Mar defiende que el dragado del Lérez sigue adelante pese a nuevos estudios que retrasarán el proyecto hasta tres meses

La Consellería do Mar mantiene su compromiso de ejecutar en 2027 el dragado del canal de navegación del Lérez, aunque admite que la tramitación ambiental del proyecto sufrirá un retraso de entre dos y tres meses por la necesidad de incorporar nuevos estudios solicitados durante la fase de informes y alegaciones.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, hizo este viernes balance del estado del expediente, una actuación que la Xunta considera “imprescindible” para responder a una “demanda histórica” del sector marinero y portuario de Pontevedra. Según explicó, el procedimiento recibió finalmente 43 alegaciones, de las que siete tienen contenido propio y 36 son copias de un mismo escrito presentado con distintos firmantes.

El proyecto, impulsado por Portos de Galicia, salió a exposición pública el pasado 2 de febrero en el Diario Oficial de Galicia junto con su estudio de impacto ambiental. Cuatro días después se abrió una segunda fase de consultas a otras administraciones, cofradías y entidades sectoriales. En total, Portos solicitó 30 informes y, cerrado el plazo, recibió 18 en tiempo y forma.

De las ocho consultas dirigidas a organismos de la Xunta, todas tuvieron sentido favorable, según la Consellería. En el caso del Estado, se recibieron dos de los tres informes solicitados y queda pendiente, ya fuera de plazo, el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La documentación estatal, sin embargo, introduce nuevas exigencias técnicas. Entre ellas figuran una caracterización completa de los áridos, estudios para determinar la posible presencia de especies exóticas invasoras, análisis sobre la afección de la turbidez y una evaluación concreta del posible impacto en la playa de Lourido.

La conselleira interpretó estas peticiones como un “nuevo intento de dificultar, elevar costes y retrasar los tiempos” del dragado, aunque aseguró que la Xunta actuará con “máximo rigor” para garantizar la seguridad ambiental del proyecto. “Decidimos no perder ni un solo minuto”, afirmó, tras confirmar que la Administración autonómica ya ha contratado una nueva caracterización específica de los áridos y está estudiando el resto de trabajos reclamados.

Estos estudios complementarios condicionarán el calendario. La Xunta calcula que podrán estar listos en un plazo aproximado de tres meses, aunque su ejecución dependerá también de las condiciones meteorológicas y marítimas. En el caso de las especies invasoras, será necesaria una grabación subacuática con visibilidad suficiente a lo largo de unos 15 kilómetros. Para la toma de muestras de áridos también intervendrán buzos, por lo que la Consellería subraya que la seguridad de los trabajadores será otro factor determinante.

Una vez completados los informes, la Xunta remitirá la documentación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dispondrá de un nuevo plazo de 30 días hábiles para emitir su informe preceptivo. Después, Portos de Galicia enviará el expediente a la Consellería de Medio Ambiente, que deberá formular la declaración de impacto ambiental. Ese trámite cerraría la fase ambiental y permitiría iniciar los pasos previos a la contratación de las obras.

La actuación tiene un presupuesto de 11,9 millones de euros, aunque esa cifra corresponde a la obra y no incluye los costes de los trámites y estudios previos que se están contratando ahora. La Xunta todavía no ha cuantificado el importe total de estos nuevos trabajos.

Villaverde defendió que los datos disponibles hasta ahora avalan la viabilidad ambiental del dragado. Recordó que en la última década se han realizado cuatro caracterizaciones de los materiales y que todas concluyeron que las muestras eran inocuas. “Esperamos que, después de lo visto durante una década, la caracterización sea clara”, apuntó.

Entre las alegaciones presentadas figuran las de colectivos ecologistas, asociaciones ciudadanas, entidades vinculadas al sector marítimo-pesquero y particulares. Algunas reclaman la anulación de la obra al considerar que la inversión no compensa los objetivos previstos. Otras piden un tratamiento diferenciado de los áridos en tierra, aunque el proyecto contempla su retorno al mar una vez tratados y siempre que su estado sea aceptable.

La Consellería rechaza paralizar el expediente y contrapone esas críticas al compromiso adquirido por la Xunta con los mariscadores, con Pontevedra y con el Parlamento gallego. Según Mar, las alegaciones e informes servirán para “enriquecer” el texto definitivo y hacer el proyecto “más sólido”.

El Concello de Pontevedra fue el único de los tres municipios consultados —Pontevedra, Poio y Marín— que respondió. Su informe, de carácter técnico, plantea varias condiciones que la Xunta considera asumibles. Entre ellas, garantizar la protección del emisario submarino de Poio, coordinar los trabajos con el calendario de eventos deportivos en el Lérez y prever paralizaciones puntuales de la obra durante esas pruebas. Villaverde aseguró que estas aportaciones “se pueden integrar perfectamente” en el proyecto definitivo y también señaló que los estudios complementarios no tienen por qué afectar a la actividad del sector marítimo-pesquero.

Uno de los puntos más controvertidos continúa siendo el destino de los sedimentos. El material dragado será trasladado a un punto de vertido fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica a partir de las recomendaciones del Cedex. La Xunta insiste en que la elección no es competencia autonómica y que debe “aceptar y respetar” la decisión estatal. Ante las críticas de colectivos de la ría de Arousa, Mar defiende que las simulaciones técnicas realizadas sobre corrientes y sedimentación descartan afecciones a esa zona. La Consellería asegura que se reunió con representantes del sector para trasladarles los datos del proyecto y que los informes disponibles respaldan que la ría de Arousa no se verá afectada por el depósito de materiales.

Pese a los nuevos plazos, la Xunta mantiene la previsión de ejecutar las obras en 2027. La conselleira insistió en que el objetivo es compatibilizar una actuación que considera “imprescindible” para el sector con la protección ambiental de la ría y con las garantías exigidas por el procedimiento.

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