Afectados por el proyecto del futuro barrio de San Mauro se movilizan ante las expropiaciones

El futuro barrio que proyecta la Xunta entre San Mauro y O Marco para más de 2.000 viviendas obligará a expropiar alrededor de 150 fincas y bienes, trece de ellos casas. Y esta ocupación, con el derribo de los inmuebles, ya ha comenzado a inquietar a los actuales propietarios. Después de que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciara la celebración de reuniones con los afectados para ofrecerles realojos o indemnizaciones, algunos de estos dueños ya han mostrado su malestar tanto con el proceso como con los «ajustados plazos» otorgados para alegar.

Ya han anunciado la presentación inmediata de alegaciones y algunos anuncian su intención de acudir a la Valedora do Pobo o incluso a los tribunales. Según sus quejas, la convocatoria de las reuniones que anunció la conselleira «solo llegó a unos pocos y por el boca a boca» y ahora «apenas nos otorgan plazo para alegar». Incluso dicen que «hay gente que ni se enteró de que la van a expropiar» y señalan que solo se negocia con las casas, pero no con las fincas sin edificar.

Ya se prepara una plataforma de afectados por un proyecto que ya está expuesto al público desde el viernes y que ocupará 214.431 metros cuadrados de suelo residencial para viviendas protegidas así como una nueva red viaria y espacios libres.

Se acompaña de una relación de las 149 fincas que será necesario adquirir y ocupar como primer paso para poner en marcha el proyecto. La mayor parte son de titularidad particular, pero también aparecen seis parcelas a nombre del Concello que suman 1.740 m2, y otras dos de la Xunta con 465 m2 afectados. En todo caso es la Inmobiliaria Ponteno la titular de la finca de mayor tamaño, de casi 35.400 m2, y Frigoríficos Moldes aparece con dos terrenos que suman unos 2.900 metros más. Fidauto y Axis Promoges también figuran en el listado con tres parcelas que alcanzan los 11.600 m2.

La previsión oficial es que, una vez superada la fase de exposición pública y analizados los informes sectoriales, este Proyecto de Interés Autonómico quede aprobado definitivamente este año y la urbanización pueda salir a licitación en 2027, con el horizonte de iniciar las obras en 2028.

La documentación expuesta al público detalla que se trata de «desarrollar una actuación urbanística con destino mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública sobre una superficie de 21,3 hectáreas en la que, alrededor de un uso mayoritario residencial, se pretende integrar un conjunto de espacios libres, infraestructuras y otros usos (dotacionales, terciarios...) orientados a complementar la extensión de la trama urbana en una zona periférica de la ciudad con unas condiciones de resiliencia, máxima integración de la ordenación con el entorno y la mínima afición a memoria histórica y territorial relevante».

Se establecen tres tipologías básicas de uso/edificación: «Vivienda colectiva en bloque abierto (con dos variantes: vivienda protegida como uso mayoritario y vivienda libre como uso minoritario); Vivienda unifamiliar (vivienda libre), en tipologías que podrán ser pareadas o en hilera; y Uso comercial/terciario».

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