El Gobierno explica en el Congreso que dragar el río aún necesita más permisos

El proyecto de dragado del río Lérez, que Portos de Galicia quiere iniciar en 2027, aún tiene un largo recorrido administrativo por delante antes de que comiencen las obras. En primer lugar, el plan aún se encuentra en fase de exposición al público y colectivos de Arousa ya han presentado alegaciones contra el uso del entorno de la Illa de Sálvora para el depósito de los áridos retirados de la ría de Pontevedra, como pretende la Xunta y ya autorizó el Ministerio para la Transición Ecológica en agosto pasado.

Pero al margen de esas alegaciones, Portos todavía deberá obtener dos permisos específicos del ministerio. Así se detalla en una respuesta del Gobierno central en el Congreso a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, contrario al vertido en el mar y que pide el tratamiento de los áridos en tierra.

En esa respuesta se indica que «los proyectos individuales de vertido de material dragado estarán sometidos a los procedimientos ambientales que les sean de aplicación, en función de las características del material, su emplazamiento, dimensión y efectos potenciales». En cuanto al vertido en el mar se añade que «los proyectos de dragado y reubicación del material dragado que pretendan verter en los puntos estudiados serán informados individualmente de acuerdo con las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo terrestre. Estas Directrices contemplan, entre otros, los requisitos de caracterización y clasificación del material, así como las opciones de gestión del material adecuadas a la clasificación realizada».

Se confirma así lo adelantado en febrero pasado por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, cuando Portos expuso al público el proyecto de 11,9 millones de euros, con diez meses de plazo de ejecución y que prevé retirar más de 500.000 metros cúbicos de áridos del fondo de la desembocadura del Lérez. Portos de Galicia, impulsor de una obra que comenzó a tramitar en 2010, pretende depositar todo ese material de nuevo en el mar, en la zona de vertido próxima a Sálvora que autorizó el año pasado el Gobierno central tras cuatro años de veto.

Losada decía entonces que «será durante el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria (es decir el más largo y exigente previsto en la normativa) cuando se despeje» el punto de vertido.

El proyecto de Portos señala que «la totalidad del material de dragado corresponde a la Categoría A», compatible con su devolución al mar, salvo «en uno de los fosos, que presenta valores de hidrocarburos totales del petróleo superiores al umbral». En todo caso, se descarta el uso de todo o parte del material en regenerar playas o bancos y se añade que «las magnitudes del proyecto hacen inviable su tratamiento en tierra, tanto desde el punto de vista logístico como económicamente, estando comprometida igualmente la capacidad de los gestores de la zona para asumir tal volumen de material».

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