Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama

Los sindicatos ACAIP-UGT y TAMPM denunciaron este martes una nueva agresión en el Centro Penitenciario de A Lama, en la que resultaron heridos dos trabajadores tras un episodio «de extrema violencia» protagonizado por una interna con diagnóstico previo de enfermedad psiquiátrica. Según el relato facilitado por la organización sindical, la agresión comenzó por la mañana, cuando la reclusa atacó «de forma sorpresiva y reiterada» a una funcionaria, se abalanzó sobre ella, la derribó y le propinó «innumerables golpes en todo el cuerpo», lo que obligó a la intervención urgente de otros trabajadores para contenerla. La interna es la mujer acusada por el crimen de la estación de autobuses de Vigo del pasado noviembre.

Según ACAIP-UGT, la agresividad continuó posteriormente en la enfermería del centro, donde la interna agredió a un segundo empleado. El sindicato enmarca lo ocurrido en un contexto que, a su juicio, no puede interpretarse como un incidente aislado, sino como «la consecuencia directa del deterioro estructural» del sistema penitenciario, especialmente en lo que respecta a la atención a la salud mental y a la dotación de recursos humanos.

En su nota, ACAIP-UGT subraya que la población reclusa presenta un alto índice de patologías psiquiátricas y asegura que, actualmente, aproximadamente el 30% de las personas internas está bajo tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que —según el sindicato— convierte a los centros penitenciarios «de facto, en los mayores dispositivos de salud mental del país». Sin embargo, añade, el sistema «carece de medios suficientes» para atender esta realidad de forma adecuada. TAMPM subraya que «la unidad donde presta servicio la funcionaria agredida cuenta únicamente con una dotación de tres funcionarios: uno en la cabina de control —que no puede abandonar su puesto—, uno en el módulo 9 y otra en el módulo 10, lo que evidencia una clara insuficiencia de personal».

Uno de los principales déficits, recalca, está en la cobertura sanitaria. En los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la organización afirma que el déficit de médicos alcanza el 75% de las plazas. Y pone el foco en A Lama: de acuerdo con la información sindical, de los nueve médicos que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo, ocho están vacantes, de modo que el centro cuenta con «un médico oficial» y se recurre a la contratación de tres facultativos para «parchear una situación insostenible».

A juicio de ACAIP-UGT, con esta carencia «resulta materialmente imposible» garantizar una atención médica adecuada, «y mucho menos» cuando se trata de patologías mentales que requieren seguimiento continuo, ajuste de medicación y evaluación clínica especializada. Además, el sindicato considera que las plantillas actuales siguen dimensionadas con un modelo penitenciario «propio de los años 90», pese a que —según su análisis— ha aumentado la complejidad del perfil de los internos, las necesidades asistenciales y la prevalencia de trastornos mentales, al tiempo que se desarrollan más actividades tratamentales y programas específicos.

Ante este escenario, la central reclama redimensionar las plantillas conforme a las necesidades actuales de vigilancia, intervención y asistencia, y exige soluciones estructurales para corregir el déficit sanitario. También pide la actualización del protocolo frente a agresiones, de forma que se garantice cobertura psicológica al trabajador agredido y que la administración «actúe de oficio» frente al agresor.

Por último, ACAIP-UGT insiste en el reconocimiento efectivo de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una normativa que, según señala, permanece paralizada en el Congreso. El sindicato defiende que esta medida es «esencial» para reforzar la protección jurídica frente a agresiones y rechaza que sea el trabajador quien deba asumir la carga de iniciar procedimientos judiciales tras sufrir un ataque en el ejercicio de sus funciones.