Balance crítico
El PSdeG acusa a Rueda de llevar dos años «sin dar respuesta» a los problemas de los pontevedreses
Los parlamentarios socialistas apuestan por la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar vivienda vacía

Paloma Castro, Elena Espinosa y Carlos Font, ayer en Pontevedra. / Rafa Vázquez
Los diputados autonómicos del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) por Pontevedra, Elena Espinosa, Paloma Castro y Carlos López Font, realizaron ayer un balance crítico de los dos años de Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, un periodo que, a su juicio, ha estado marcado por «anuncios y propaganda» sin avances sustanciales y «sin dar respuesta» a los principales problemas de los pontevedreses.
Durante la comparecencia, Espinosa señaló que, según distintos estudios demoscópicos, las mayores inquietudes en la provincia son la vivienda, la sanidad, el empleo y el envejecimiento vinculado a la dependencia, competencias que corresponden al Gobierno autonómico. En este sentido, sostiene que el Ejecutivo gallego no ha logrado ofrecer soluciones eficaces en estos ámbitos.
En materia sanitaria, indica que actualmente hay 106.009 personas en lista de espera en la provincia (entre intervenciones quirúrgicas, consultas especializadas y pruebas diagnósticas) frente a las 92.248 registradas en 2019. Recuerda que el presidente gallego se comprometió a reducir estos tiempos tras la pandemia, pero denunció que la situación ha derivado en una disminución de profesionales, especialmente médicos y pediatras, sin que se haya aliviado la carga asistencial.
Espinosa también se refirió al proyecto industrial de Altri, al que define como la principal apuesta de la Xunta en materia industrial y que finalmente no salió adelante.
Por su parte, Paloma Castro centró su intervención en las políticas medioambientales, marítimas y de igualdad. Critica el modelo de gestión de residuos de Sogama, basado en la incineración, así como la política forestal que, según dijo, favorece el eucalipto frente al bosque autóctono. A su entender, la frustrada implantación de Altri formaba parte de esa estrategia.
En relación con el sector del mar, advierte de la caída de la producción marisquera desde 2023, agravada por los temporales de 2026. Atribuyó esta situación a problemas de contaminación, vertidos y deficiencias en depuradoras. Remarcó además que el plan de acción 2030 anunciado por la Xunta, que incluía medidas de control de depredadores, seguimiento de especies invasoras y relevo generacional, no se ha desarrollado plenamente.
En el ámbito de la igualdad, Castro acusó a la Xunta de incumplir la Ley 7/2023 de igualdad efectiva por la falta de paridad en órganos públicos, la ausencia de un plan de salud específico para mujeres y la no implantación de la educación afectivo-sexual aprobada por unanimidad en el Parlamento. También reclama reforzar la red de Centros de Información a la Mujer (CIM) y revisar su regulación para ampliar recursos y cobertura territorial.
Carlos López Font abordó la situación de la vivienda y el transporte interurbano. Acusa a la Xunta de modificar reiteradamente sus previsiones en materia de promoción pública. El diputado socialista defendió como alternativa la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar vivienda vacía ofreciendo garantías a los propietarios, una propuesta inspirada en el modelo vasco y rechazada por la Xunta en los últimos presupuestos, según lamenta. En cuanto al transporte interurbano, denuncia deficiencias en el servicio pese a contar con un presupuesto anual de 150 millones de euros.
En conclusión, los tres parlamentarios socialistas coinciden en que en los dos primeros años de mandato de Rueda la Xunta no ha dado respuesta efectiva a cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía gallega.
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