La comarca de Pontevedra suma 150 denuncias en un año por vertidos ilegales al mar o a ríos

Una media de 12 denuncias al mes. Son los avisos que el pasado año recibió el 112 en la comarca por vertidos ilegales, en su mayor parte al mar o a cursos fluviales, aunque también se registran casos en carreteras y otros bienes, así como playas. En total fueron 142. Aunque existen casos en la mayor parte de los municipios, el grueso de las denuncias se registraron en la capital (57) y en Sanxenxo (37), con alertas por casos en el río de Os Gafos a al Lérez en el casco de la capital, o a arenales, con algunos episodios en la localidad turística de la ría.

En Marín apenas hubo cuatro denuncias de este tipo el pasado año, frente a ocho en Poio y destacan los 13 casos de A Lama, por delante de los siete de Caldas o los ocho de Cuntis. Portas y Vilaboa, con tres avisos en cada caso, y Barro, con dos, completan el listado de 2025 según el balance del 112.

La mayor parte de estos casos son atendidos por Augas de Galicia al afectar al mar o a ríos, además de tener su propio Plan de Control de Vertidos y con el fin de mejorar el estado de los vertidos, junto con inspecciones y campañas.

Como complemento a las actuaciones de prevención, control y corrección de los vertidos que se llevan a cabo a través del Programa de Control de Vertidos, Augas de Galicia realiza también la incoación de expedientes sancionadores en aquellos casos en los que se detectan incumplimientos de la normativa vigente en materia de aguas y no se produce la subsanación voluntaria, o cuando la gravedad de la infracción así lo requiere.

Augas de Galicia subraya que «la actividad sancionadora constituye una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de la legislación, disuadir conductas contaminantes y proteger el Dominio Público Hidráulico y el Dominio Público Marítimo-Terrestre. Los expedientes sancionadores se inician como consecuencia de las inspecciones realizadas por el PCV, de la atención de alertas por vertidos o de otras actuaciones de control desarrolladas por la guardería de Augas de Galicia».

En este caso, el número de expedientes es muy inferior al de denuncias. El balance de 2025 de Augas de Galicia detalla que el pasado año hubo siete de estos expedientes, cuatro de ellos en Sanxenxo, el segundo municipio gallego con más casos, por detrás de los cinco de Muras. En Pontevedra hubo uno, al igual que en Caldas y Cuntis.

La Xunta ha identificado en toda Galicia 471 «aglomeraciones urbanas», cien de ellas en la provincia de Pontevedra, obligadas a contar con sistemas propios de recogida y tratamiento de aguas residuales. El objetivo es «garantizar la gestión coordinada de los sistemas de saneamiento y depuración y cumplir las nuevas exigencias ambientales de la UE en este ámbito». Se incluyen en este catálogo a «todas las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes equivalentes, es decir, la suma de la población real más la estacional y las necesidades ligadas a la actividad industrial y empresarial.

En la comarca de Pontevedra forman parte de este listado un total de 25 núcleos en doce municipios, con un reparto muy variado. Así, se considera una única aglomeración el conjunto formado por Pontevedra, Marín y Poio, que suma más de 125.000 habitantes y dependen en buena medida de la depuradora de Praceres. Pero también aparecen lugares de menos de mil habitantes censados. Figura Sanxenxo en su totalidad, pero en Barro aparecen los lugares de Portela y San Antoniño. En Caldas son el casco urbano, más Os Castaños, Feitosa, O Cruceiro, Baltar y Saiar, mientras que Moraña está con su casco urbano, al igual que Cuntis, junto con Hervés. Cachal y Rapeira son los lugares elegidos en Portas y Riomaior en Vilaboa. En Ponte Caldelas son cinco: el casco urbano, Chan do Casal, Cuñas, Buchabade y Vilarchán, y otros cuatro en Cerdedo-Cotobade: A Chan-Carballedo, Cerdedo, Tenorio y Viascón.

Esta división territorial «es imprescindible para poder cumplir con las obligaciones de planificación y control que fija la UE en tratamiento de aguas residuales urbanas».

La ampliación de la depuradora de Praceres: una década sobre el papel

La Consellería de Medio Ambiente adjudicó en mayo de 2016, hace casi diez años, el diseño definitivo del plan de saneamiento local de la ría de Pontevedra, la «hoja de ruta» para mejorar la situación de las aguas del litoral pontevedrés. Uno de los pilares de aquel plan era la ampliación de la depuradora de Praceres, pero una década después aún no ha pasado del papel, pese a que en 2022 se dio luz verde ambiental a esa obra.

Tras su mejora, en servicio desde hace tiempo, la ampliación permanece en un «cajón» pese a que la Xunta considera ese proyecto «irrenunciable». Ahora su ejecución depende del nuevo plan de saneamiento de Galicia que elabora la Xunta en la actualidad. En todo caso, los trabajos previos al respecto señalan que la planta de Praceres, que da servicio a Pontevedra, Marín y Poio, está «al límite de capacidad», y más si se tiene en cuenta la intención de incorporar nuevas conexiones. Diseñada para atender a 200.000 habitantes, ya están conectados 190.000, lo que abre la puerta a retomar el plan de ampliación que Augas de Galicia maneja desde hace unos años.

Así se pone de manifiesto en la diagnosis del nuevo Plan de Saneamento de Galicia, que también analizó el «porcentaje de muestras con incumplimientos en los últimos cuatro años a la salida de las instalaciones», considerando las anomalías en «materia orgánica, nitrógeno y fósforo». Así, Praceres figuraba a finales de 2024 como la segunda peor de Galicia, con un 94% de muestras con incumplimientos, pero desde entonces mejoró notablemente su situación.,

Las previsiones sobre el papel apuntaban en su día a disponer de esa ampliación en 2027, según la «Estratexia para mellorar o saneamento e a depuración das rías galegas 2023-2027», pero todo apunta a que no será sí. A principios de 2022 obtenía autorización ambiental un plan de Augas de Galicia para ampliar la planta hacia el norte, invadiendo unos 23.000 metros cuadrados de los terrenos de la actual concesión de Ence.

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