El Ministerio para la Transición Ecológica frena la pirotecnia de Portas al exigir más garantías ambientales

El proyecto para instalar un taller de pirotecnia en Lantaño, en Portas, deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Así lo ha acordado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que considera que, con la documentación disponible, no pueden descartarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y la población.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, supone un freno a la tramitación del proyecto promovido por Pirotecnia do Salnés S.L., que hasta ahora se estaba analizando por la vía simplificada. El cambio obliga a abrir un procedimiento más largo y exhaustivo, en el que deberán estudiarse con mayor detalle los posibles impactos de la actividad y las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos.

El expediente se refiere a la construcción de un taller destinado a la preparación y montaje de espectáculos con artificios pirotécnicos. Según recoge la resolución, la instalación ocuparía tres parcelas contiguas, con una superficie total aproximada de 5.219 metros cuadrados, e incluiría varias dependencias para oficinas, aseos, vestuarios, almacén de inertes, trabajos de preparación y montaje, alarmas y almacenamiento de productos terminados.

El Ministerio adopta esta decisión después de analizar los informes emitidos durante la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. En ese proceso se pusieron sobre la mesa cuestiones relacionadas con la posible afección a las aguas, la gestión de residuos, la biodiversidad, el paisaje, la salud pública y los riesgos asociados a una actividad de estas características.

Uno de los puntos más sensibles es la posible afección al agua. La resolución señala que en el ámbito del proyecto existen zonas protegidas vinculadas a la captación de agua y al abastecimiento humano, así como varias captaciones registradas. También se recoge la preocupación por la proximidad de instalaciones municipales de depósito, tratamiento y abastecimiento, y por la posibilidad de que determinados materiales pudieran percolar en el terreno y afectar a acuíferos subterráneos.

El documento también advierte de carencias en la información sobre residuos y protección del suelo. El Ministerio pidió al promotor que definiese el lugar previsto para el acopio de materiales y residuos durante las obras, así como las medidas de impermeabilización del terreno. También se reclamó una mayor concreción sobre la gestión de los residuos, incluidos los peligrosos, en caso de generarse. Según consta en la resolución, no se recibió respuesta a estos requerimientos.

En materia de biodiversidad, la Dirección General de Patrimonio Natural de la Xunta indicó la necesidad de comprobar antes del inicio de los trabajos la ausencia de especies protegidas en la zona. La resolución recuerda que el área de estudio se encuentra dentro del plan de recuperación del escribano palustre en Galicia, en una zona considerada potencial para esta subespecie catalogada en peligro de extinción. También se plantearon condiciones sobre los desbroces, la restauración del entorno y el control de especies invasoras.

Otro de los aspectos relevantes es el riesgo de incendios forestales. La Comunidad de Montes Veciñal en Man Común de Lantaño, propietaria del monte colindante, presentó alegaciones contra el proyecto y advirtió de la posible inviabilidad de la instalación al no poder garantizar una franja perimetral de protección de 30 metros dentro de la propia propiedad, tal y como exige la normativa aplicable en zonas de interfaz urbano-forestal.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental concluye que hay impactos potenciales que no han sido considerados y otros que no han sido analizados con el detalle necesario. Por ello, entiende que no es posible asegurar que las medidas propuestas sean suficientes y eficaces, ni descartar efectos significativos sobre el entorno y la población.

La decisión no supone la denegación definitiva del proyecto, pero sí obliga a someterlo a una evaluación ambiental ordinaria, un procedimiento más exigente que requerirá nueva documentación, un análisis más completo y mayores garantías antes de que pueda seguir avanzando.

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