Losada: “Es prematuro decir que todo el material del río será vertido en Sálvora»

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, considera «un acierto el giro» de la Xunta de Galicia sobre el dragado del fondo de la ría de Pontevedra, «abandonando la confrontación política vacía para iniciar los trámites administrativos necesarios para la redacción del proyecto, realización de una evaluación ambiental ordinaria, con exposición pública, y, finalmente, licitación de una obra que, como se advirtió desde el primer momento, era imposible que comenzase antes de 2027».

Reacciona así el subdelegado a la exposición al público de un proyecto que se eleva a los 11,9 millones de euros, con diez meses de plazo de ejecución y que prevé retirar más de 500.000 metros cúbicos de áridos del fondo de la desembocadura del Lérez. Portos de Galicia, impulsor de una obra que comenzó a tramitar en 2010, pretende depositar todo ese material de nuevo en el mar, en la zona de vertido próxima a Sálvora que autorizó el año pasado el Gobierno central tras cuatro años de veto.

Pero Losada aclara, en cuanto al destino del material dragado, que «resulta prematuro dar por hecho que vaya a ser vertido en el punto de vertido de Sálvora habilitado por el Ministerio para la Transformación Ecológica», por lo que pide «prudencia a la hora de generar expectativas. Insiste en que «será durante el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria (es decir el más largo y exigente previsto en la normativa) cuando esta cuestión se despeje».

El proyecto de Portos señala que «la totalidad del material de dragado corresponde a la Categoría A», compatible con su devolución al mar, salvo «en uno de los fosos, que presenta valores de hidrocarburos totales del petróleo superiores al umbral». En todo caso, se descarta el uso de todo o parte del material en regenerar playas o bancos y se añade que «las magnitudes del proyecto hacen inviable su tratamiento en tierra, tanto desde el punto de vista logístico como económicamente, estando comprometida igualmente la capacidad de los gestores de la zona para asumir tal volumen de material». Explica el proyecto que esta solución, «desde el punto de vista ambiental, evitaría un vertido marino, pero se depositaría en un vertedero autorizado, además supone un alto consumo energético y una alta huella de carbono, por lo que, al no existir restricciones ambientales que impidan su gestión en el mar según la normativa de aplicación, no supone una mejora sustancial respecto a las otras alternativas». Señala también que «desde el punto de vista socioeconómico, supondría mayor impacto para la población debido a la ocupación de suelo, el incremento del tráfico rodado para el transporte del material hasta el gestor y las molestias que conlleva, así como el gasto desproporcionado de recursos públicos».

Según la Subdelegación «la evaluación ambiental que ahora se inicia debe incluir muestreos del material y, además, deberán cumplirse las Directrices para Caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre, así como las instrucciones publicadas por el ministerio. Son estas las normas técnicas, de obligado cumplimiento, las que determinan si el material extraído se vierte total o parcialmente en el mar o en tierra en función de sus características».

En todo caso, el subdelegado considera que «se ha dado un paso adelante para abordar una obra que se viene prometiendo en Pontevedra desde hace una década y media y se ha dejado, por fin, a un lado el relato partidista que contaminaba las últimas intervenciones del Gobierno gallego. Losada entiende que «cuando un proyecto que hasta hace poco se valoraba en tres millones de euros, que se decía estaban listos para una ejecución inmediata, pasan a casi 12 millones y se reconoce que queda por delante un amplio camino administrativo para validar el proyecto, incluyendo informes sectoriales preceptivos y vinculantes, es evidente que ha habido correcciones y que, además, se ha puesto a los técnicos a trabajar».

El representante del Gobierno en la provincia entiende que, «por fin, estamos en el camino correcto y se está haciendo lo que ya le dijimos en su momento a la Xunta que tenía que hacer. El Gobierno gallego tendrá ahora que resolver las alegaciones y trabajar coordinadamente con los departamentos del Ministerio para la Transición Ecológica que tienen que informar el proyecto de dragado. Todo esto ya se lo expliqué a la directiva del Club Naval de Pontevedra cuando vino a verme a pedirme información», subraya.

Rueda

Por su parte el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo ayer en Pontevedra que «yo estoy decidido a empezar esta actuación lo antes posible. Estoy decidido como máximo responsable de la Xunta». Se refirió al proceso de alegaciones abierto para este proyecto y aseguró que la Xunta escuchará todas aquellas que se presenten «de manera constructiva». No obstante, añadió que el Ejecutivo autonómico no atenderá propuestas cuyo único objetivo sea, en su opinión, paralizar la actuación sin aportar alternativas.n

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