Pontevedra solicita 5,8 millones para el Plan Concertado de Benestar y advierte del coste creciente de la dependencia

La Xunta de Goberno de Pontevedra aprobó este miércoles la solicitud a la Xunta de Galicia del Plan Concertado de Benestar Social, un programa con el que se financian distintos servicios sociales comunitarios en el municipio. La cantidad total solicitada asciende a 5.817.635,18 euros, de los que el Concello aportará 2.490.870,24 euros con fondos propios.

La concejala de Benestar Social, Anabel Gulías, explicó que este plan sostiene programas como el de educación familiar, el mantenimiento de escuelas infantiles y, sobre todo, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tanto en su modalidad básica para situaciones urgentes como en la vinculada a la atención a la dependencia.

La responsable municipal centró buena parte de su comparecencia en el peso económico que asumen los ayuntamientos en este servicio. Según indicó, el actual modelo de financiación obliga a las administraciones locales a cubrir una parte relevante del coste de la atención a la dependencia, una carga que el gobierno local considera insuficientemente compensada.

Gulías recordó que la aportación autonómica al servicio de ayuda en el hogar ha pasado de 12 a 16 euros por hora, pero señaló que el coste real de las nuevas licitaciones se sitúa en torno a 24 euros por hora. Esa diferencia, añadió, obliga al Concello a asumir el importe restante.

Con un contrato municipal que ronda las 200.000 horas de servicio, el Ayuntamiento calcula que la próxima licitación, prevista para 2027, podría suponer un sobrecoste de 1,6 millones de euros para las arcas municipales. El gobierno local sostiene que ese incremento limitaría la disponibilidad de recursos para otras áreas de competencia propia.

El desfase, según los datos facilitados por el Concello, también se aprecia en el capítulo de personal vinculado a este plan. El Ayuntamiento cifra en 879.000 euros su aportación para este apartado, frente a los 166.000 euros que atribuye a la Xunta. A ello suma la carga administrativa que, según explicó Gulías, recae sobre los servicios sociales municipales por la gestión de estas ayudas.

La concejala advirtió de que esta situación tiene una incidencia especial en municipios con una población más envejecida, donde la demanda de atención vinculada a la dependencia es mayor. En ese contexto, defendió la necesidad de revisar el sistema de financiación para evitar que el aumento del gasto recaiga de forma creciente sobre los concellos.

Además del Plan Concertado, la Xunta de Goberno aprobó la prórroga del Plan de Educación Familiar, que cuenta con una financiación íntegramente municipal de 105.000 euros anuales.

En la misma comparecencia, Gulías informó también de la publicación en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de los pliegos y autorizaciones para optar a la gestión de alguno de los diez puestos del gastroespacio del Mercado de Abastos que el Concello quiere poner a disposición de nuevos proyectos gastronómicos.