Dragado del Lérez
Pontevedra exige más garantías y pone el foco en el emisario de Poio
El informe municipal pide proteger la tubería de saneamiento que cruza el río, fijar límites automáticos de turbidez y coordinar las obras con el calendario deportivo

Vista del Club Naval de Pontevedra, una de las zonas afectadas por los lodos. | GUSTAVO SANTOS
El dragado del Lérez afronta una nueva fase con la entrada en escena del informe técnico del Concello de Pontevedra, incorporado al procedimiento de información pública del estudio de impacto ambiental promovido por Portos de Galicia. El documento no rechaza la obra, pero sí plantea una batería de condiciones para reforzar su seguridad, reducir su impacto y ordenar mejor su ejecución en un espacio especialmente sensible por su uso portuario, deportivo y ambiental.
La actuación proyectada busca recuperar calado en el canal de acceso al puerto de Pontevedra y en dos enclaves interiores, la dársena de Corbaceiras y el Club Naval. El informe municipal resume que el proyecto prevé alcanzar 3 metros de profundidad en el canal de navegación, con puntos concretos de hasta 7 metros en las fosas sedimentarias, además de 1 metro en Corbaceiras y 2,5 metros en el Club Naval. En el documento se delimita además el ámbito de las obras y la localización de la zona de vertido en alta mar.
La principal advertencia del Concello se centra en una infraestructura crítica: el emisario de saneamiento de Poio. El informe subraya que esa tubería de impulsión de 400 milímetros cruza el canal de navegación del Lérez y que, dadas las profundidades previstas en el dragado, resulta imprescindible localizarla con precisión y estudiar de forma específica las posibles afecciones. A partir de ahí, reclama medidas preventivas, protectoras y correctoras para evitar daños durante los trabajos.
El segundo gran eje del documento es el control de la turbidez. El Concello pide que el proyecto no se limite a una vigilancia genérica del impacto ambiental, sino que incorpore umbrales máximos de viento, oleaje y caudal del río que obliguen a parar la obra cuando se den condiciones adversas. La intención es impedir incrementos no deseados de turbidez y hacer que la toma de decisiones sea técnica, rápida y transparente para todas las administraciones y agentes implicados.
El informe también introduce un elemento poco habitual en este tipo de expedientes, pero muy relevante para la ciudad, la actividad deportiva en el Lérez. El Concello recuerda que el río acoge pruebas y eventos con fechas programadas y de difícil aplazamiento, por lo que reclama una coordinación total entre la ejecución de la obra y el calendario deportivo municipal. Incluso recomienda la paralización temporal de los trabajos durante esas citas, como medida de seguridad para participantes y usuarios.
Junto a esas exigencias, el Concello propone aprovechar la actuación para mejorar la señalización marítima e instalar balizamiento luminoso en todo el ámbito de actuación, desde el canal de navegación hasta Corbaceiras y el Club Naval. El sentido del informe es claro: la administración local no plantea una enmienda a la totalidad al dragado, pero sí exige que la obra llegue acompañada de más protección para las infraestructuras existentes y dé mejores condiciones de operatividad futura.
El pronunciamiento municipal llega, además, en un contexto de creciente contestación social y sectorial. El expediente se encuentra en exposición pública y ha recibido 39 alegaciones, lo que confirma la dimensión del debate abierto en torno a la actuación. El dragado ha despertado reparos entre cofradías, colectivos sociales y organizaciones ambientales antes incluso de su aprobación definitiva.
Así, el informe del Concello refuerza la idea de que la discusión sobre el dragado del Lérez ya no se mueve solo en el terreno de su necesidad, sino en el de sus condiciones. La mejora del calado para la actividad portuaria convive con exigencias de protección del emisario de Poio, controles estrictos sobre la turbidez, respeto al calendario deportivo y refuerzo de la seguridad marítima. En ese equilibrio entre operatividad y cautela ambiental se juega ahora buena parte del futuro de un proyecto que sigue sumando observaciones, alegaciones y vigilancia pública.
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