Pontón exige un escudo social que palíe los efectos de la escalada bélica

El BNG aprovechó este lunes una comparecencia en Pontevedra para reivindicar su papel institucional en Madrid y lanzar una ofensiva política con la campaña «Co BNG Galiza gaña», con la que pretende subrayar la importancia de contar con una representación «con las manos libres» para defender los intereses gallegos. En el acto participaron el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón; el diputado en el Congreso, Néstor Rego; y la senadora Carme da Silva.

Fernández Lores, que abrió la rueda de prensa como anfitrión, aseguró que cuando Galicia cuenta con representantes del BNG en el Congreso y en el Senado «Galicia gana», y sostuvo que son «los únicos diputados y senadores que resuelven problemas y defienden siempre los intereses del país», tanto en el ámbito local como en el general.

Pontón tomó a continuación la palabra para enmarcar el sentido político de la campaña. La líder nacionalista defendió que el BNG es «la fuerza que pone a Galicia en la agenda del Estado» y la que garantiza que el país «no solo tenga voz, sino también voto» en un contexto parlamentario en el que cada escaño puede resultar decisivo. A su juicio, la principal diferencia entre el Bloque y las formaciones estatales es que sus representantes actúan sin someterse a las directrices de Madrid y pueden negociar exclusivamente en función de los intereses gallegos.

En esa línea, Pontón contrapuso la actuación del BNG con la del PSOE y el PP, a los que acusó de alternarse en la «discriminación» a Galicia. Como ejemplo citó la AP-9. Recordó que los socialistas defendían la transferencia y la gratuidad de la autopista cuando estaban en la oposición, mientras que ahora consideran inviable su rescate. Sobre el PP, afirmó que su posición actual es una «tomadura de pelo», al recordar que fueron los populares quienes privatizaron la vía y ampliaron su concesión durante 25 años, además de vetar en su etapa en el Gobierno central el debate sobre la transferencia.

La portavoz nacional del BNG reivindicó, además, varios logros que atribuyó a la negociación del Bloque en Madrid: los descuentos en la AP-9 y la AP-53, avances en la regeneración de las rías, la quita de 4.000 millones de euros de deuda pública gallega y el impulso a un futuro tren de proximidad del que también se beneficiaría Pontevedra. «No nos conformamos», advirtió, antes de reclamar una mayor representación institucional para ampliar la capacidad de negociación del partido.

Pontón dedicó también buena parte de su intervención a dos asuntos de actualidad. Por un lado, alertó del impacto económico que la escalada bélica en Oriente Medio puede tener sobre Galicia, especialmente en sectores como la industria, el transporte, la pesca y el agro, por el encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas. Ante ese escenario, reclamó a la Xunta un plan extraordinario de apoyo y un «escudo social gallego» con ayudas directas a los sectores más afectados, un bono de transporte público por 30 euros al mes, la supresión de peajes en las autopistas dependientes de la Administración autonómica, la duplicación del complemento autonómico de las pensiones no contributivas, un fondo extraordinario para los ayuntamientos y líneas de crédito para pymes.

Por otro lado, se refirió al debate sobre el Pazo de Meirás. Pontón celebró la existencia de una sentencia firme que reconoce que el inmueble pertenece al pueblo gallego, pero calificó de «incomprensible» que se plantee una indemnización a la familia Franco. A su entender, debería ser justamente al revés. Además, responsabilizó al PP y al expresidente Alberto Núñez Feijóo de haber contribuido a esa situación por informes elaborados en su etapa de gobierno que, según sostuvo, apuntaban a una supuesta buena fe de los Franco en la ocupación del pazo. El BNG llevará una declaración institucional al Parlamento gallego para exigir que no se pague «absolutamente nada» a la familia del dictador.

El diputado Néstor Rego centró su intervención en la rendición de cuentas de la acción del BNG en el Congreso. Defendió que la formación ha cumplido con el compromiso adquirido en las elecciones: defender a las clases trabajadoras y populares gallegas y actuar como «muro de contención» frente a la derecha y la ultraderecha. Recordó los acuerdos de investidura alcanzados en 2020 y 2023 y admitió que su grado de cumplimiento no es plenamente satisfactorio, aunque aseguró que los avances logrados existen «porque los consiguió el BNG».

Entre esos resultados citó las bonificaciones en las autopistas, la creación de juzgados de violencia de género, la subida de las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC, la ampliación de permisos parentales, el uso del gallego en instituciones como el Congreso, la quita de parte de la deuda gallega y actuaciones en infraestructuras, entre ellas la modernización de la línea ferroviaria entre Lugo y Ourense y el estudio para implantar servicios de cercanías.

Rego insistió en que el BNG no es «socio de ningún Gobierno», sino únicamente de la sociedad gallega. Según explicó, el partido apoya aquellas medidas que considera positivas para Galicia y vota en contra de las que entiende perjudiciales. También defendió que solo el Bloque ha puesto una «agenda gallega» sobre la mesa al inicio de cada legislatura, frente a los diputados gallegos del PP, PSOE y Sumar, a los que reprochó no haber condicionado sus votos a la resolución de los principales problemas del país.

La senadora Carme da Silva cerró la comparecencia con un discurso centrado en los asuntos que afectan a Pontevedra. Reivindicó que el BNG ha llevado a Madrid la demanda histórica de un tren de proximidad para Galicia y, en concreto, para el área Pontevedra-Vigo. Según explicó, esa exigencia figura en el acuerdo de investidura y también se incorporó a la ley de movilidad para obligar a culminar los estudios en los primeros seis meses desde la aprobación de la norma.

Da Silva acusó al PP de intentar eliminar esa referencia a Galicia durante la tramitación de la ley en el Senado, igual que —según denunció— intentó suprimir la obligación de atender en gallego en la futura ley de atención al cliente. También cargó contra los populares por promover enmiendas para eliminar el lenguaje inclusivo, lo que, a su juicio, evidencia una agenda ideológica regresiva.

En el terreno local, la senadora reclamó avances en dos infraestructuras que considera prioritarias para Pontevedra: el nudo de Bombeiros, cuyas obras calificó de injustificadamente paralizadas, y el paseo a Marín, una actuación cuya continuidad volvió a exigir al Gobierno central. Aseguró que ambas figuran en los acuerdos negociados por el BNG y advirtió de que la formación seguirá presionando para evitar que queden nuevamente bloqueadas.

Con esta campaña, el Bloque busca convertir su actual presencia en las Cortes —un diputado y una senadora— en argumento político de cara al futuro. El mensaje lanzado desde Pontevedra fue unívoco: el BNG sostiene que con más fuerza institucional podría ampliar su capacidad de influencia y lograr nuevos compromisos para Galicia.