«Regularizar a quienes ya están aquí es una deuda con la sociedad»

César Augusto Alarcón, abogado del despacho Dura Lex de Pontevedra y especializado en extranjería, conoce el fenómeno migratorio también en primera persona. Venezolano, lleva cinco años viviendo en la ciudad y compagina su trabajo jurídico con la vicepresidencia de Asovedra (Asociación de Venezolanos de Pontevedra), una entidad que acaba de ser autorizada como asociación colaboradora en materia de extranjería. Desde su despacho, donde ya tramita cerca de 375 expedientes, defiende que la regularización extraordinaria abre una «oportunidad de oro» para miles de personas que ya viven y trabajan en España en condiciones de vulnerabilidad.

—¿Qué papel desempeña Asovedra en este proceso?

A raíz de un real decreto publicado en marzo, el Ministerio puede apoyarse en asociaciones que acrediten una trayectoria de trabajo con población migrante para autorizarlas como colaboradoras. En la provincia de Pontevedra ahora mismo solo hay dos, y ambas están en la capital. Una ya llevaba tiempo, que es Boa Vida, y ahora se suma Asovedra. Eso nos permite participar de forma más activa en este proceso y, entre otras cosas, emitir informes de vulnerabilidad. Antes esa función estaba reservada a servicios sociales o a las administraciones con competencia en la materia. Ahora asociaciones como la nuestra también pueden ayudar, y eso facilita mucho el acceso a personas que no tienen recursos o que están en situaciones delicadas.

—¿A qué perfiles puede beneficiar esta regularización?

Fundamentalmente a dos grandes grupos. Por un lado, a solicitantes de protección internacional que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y que mantienen viva su solicitud o un recurso. Por otro, a personas en situación irregular que no pidieron asilo, pero que también estaban ya en el país antes de esa fecha y pueden acreditar al menos cinco meses de permanencia. A partir de ahí, deben cumplir alguno de los supuestos previstos: tener vínculos familiares, presentar una propuesta laboral, un proyecto para trabajar como autónomos o un informe de vulnerabilidad.

—¿Qué requisitos generales deben cumplir?

Hay condiciones básicas para todos. La principal es demostrar que ya estaban en España y que llevan al menos cinco meses en territorio español en el momento de presentar la solicitud. También deben aportar antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizados y apostillados. Además, la Administración revisa la conducta de la persona en España. Los antecedentes penales son determinantes, mientras que los policiales deben valorarse caso por caso.

—¿Qué problemas se están encontrando en la práctica?

Hay situaciones especialmente complejas. Una de ellas es la de menores que están en España con un solo progenitor y tienen dificultades documentales, algo que se da mucho en la migración venezolana. También estamos viendo problemas con personas de países africanos o asiáticos a las que les resulta muy difícil conseguir antecedentes penales actualizados, porque en muchos casos esos trámites no se pueden hacer por vía telemática o dependen de sistemas administrativos muy lentos.

"De las personas que estamos atendiendo, un 90% está deseando empezar a producir, cotizar y contribuir al crecimiento económico de la zona"

—¿Se está moviendo ya mucho volumen de expedientes?

Sí. En nuestro despacho, pese a ser pequeño, estamos tramitando cerca de 375 expedientes y siguen llegando más consultas. Hay mucha expectación porque hablamos de personas que llevan tiempo esperando una oportunidad para regularizar su situación.

—¿Está siendo ágil la respuesta de Extranjería?

Más rápido de lo que esperábamos. Hemos presentado expedientes desde el primer día y ya estamos recibiendo correos de Extranjería en los que se asigna número de expediente. Eso significa que en los próximos días pueden llegar las admisiones a trámite, y esa admisión suele llevar aparejado un permiso provisional de trabajo mientras se resuelve definitivamente. Eso es muy importante, porque la mayoría de la gente lo que quiere es trabajar. Yo diría que, de las personas que estamos atendiendo, un 90% está deseando empezar a producir, cotizar y contribuir al crecimiento económico de la zona.

—¿Qué realidad social hay detrás de estos trámites?

Hay de todo, pero sobre todo muchas historias de precariedad y miedo. Todavía vemos personas que llevan años viviendo aquí sin regularizar su situación por desconocimiento o porque alguien les hizo creer que acudir a pedir ayuda podía suponer una deportación inmediata. Esa desinformación las empuja a aceptar abusos laborales y condiciones indignas.

—¿Hay un perfil concreto de solicitante? Sexo, edad...

No. Hay de todo: hombres, mujeres, jóvenes, personas con más edad, familias, personas solas. La casuística es amplísima.

—¿Por qué considera importante esta regularización?

Porque da respuesta a una realidad que ya existe. Son personas que ya están aquí, que conviven con nosotros y que en muchos casos ya están trabajando, aunque sea en condiciones muy precarias. Regularizarlas no solo tiene una dimensión humanitaria, también permite combatir abusos y favorecer que puedan incorporarse plenamente al mercado laboral y contribuir en condiciones dignas.

—¿Qué mensaje lanza a quienes aún no han dado el paso?

Que no tengan miedo y que busquen asesoramiento. Y también que entiendan que esta no es la única vía: si una persona no encaja en esta regularización, puede haber otros mecanismos dentro del reglamento de extranjería para intentar regularizar su situación.

—Hay partidos políticos que vinculan esta medida con el llamado «efecto llamada». ¿Qué opina?

Desde un punto de vista técnico, no se puede vincular. La norma está pensada para personas que ya están en España, que ya viven aquí y forman parte de nuestra realidad social. No estamos hablando de gente que vaya a venir por esto, sino de personas que ya están trabajando, muchas veces en la economía sumergida y en condiciones de gran vulnerabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo