denuncia otro de los afectados.

La Xunta sostiene que todavía no se ha iniciado la fase propiamente expropiatoria ni la valoración definitiva de los inmuebles, y que los casos se estudiarán de forma individualizada. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, pidió esta semana "tranquilidad" y aseguró que la Administración autonómica ofrecerá, si así lo desean los afectados, una vivienda de reemplazo en alguno de los edificios previstos o en un ámbito reservado para futuros realojos en viviendas unifamiliares.

"Si me estás diciendo que el sacrificio de mis abuelos vale dos euros, eso ya es insultante"

Los vecinos, sin embargo, aseguran que no han recibido explicaciones suficientes más allá de las declaraciones públicas. "Desde la Xunta no tuvimos ninguna respuesta. Que estemos tranquilos, pero eso nos lo dicen a través de la prensa", critican. También reclaman saber "de qué forma" están afectados, qué tipo de vivienda se construirá y qué protección tendrá el 80% anunciado. "No queremos explicaciones cuando digan: señores, ya les expropiamos", añaden.

Uno de los puntos que más indignación genera es la valoración inicial de los terrenos. Los afectados aseguran que el estudio económico del proyecto recoge cantidades muy bajas para suelos que consideran integrados de hecho en un entorno urbano.

"Si me estás diciendo que el sacrificio de mis abuelos vale dos euros, eso ya es insultante", resume una vecina al borde de las lágrimas.

Otros propietarios sostienen que, aplicando la normativa prevista, el suelo "no llega a más de diez euros" por metro cuadrado, mientras temen que una vez urbanizado alcance un valor muy superior.

En el ámbito afectado hay, según los vecinos, varios negocios: "un almacén de muebles, una empresa de mármoles, una planta solar y una firma de congelados, entre otros". Los propietarios advierten de que el impacto no se limita a fincas sin uso, sino que alcanza viviendas familiares, actividad económica e inversiones recientes. "Nos piden ecología y luego a quien invirtió en placas solares le dicen que se fastidie porque ahora hacen vivienda", señalan.

Las familias rechazan, además, el argumento de que la afección fuese conocida por todos al figurar el suelo como urbanizable desde hace décadas. Aseguran que buena parte de las propiedades proceden de herencias familiares y que algunas casas tienen alrededor de 50 años. "Somos la tercera generación. Estos terrenos fueron de nuestros abuelos", explican. En algunos casos, añaden, han pasado por cuatro generaciones.

Seguirán movilizándose

Por su parte, el Concello de Pontevedra defiende que San Mauro ya figuraba en el planeamiento desde 1989 y que el nuevo PIA permitirá hacer viable la urbanización, con vivienda protegida, zonas verdes, espacios libres y equipamientos. El alcalde afirmó esta semana que "hay margen suficiente para que nadie salga perjudicado".

A sus palabras, los vecinos replican que el gobierno local no actuó durante años para desarrollar el ámbito. "El alcalde ha sido un incompetente. Ya tenía que haber urbanizado esto", reprocha uno de los afectados.

Los propietarios anuncian que mantendrán la movilización y que estudiarán acciones conjuntas a través de una plataforma. "Vamos a ir a por todas", advirtieron. Y lanzan un mensaje directo a las administraciones: "Desde nuestras casas no nos van a echar. O viene la Guardia Civil y nos quita a la fuerza o de allí no salimos".

"Nuestra casa no está en venta, nos la están robando"

María Esther Taboada Andrés es una de las vecinas afectadas por el PIA de San Mauro, en la calle Pintor Laxeiro. En su caso, explica, la vivienda familiar fue construida por sus padres antes de 1980, después de vender otras fincas para poder levantarla. "Nuestra casa no está en venta. Nos la están robando", resume. En ella viven cinco personas: su hija menor de edad, su padre de 82 años y con discapacidad, su madre con alzhéimer y en silla de ruedas, su marido y ella, que también padece una enfermedad degenerativa que limita su movilidad. Es decir, que se trata de un caso especialmente delicado.

Según relata, en una reunión en Santiago les plantearon dos opciones: una vivienda de reemplazo o una compensación económica. Pero Taboada considera que la alternativa ofrecida no equivale a lo que perderían. "Tenemos una parcela de 800 metros cuadrados, con 400 construidos, 300 de casa", señala. Frente a eso, afirma que la casa de reemplazo tendría unos 150 metros cuadrados de parcela y unos 120 útiles. "Es la cuarta parte de lo que tenemos", lamenta.

También critica que esa vivienda estaría sujeta a algún régimen de protección. "La casa nunca va a ser nuestra", sostiene, porque, aunque se pudiera vender o alquilar, "tiene que ser al precio que ellos nos digan y a quien ellos nos digan". Además, asegura que tendrían que pagar el IVA. "Nos dan una casa muchísimo inferior y aún por encima por algo que nunca jamás va a ser mío y por lo que tengo que pagar", resume.

