Portos fija en 2027 el inicio del dragado del Lérez y pide lealtad institucional

El dragado del río Lérez volvió ayer al debate parlamentario con un mensaje central y dos lecturas enfrentadas. Portos de Galicia defendió que la tramitación avanza y que el objetivo es licitar las obras a finales de 2026 para iniciarlas en 2027, mientras PSdeG y BNG reprocharon a la Xunta el retraso acumulado y cuestionaron la gestión de un proyecto que el sector lleva años reclamando.

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, compareció en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo para informar del estado del expediente de una actuación diseñada para recuperar calado en el canal de acceso al puerto de Pontevedra y en las dársenas vinculadas al Club Naval y As Corbaceiras, además de favorecer la productividad de los bancos marisqueros de la ría.

La obra se encuentra en fase ambiental, con el estudio de impacto sometido a información pública durante 30 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia. De forma paralela, Portos ha solicitado informes sectoriales a administraciones y organismos implicados.

Álvarez pidió una colaboración institucional «leal» para acortar plazos y reclamó coherencia en las respuestas de los departamentos estatales, después de aludir a discrepancias entre distintos informes sobre el punto de depósito de los áridos extraídos. En su intervención insistió en la necesidad de contar con un criterio único que evite prolongar la tramitación.

La Xunta sitúa el presupuesto del dragado en 11,9 millones de euros y plantea una intervención de gran escala en el dominio público portuario. La documentación técnica prevé actuar en torno a 4,5 kilómetros y retirar más de 500.000 metros cúbicos de material.

Uno de los ejes del debate fue la calidad del sedimento. Portos sostuvo que las campañas de muestreo realizadas en 2009, 2015, 2020 y 2024 determinan que se trata de arena de categoría A, la de mayor calidad, y defendió que las directrices estatales de dragados priorizan el uso productivo de este tipo de áridos.

En cuanto al destino del material, el proyecto contempla su depósito en la denominada zona B, en el exterior de la ría de Arousa, una localización vinculada al replanteamiento del punto E8 que dejó de autorizarse en 2021 y que, según la Xunta, frenó durante años el avance del expediente.

Portos remarcó que la actuación incorpora un plan de vigilancia ambiental dotado con 400.000 euros, que se activará antes y durante las obras, y un plan de gestión de interesados para mantener una comunicación continuada con el sector marisquero, las administraciones y los clubes recreativos afectados por la operativa del puerto.

Desde el grupo socialista, Paloma Castro reconoció que se están dando pasos administrativos, pero resumió que, tras dos décadas de anuncios, lo que ahora hay sobre la mesa es el proyecto básico y el trámite ambiental. En esa línea, sostuvo que no se moverá «un metro cúbico de arena» antes de 2027 y pidió que el dragado no se utilice como elemento de confrontación, además de reclamar medidas de mejora ambiental y de recuperación del entorno fluvial.

El BNG, por su parte, puso en valor la necesidad de actuar por la situación del marisqueo, pero expresó su rechazo a la evolución del expediente. Su portavoz, Luís Bará, calificó la trayectoria del proyecto de «caso único en la historia de la Administración», aseguró que se vuelve «a la casilla de salida» y avanzó la presentación de alegaciones, junto a una petición de disculpas por los años de demora.

En la comisión también se puso el foco en el calendario inmediato del expediente. El plazo de información pública y de recepción de informes sectoriales se mantiene abierto hasta finales de marzo, un periodo en el que el sector y las administraciones podrán formular alegaciones y matices técnicos. Portos pidió que los pronunciamientos preceptivos lleguen en plazo para evitar que la tramitación se alargue de nuevo y poder encadenar después la redacción del proyecto constructivo.

Asimismo se abordó el impacto práctico que la falta de calado tiene en el día a día de la ría. La Xunta insistió en que el dragado busca mejorar el tránsito de embarcaciones y la operativa en las dársenas, mientras la oposición vinculó la urgencia a la situación de los bancos marisqueros y a la actividad económica asociada. Con posiciones distintas sobre responsabilidades y sobre el recorrido del proyecto, la mayoría de intervinientes coincidieron en que la actuación es relevante para el puerto y para el marisqueo y en que el desenlace dependerá de que el expediente supere sin más obstáculos la fase ambiental y las autorizaciones técnicas.

Portos mantiene la hoja de ruta de redactar el proyecto constructivo tras resolver alegaciones y verificaciones técnicas. El objetivo declarado sigue siendo licitar a finales de 2026 e iniciar los trabajos en 2027, una previsión que condiciona el debate político y la expectativa del sector sobre una actuación considerada clave para la navegabilidad y la actividad marisquera.

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