Apoyo especializado
La Valedora do Pobo exige a Educación el informe por los recortes en Campolongo
Las familias se concentran ante la Xunta para exigir una reunión tras la reducción de profesorado para alumnado con necesidades específicas

Concentración de madres y padres afectados para pedir que la inspectora de Educación se reúna con ellos. | FDV
La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha vuelto a requerir a la Consellería de Educación el informe que le solicitó a raíz de la queja presentada por varias familias del CEP Campolongo por la reducción de apoyos especializados en el centro. En su comunicación a una de las madres promotoras del escrito, la institución explica que la Consellería todavía no remitió la información demandada, por lo que ha reiterado la petición y ha recordado expresamente que esa remisión es una «obligación legal». Fernández Galiño añade que volverá a ponerse en contacto con la reclamante cuando reciba la documentación, para informarle de las actuaciones realizadas y, si es posible, del encaje de una solución al problema planteado.
La respuesta llega en un momento de creciente malestar entre las familias, que denuncian que el curso avanza sin que se haya restituido la atención que consideran imprescindible para el alumnado con necesidades específicas. La portavoz del grupo, Verónica Rial, insiste en que «la situación sigue igual» y critica la falta de interlocución efectiva, después de relatar varios intentos fallidos de reunión con Inspección educativa.
El conflicto se ha trasladado también a la calle. Este viernes, madres y padres realizaron concentraciones ante dependencias administrativas de la Xunta para reclamar una reunión y una respuesta «caso por caso». Rial explica que el grupo mantiene una estrategia doble: por un lado, quejas y escritos individuales, porque cada familia afronta una situación distinta, y por otro, movilizaciones conjuntas para visibilizar un problema que afecta a decenas de alumnos. Así, preparan más concentraciones para la próxima semana.
Tras su manifestación de esta mañana, trataron de encontrarse con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, pero no se encontraba en las dependencias en ese momento. «Nos dijeron que nos llamarían esta semana. Creemos que su mediación sería un avance positivo, es nuestra única salvación para que medie en que nos devuelvan ese apoyo. Porque la Inspección siempre nos da largas y siempre ocurren cosas por las que no pueden citarnos», se lamenta Verónica Rial.
Las familias reprochan que el diálogo con la Administración sea lento o inexistente y temen que, si no hay una solución en breve, la respuesta llegue cuando el curso esté ya muy avanzado. De ahí que consideren relevante la intervención de la Valedora do Pobo, no porque cierre el conflicto, sino porque obliga a la Consellería a dar explicaciones y a remitir la información requerida en un procedimiento formal que, insisten, no puede eternizarse mientras los niños siguen sin la atención que necesitan.
Sostienen que el colegio ha sufrido un recorte de profesorado de apoyo, especialmente en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), con impacto directo en menores con discapacidad y otras dificultades que requieren intervención dentro del horario lectivo. Aseguran que se trata de una atención pautada en muchos casos por informes y valoraciones profesionales y que la merma de recursos está provocando reducciones de sesiones y ajustes que, a su juicio, comprometen la inclusión y el progreso del alumnado.
En su testimonio, Rial pone como ejemplo el caso de su hija, una niña con hipoacusia bilateral con un trastorno del aprendizaje asociado que necesita apoyos para acceder con normalidad a los contenidos en el aula. Denuncia que, además de la reducción de asistencia especializada, se ha encontrado con problemas para disponer de un dispositivo de apoyo auditivo que facilita la comprensión del profesorado. «Está sin el aparato y sin los apoyos», lamenta. También señala la contradicción que, en su opinión, se produce cuando la atención externa se da por finalizada con el argumento de que determinadas dificultades deben trabajarse en el colegio, justo cuando «nos reducen los recursos dentro del centro».
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