La Fiscalía de Pontevedra derivará a la Xunta el caso de una pelea en la calle de dos niñas si todos los implicados son menores de 14 años

La Fiscalía Provincial de Pontevedra mantiene abiertas diligencias de investigación preliminares para aclarar lo sucedido al respecto de una pelea entre dos niñas, con la presencia de otros menores en plena calle de Pontevedra, en la plaza de Barcelos, el pasado 6 de marzo. En u comunicado el Ministerio Fiscal indica que se investigan los hechos por dos presuntos delitos: de lesiones y contra el honor y la intimidad, debido a la difusión pública de las imágenes en redes sociales.

El asunto lo llevan la Fiscalía de Menores de la Fiscalía Provincial de Pontevedra y Policía Nacional y según los primeros indicios, la mayor parte de los implicados son menores de 14 años. De confirmarse que todos están por debajo de esa edad, el caso sería archivado y remitido a la Xunta, según explica la Fiscalía Superior de Galicia.

Aclara al respecto que "los menores de 14 años son inimputables desde el punto de vista penal. La ley establece los 14 años como el límite mínimo para adquirir la madurez necesaria para ser responsable ante el Código Penal. El sistema jurídico considera que no tienen la madurez psicológica, ni emocional, suficiente para comprender plenamente la ilicitud de sus actos ni las consecuencias legales de los mismos. Por debajo de esta edad, se asume un 'déficit de culpabilidad' que impide aplicarles sanciones penales, priorizando su formación y protección sobre el castigo. Se busca que un error a una edad temprana no condicione permanentemente su futuro con antecedentes penales, los cuales no existen para este tramo de edad".

Añade que "la Fiscalía investiga los hechos, tras ser notificados por la policía, y, en caso de que sean menores de 14 años, tiene la obligación de archivar el expediente de reforma (penal) y remitir la información a las entidades de protección de menores de la Comunidad Autónoma, en este caso la Xunta".

Pero insiste en que "los hechos no quedan sin respuesta. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor contempla la intervención de la Fiscalía de Menores" y añade que "el fiscal no se limita a cerrar el caso. Su función principal es actuar como puente hacia el sistema de protección y activarlo. La administración autonómica es la competente desde este momento del asunto que, tras analizar el entorno familiar y social del menor, puede aplicar medidas de protección, programas de intervención socioeducativa o terapéutica, seguimiento familiar por parte de trabajadores sociales y en casos extremos de desamparo, la retirada de la tutela a los padres o el ingreso en centros de acogida, de carácter asistencial, no punitivo".

En cuanto a la responsabilidad civil, en caso de que exista, son los padres o tutores legales del menor los que la asumen. Según el Código Civil, los responsables del menor deben indemnizar económicamente a las víctimas por los daños y perjuicios causados, concluye la Fiscalía.