Inquietud por la crisis de la adjudicataria Oresa, que deja en el aire varias obras públicas

La paralización o el grave retraso de varias obras públicas ha encendido la preocupación en varios concellos no sólo de la provincia, sino también de varios puntos de Galicia, entre ellos los de Pontevedra y Marín, que ven cómo proyectos importantes para la mejora urbana y la movilidad han quedado atascados o pendientes de una salida administrativa. Detrás de este escenario está la crisis de la adjudicataria, Oresa Construcción y Servicios Globales, S.L., cuya situación económica ha dejado en el aire obras ya iniciadas o comprometidas y obliga ahora a las administraciones locales a decidir cómo reconducirlas, planteándose incluso la rescisión de los contratos que los vinculan.

En la capital, el caso más visible es el de Doce de Novembro, la transformación de la antigua pasarela del tren en un parque urbano adjudicada por 643.287,49 euros. La retirada de las casetas de trabajo y la falta de actividad encendieron las alarmas en el Concello, que pidió explicaciones a la empresa y mantiene «abiertas todas las vías» para decidir si todavía existe margen para reactivar la obra o si conviene volver a licitarla. El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, admitió el martes además que el gobierno local no había recibido ninguna explicación: «No tenemos constancia de nada. Haremos lo que más convenga al Concello», señaló, y lamentó que la obra «parece que está gafada».

Y es que la parcela fue cedida por Adif al Concello en marzo de 2016, pero casi diez años después la actuación sigue sin culminarse. En todo ese tiempo, el proyecto ha ido encadenando retrasos, desde una larga tramitación administrativa hasta la necesidad de un nuevo permiso de Adif que todavía demoró el inicio de las obras después de su adjudicación. Esa sucesión de obstáculos ayuda a explicar por qué se ha instalado la sensación de que Doce de Novembro es una obra marcada por los contratiempos.

La inquietud no es menor, porque Doce de Novembro no era una actuación secundaria, sino una de las intervenciones urbanísticas llamadas a transformar un punto degradado de la ciudad y mejorar la conexión peatonal con la zona judicial. Si el proyecto termina definitivamente bloqueado, el Concello tendrá que rehacer no solo el procedimiento administrativo, sino también el encaje económico de una obra financiada con apoyo provincial y anunciada como una de las actuaciones destacadas de ese entorno.

En Marín, la preocupación es todavía más amplia. El Concello expresó de forma oficial su inquietud por los problemas de ejecución en la Rúa do Forte y el Vial de Praias, una actuación del Plan de Sostenibilidade Turística presupuestada en 564.113,26 euros. Según la propia comunicación municipal, a los errores detectados se suman retrasos que dificultan mucho que la obra avance dentro del cronograma previsto, hasta el punto de que el gobierno local reconoce ya que está estudiando «las posibilidades administrativas existentes» para decidir cómo proceder.

Pero ese no es el único frente abierto en la villa. Marín prevé rescindir el contrato de la senda peatonal y ciclista entre la Escuela Naval y las playas de Portocelo y Mogor, adjudicado por 593.364,23 euros, después de que la actuación quedase a medio hacer. A eso se suma otro contrato municipal ya afectado, el de mantenimiento de caminos rurales, y los problemas detectados en la obra de la PO-546 entre Concepción Arenal y A Ponte, dependiente de la Xunta, donde siguen pendientes correcciones.

La alcaldesa marinense, María Ramallo, explicó que el Concello tenía «dos obras contratadas» directamente con la citada empresa y que en una de ellas «ya iniciamos la resolución del contrato», al tratarse de demoras «imputables al propio contratista».

El resultado es que la inquietud ya no gira en torno a una sola actuación, sino a un conjunto de proyectos que afectan a la movilidad, al espacio público y a la gestión diaria de ambos concellos. Y, aunque el foco principal esté en Pontevedra y Marín, los casos se extienden por toda la geografía gallega, como en Moaña, donde tendrá que relicitarse el asfaltado de 12 caminos rurales, y en Palmeira (en Ribeira), donde la Xunta ha buscado una salida para otra obra paralizada.

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