Pontevedra suma menos del 12% de la oferta de suelo industrial de la Xunta en toda Galicia

Xestur, el ente público que gestiona una treintena de polígonos empresariales en Galicia, apenas dispone de suelo de este tipo en la provincia de Pontevedra. Según la información que ofrece en su página web, en toda la comunidad, esta entidad cuenta con 198 parcelas industriales en venta, pero la inmensa mayoría se localiza en A Coruña. En la provincia pontevedresa son tres los parques con algún terreno disponible. Entre ellos figura el de A Reigosa, con siete parcelas, Arbo con 15 y Lalín 2000 con solo uno. Son 23 en total, menos del 12% de la oferta disponible en toda Galicia.

En A Coruña son 1s26 los terrenos aún sin dueño, el 64% del total, en especial en el polígono de Arteixo, mientras que Lugo aparece en segundo lugar con 48 solares disponibles, el 24% de toda la oferta gallega. Monterroso y Muimenta son, en esta provincia, los menos ocupados. En peor situación que Pontevedra incluso aparece Ourense, con una única parcela de Xestur sin vender en toda la provincia, en el Barco de Valdeorras.

Durante años, la compra de suelo de este tipo permaneció estancado debido a los efectos de la crisis de hace más de tres lustros, pero en los últimos tiempos se ha reactivado esta demanda, lo que ha llevado a la Xunta a desempolvar proyectos aparcados, como la creación del polígono de Fragamoreira, en Poio, o la ampliación de los de O Campiño, en Pontevedra, y de O Pousadoiro, entre Caldas y Vilagarcía. También figura la reconversión de la central de transportes de Ponte Caldelas, ejecutada hace años pero aún vacía. Son proyectos que se han desgranado en las últimas semanas, con diversos trámites administrativos y técnicos, y el presupuesto de la Xunta para 2026 agrupa en un único capítulo sus previsiones de inversión y calendario de posible ejecución.

Estos cuatro planes suman unos 59 millones de euros, en un primer cálculo que previsiblemente podría aumentar, y la creación de 780.000 metros cuadrados, si bien no todos serían de parcelas empresariales, ya que esa superficie incluye viales, zonas verdes y otras cesiones. Pero el principal aspecto que desvela el presupuesto autonómico es el relativo al calendario: se marca un plazo de siete años para materializar todos estos proyectos, que no estarían en el mejor de los casos, antes de 2032. Solo se adelanta algo la central de transportes, a 2028, pero se trata de una simple reorganización de unos terrenos ya urbanizados desde hace años. De hecho, solo se destinan 1,9 millones, frente a los 14,1 para O Campiño o los 30 de Poio.

Los cuatro planes en marcha en la comarca suman un mínimo de 59 millones de euros

Este último parque, el de Fragamoreira aparece señalado para 2032, mientras que los de Pontevedra y Caldas podrían estar listos incluso más tarde. En el caso de Poio, se trata de urbanizar algo más de 37 hectáreas a orillas de la VG-4.8, el acceso norte de Poio, y cuya tramitación urbanística ya ha sido activada por Xestión do Solo de Galicia (Xestur). Será necesario ocupar 780 fincas y otros bienes, según la relación ya expuesta al público para urbanizar 373.416 metros cuadrados. La Xunta estima en 29,8 millones de euros el coste de esos trabajos.

Las 779 fincas previstas para ocupar oscilan entre los 45 metros cuadrados y más de 5.000, con varias por encima de los 3.000 metros cuadrados y cerca de 80 de más de mil metros.

Aunque se planifica con una superficie total de 374.229 metros cuadrados, solo la mitad tendría uso industrial ya que 170.000 metros se reservan para zonas verdes y casi 28.000 a red viaria y aparcamientos, según el Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose).

Por su parte, el plan inicial de ampliación del parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra, establecía una superficie total de más de 320.000 metros cuadrados, con un centenar de parcelas afectadas en la parroquia de Marcón. Sin embargo, los derechos mineros de una cantera cercana han obligado a recortar de forma notable estas previsiones iniciales y el informe de sostenibilidad (Peose) que la Xunta ha expuesto al público establece un ámbito total de apenas 160.000 m2. De ellos, poco más de la mitad, 89.189 m2, se destinarán a parcelas lucrativas, es decir, de uso empresarial. A una media de 2.500 metros cada una, apenas se podría habilitar una treintena de espacios industriales. Además, se reservan unos 4.000 m2 para equipamientos públicos y casi 53.000 a espacios libres y zonas verdes, junto con 9.700 metros cuadrados para el sistema viario y otros 4.000 para bolsas de aparcamiento. En total, se habilitarían 254 espacios para estacionar.

Con este recorte de superficies, las parcelas afectadas pasarán del centenar inicial a las 29 reflejadas en el citado Peose, es decir, apenas un 30% de lo previsto inicialmente. Además, cinco de ellas concentran el 85% de todo el ámbito afectado. En el 15% restante apenas habría que ocupar entre 300 y 400 m2 en cada una. Para su expropiación se calcula un gasto de 1,6 millones de euros, dentro de un presupuesto total de ejecución de la ampliación de 14,1 millones.

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