La discapacidad alcanza ya a más del 10% de la población pontevedresa

Algo más de un diez por ciento de la población pontevedresa tiene algún tipo de discapacidad, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), que indica que la Boa Vila cerró 2024 con 8.927 vecinos con discapacidad reconocida, la cifra más alta desde 2017, primer año del que se recopilan datos.

«El 10 por ciento es una cifra significativa, pero concuerda con lo que se maneja a nivel gallego y más general en España», apunta Juani Tubío, coordinadora del Área de Promoción de la Autonomía Personal de Cogami.

Mientras que el padrón se mantiene estable, apenas sin variaciones significativas, la evolución del número de personas con discapacidad en la ciudad es sostenida. En 2017 había 8.117 y en 2024 son 810 más, un aumento cercano al 10 por ciento. La serie del IGE muestra un par de giros claros. El mínimo llega en 2018 con 7.875 personas, una caída del 3 por ciento respecto a 2017. El salto más fuerte se produce en 2019, cuando sube en 448 personas y marca un cambio de ritmo. Desde entonces la cifra avanza de forma gradual, con 8.547 en 2020, 8.691 en 2021 y 8.781 en 2022, hasta la corrección moderada de 2023 y el máximo de 2024.

En el reparto por sexos, las mujeres siguen siendo mayoría en números absolutos, con 4.683 frente a 4.244 hombres. La diferencia está en las tasas, porque al comparar con la población empadronada los hombres con discapacidad representan un 10,82 por ciento frente al 10,68 por ciento de las mujeres.

Los posibles motivos detrás de estas cifras no se reducen a una sola causa. La primera es demográfica, ya que el envejecimiento suele aumentar las limitaciones funcionales y eleva la probabilidad de solicitar y obtener un reconocimiento. La segunda tiene que ver con la detección y el diagnóstico, que puede crecer con el tiempo por seguimiento sanitario, mayor información o cambios culturales que reducen el infradiagnóstico. Y existe un factor claramente administrativo, porque el certificado abre el acceso a apoyos, prestaciones y derechos, lo que puede impulsar solicitudes en determinados momentos.

Las personas con una discapacidad reconocida tienen derecho no solo a cobrar una pensión, sino también a acceder a determinados servicios y a percibir beneficios fiscales, económicos, laborales o sociales. Pero para ello es imprescindible que los equipos de valoración de la Xunta evalúen y dictaminen su grado de discapacidad. Sin embargo, la tramitación de estos expedientes sufre «un atraso importante», en palabras de Juani Tubío, «estamos hablando de esperas de dos años o más». Además, lamenta que «hay casos urgentes, como personas con ELA, que deberían tramitarse rápido, pero en la realidad pueden tardar más de un año».

En paralelo a esta evolución, la ciudad ha reforzado su red de servicios sociales. El registro autonómico de centros prestadores de servicios sociales contabiliza un total de 53 centros en Pontevedra y 2.664 plazas autorizadas. Frente a 2017, el número de centros crece en torno a un 10 por ciento y las plazas aumentan algo más del 20 por ciento, lo que apunta a una mejora de capacidad y a una red algo más amplia.

La capacidad autorizada crece a la vez que la discapacidad reconocida gana peso, y el municipio llega a 2024 con una ratio aproximada de 298 plazas por cada 1.000 personas con discapacidad, por encima del nivel de 2017.

En este sentido, Tubío señala que, a pesar de los evidentes avances, sigue existiendo «escasez de plazas» en relación con la proporción de personas que necesitan recursos como un centro ocupacional o un centro de día. En términos más generales, celebra que «Pontevedra, en cuanto a accesibilidad, es de las ciudades que más al día están, es una ciudad muy humanizada e inclusiva».

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