Defiende que no se opone al crecimiento de Pontevedra, pero sí a que se haga "a costa de los vecinos". "Si tú puedes tirar, tienes que poder construir y dar lo que estás quitando", afirma. La familia ya cuenta con abogado y participa en la plataforma vecinal. "Hay mucha gente mayor que no se entera; los vecinos más jóvenes intentamos arroparla", explica.

Cuestiona la falta de información y el reparto de responsabilidades entre administraciones. "Todos nos dicen que nos entienden, pero que no tienen la culpa", dice impotente y visiblemente preocupada por sus padres mayores.

"Ellos hacen su vida normal; a nosotros nos la han roto"

Beatriz Félix y Francisco Morilla son dos vecinos afectados por el PIA de San Mauro y los últimos en comprar vivienda en la zona, en la calle Campo Santo. Llevan año y medio viviendo en este lugar. Ella, pontevedresa, regresó tras años trabajando en Barcelona; él dejó esa ciudad para iniciar una nueva etapa. "Tengo toda mi familia aquí y quería volver", explica Beatriz. Durante dos años buscaron una casa cerca del instituto de las niñas, del centro médico y del trabajo. "Al final encontramos la casa de nuestros sueños", resume.

La vivienda, de unos 300 metros cuadrados, con patio y garaje, reunía lo que querían: espacio, ubicación y vida de barrio. Antes de comprarla, aseguran que acudieron al Concello de Pontevedra para preguntar por la situación urbanística. "Nos dijeron que había un proyecto parado desde 1989", recuerda. Asimismo, la anterior propietaria les entregó documentación sobre la cesión de terreno para la acera. "Nos pareció que estaba todo en orden", señalan.

Dos meses después supieron que la casa quedaba dentro del nuevo ámbito del PIA. Empezó la incertidumbre. "Íbamos al Ayuntamiento y nos decían que ellos no eran, que fuéramos a Vivenda e Solo; allí nos mandaban a Santiago", relatan. Mientras buscaban respuestas, el plan avanzaba. "Había días que te acostabas pensando: no puede ser. No, no va a ser. Es imposible. No, esto a a día de hoy no lo van a hacer. Así no se actúa. Es que es increíble" , narra sobre meses de sufrimiento esta pontevedresa.

La pareja insiste en que no rechaza que Pontevedra crezca ni que se construya vivienda pública. "Habla con la gente a la que perjudica y llega a un acuerdo", reclama. Cuestiona que una decisión administrativa haya roto su normalidad. "Ellos se van a su casa y hacen su vida normal; a nosotros nos la han roto", lamenta Beatriz Félix.

Rechaza aparecer como contraria al interés público. "Mi casa no está en venta. No quiero negociar ni especular", subraya. "Hay otras cosas que no son el dinero: son los sueños". Y concluye: "No quiero una casa nueva. Quiero mi casa".

"Desde que me enteré no duermo; es toda una vida"

María del Carmen Couso y José Manuel Muiños llevan medio siglo en su casa, en la Avenida do Marco. "En agosto hace 50 años que me casé y vine para aquí. El terreno era de la familia de mi marido", recuerda ella. Ahora, el PIA que prevé 2.010 viviendas en la zona amenaza con obligarlos a marcharse de una vivienda de unos 270 metros cuadrados construidos, levantada sobre una finca de 2.700.

No sería la primera expropiación. La carretera ya les llevó una parte del terreno. "De aquella aún nos pagaron a 150 euros el metro cuadrado", explica José Manuel. Esta vez, dicen, el miedo es mayor. "Desde que me enteré no duermo; despierto de noche y no hay forma de quedarme dormida", confiesa María del Carmen. "Es una vida que te la rompen".

En la finca tienen viñedo, árboles plantados hace cinco décadas, hórreo, gallinas, pollos y conejos. También una churrasquera donde se sientan a comer. "Es el fruto de toda la vida", resume ella. "Esos árboles tienen tantos años como yo llevo aquí. Fueron los primeros que planté". Para María del Carmen, no todo puede compensarse con otra casa. "Hay cosas que ya no las recuperas: la viña no la recuperas".

Según relatan, la alternativa que les plantean es una vivienda unifamiliar en una parcela de entre 200 y 300 metros cuadrados, con unos 120 metros útiles, frente a los miles que tienen ahora. "Es una décima parte", comparan.

Además, critican la falta de concreción. "Aquí no se sabe nada. No te dicen: te vamos a dar tanto".

A sus 70 años, temen perder también su forma de vida. "Yo voy andando todas las tardes a Pontevedra, doy una vuelta, tomo algo y vuelvo. ¿Después qué hago?", se preguntan. Han presentado alegaciones y buscan visibilizar su situación.

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