Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra

El Ministerio de Vivienda ha cerrado esta semana el balance de precios inmobiliarios en la ciudad al cierre de 2025, un año en el que esa cifras medias se han disparado hasta los 1.820 euros por metro cuadrado, un nivel que no se alcanzaba desde hace casi dos décadas, cuando 2007 concluía con 1.930 euros. Los precios medios actuales en la ciudad son un 13% más altos que un año antes y supone casi un 70% de incremento con respecto al informe de hace una década, cuando se llegaba a las cifras más bajas en 2016, con poco más de 1.100 euros.

En todo caso, este informe del Ministerio de la Vivienda recoge la media de todas las operaciones realizadas ante notario a lo largo del año, sin tener en cuenta las inmensas oscilaciones que supone tanto la ubicación de la vivienda, si dispone o no de plaza de garaje y el estado general del inmueble y sus características. En este sentido, es posible encontrar pisos a la venta por los que se llegan a pedir casi 4.500 euros por metro cuadrado en zonas como Peregrina o Benito Corbal.

Y también hay «ofertones» en el otro extremo de la balance, aunque, eso sí, con truco. La moda de que los portales inmobiliarios ofrezcan en venta viviendas «ocupadas ilegalmente» ya existe en Pontevedra, pero con casos muy contados. Y los precios son incluso seis veces menos que los topes a los que se encuentran los potenciales compradores. Es posible localizar un inmueble a menos de 900 euros por metro cuadrado, pero eso sí, sin posibilidad de acceder de inmediato. Antes habrá que expulsar al inquilino. No siempre se trata del habitual «okupa» que localiza un piso vacía, rompe la cerradura y entra a vivir sin permiso. Hay casos también de inquilinos que no abonan el alquiler y el dueño acude a la venta del inmueble, con el residente aún en él, para que sea el comprador el que tramite el desalojo, un proceso, en todos los casos, muy largo y complejo.

De hecho, este tipo de operaciones parecen más bien destinadas a empresas del sector o inversores, no al público particular.

Un informe de Idealista de principios de este año señalaba que en Pontevedra había 13 pisos de este tipo, por 18 en A Coruña 11 en Ourense o nueve el Lugo, muy lejos de los 90 casos de Granada o los 115 de Lleida, por no hablar de Madrid o Barcelona, con más de 750 casos en cada una de estas ciudades.

En el caso de Pontevedra, aparecen anunciados pisos «ocupados ilegalmente» en Estribela, Ponte Sampaio, Monte Porreiro, el centro de la ciudad, junto a otros inmuebles en Campo Lameiro o Sanxenxo. Ninguno de ellos pasa de los mil euros por metro cuadrado, pero sin especificar su estado, Además, Idealista explica que «para la realización de este estudio idealista/data ha utilizado un algoritmo de procesamiento de texto para detectar los anuncios que cumplen con los criterios de okupación marcados»,

Se trata de activos inmobiliarios dirigidos, fundamentalmente, a inversores que cuentan con la liquidez suficiente para efectuar la compra a tocateja. «El inmueble se encuentra actualmente ocupado, por lo que no es visitable. La operación de compraventa no es hipotecable, siendo posible únicamente la adquisición al contado. Una buena oportunidad de inversión en una zona consolidada con todos los servicios a mano», reza uno de los anuncios que explicita la situación en la que se encuentra la vivienda y el tipo de comprador al que se dirige la oferta

La Asociación Galega de Inmobiliarias apunta que en el «90% de los casos» estas viviendas son propiedad de fondos de inversión o de entidades bancarias. Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más.

A pesar del interés que pueda suponer el precio, cabe recalcar, que se trata de activos que no son aprovechables en el corto plazo. «Dependiendo de la situación judicial y de las circunstancias de la vivienda, se puede tardar años en recuperar la vivienda», apuntan los expertos.

A lo largo del pasado año salieron a a la luz varios casos de «okupación» que generaron notable alarma social, como el registrado en enero de 2025 en Combarro, en Poio, o el de marzo en Marín. En ambos casos los vecinos se concentraron ante los inmuebles afectados y se logró el desalojo voluntario de los inquilinos ilegales. También en Salcedo, esta vez en verano, se produjo una alerta de este tipo, al margen de los edificios abandonados que suelen utilizarse como «dormitorio» por personas sin techo.

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