Archivado el sabotaje a 900 cepas en Barro al no identificarse a los autores

En agosto de 2024 los socios de la bodega Moraima de Barro se encontraron en una parcela de 7.000 metros cuadrados de viñedo con más de 900 cepas de albariño y caiño cortadas por el tronco intencionadamente días antes de su vendimia. El sabotaje, como fue calificado por la propia bodega y de gran repercusión mediatica nacional, fue puesto de inmediato en manos de la Guardia Civil y el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis.

La Guardia Civil interrogó a algún sospechoso, revisó las cámaras de seguridad y realizo otras pesquisas, pero transcurrido más de un año desde entonces, el caso ha sido archivado al no ser posible identificar a los autores. Así se pone de manifiesto en un auto de la Audiencia Provincial, que acaba de divulgar el Poder Judicial, en el que se confirman las anteriores resoluciones del juzgado que decretó el sobreseimiento provincial y el archivo de las actuaciones.

Aquella decisión fue recurrida por Moirama ante la Audiencia, cuyo auto mantiene el archivo, sin posibilidad de recurso. En esta resolución se detalla que «de las diligencias practicadas no se puede sabe quien fue el autor o autores de los daños. Tras la observaciones de las cámaras de videovigilancia no se puede conocer su identidad».

Recuerda que llegó a haber una única persona investigada, que «negó cualquier participación en los hechos. El motivo de imputación fue, en exclusiva, una supuesta discusión (con uno de los socios de la bodega), vecino del lugar, en el mes de mayo. No obstante, el propio denunciante ya en su declaración policial reconocía que el motivo de la discusión fuera por la fumigación de las cepas y que tras efectuar los cambios necesarios en la maquinaria de fumigación, el investigado le había dado las gracias». Se añade que "estas discrepancias son notoriamente insuficientes como para continuar el procedimiento frente al investigado».

Así se establecía en un auto judicial de octubre de 2024, y en diciembre otra resolución indicaba que «nadie duda de la gravedad de los hechos, si bien lo que acontece es que no hay modo de conocer quien pudo participar en los hechos investigados». La acusación llegó a solicitar tres diligencias: «La primera es que se le tome declaración a quién ya declaró ante la Guarda Civil (uno de los denunciantes), pero poco puede aportar, dado que cómo consta en el atestado no conoce quien pudo efectuar la tala, ni vio a nadie. La segunda es que se le tome declaración a un vecino del investigado, pero no se entiende qué relación puede tener con los hechos o qué conocimiento puede aportar. La tercera es la geolocalización de los terminales móviles que había en la zona. Ciertamente esta diligencia podría localizar a quién participó en los daños, pero dado que en la zona viven muchos vecinos, no serviría para individualizar al autor, dado que con certeza aparecerían múltiples móviles presentes en el lugar. En el mismo sentido se manifestó el Ministerio Fiscal».

La conclusión es que «estas diligencias no van a acercar ningún tipo de conocimiento ni tampoco van servir para el fin pretendido», por lo que se «mantiene la decisión de sobreseimiento», como confirma la Audiencia.

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