El ministerio registra 10.400 plazas menos que la Xunta en viviendas de uso turístico en toda la comarca

El Ministerio de Vivienda tiene registradas en la comarca 15.500 plazas en pisos de uso turístico, más de la mitad en Sanxenxo, mientras que la Xunta contabiliza alrededor de 26.000, diez mil plazas más. Así se pone de manifiesto en los datos oficiales de ambos departamentos correspondientes al pasado mes de mayo, único periodo contabilizados por el ministerio. Turismo de Galicia sí tiene actualizadas las cifras hasta este mismo mes de octubre, con 2.547 plazas en Pontevedra y más de 17.100 en Sanxenxo. En estos dos municipios se registra un ligero descenso con respecto a agosto, tanto porque ya finalizó la temporada alta, como porque entonces ya se había aplicado la baja, por parte del Gobierno central, de 1.250 viviendas de uso turístico (VUT) en la provincia. También entonces funcionaba el Registro Único acordado por el ministerio y que ha levantado las protestas del sector.

En la mayor parte de los municipios de la comarca hay menor VUT registradas en la Xunta que en el ministerio, pero ocurre al contrario en los territorios más turísticos. En Sanxenxo, el Gobierno contabiliza cerca de 9.000, pero la Xunta se acerca a las 17.000 plazas, mientras que en Poio el registro estatal suma 2.250 frente a las 2.850 del autonómico, seiscientas más. En Marín ocurre lo mismo, con 1.400 en la Xunta y poco más de mil en el ministerio, al igual que en Pontevedra, donde Turismo de Galicia cita 2.500 plazas, casi 800 más que Vivienda.

En septiembre, el Ministerio de Vivienda invitó a propietarios y gestores de 2.640 pisos turísticos en Galicia «ilegales» a retirarlos de las plataformas de alquiler en portales de internet. Casi la mitad, 1.249, corresponden a la provincia de Pontevedra. Se trata de alojamientos cuyos propietarios han solicitado incluirlos en el «registro obligatorio», pero que «no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados».

Por su parte, el Concello de Pontevedra abrió un proceso de «legalización» de viviendas de uso turístico sin registro local, a raíz del caso de inmuebles que ya funcionan como VUT, pero que solo contarían con el registro hecho en la Xunta. «No se trata de analizar la solicitud de una licencia de apertura, ya están en funcionamiento, sino de valorar si estas viviendas pueden ser utilizadas como de uso turístico en esos edificios, ya que carecen de la licencia necesaria para ejercer una actividad económica de este tipo», aclaraba el concelleiro de Urbanismo Alberto Oubiña.

Por su parte, las dos federaciones de propietarios de viviendas turísticas y alquileres de corta estancia (Fapavat y Fevitur) han criticado «el Registro Único de Arrendamientos para las viviendas turísticas y alojamientos de corta estancia que se comercialicen a través de páginas webs del tipo Airbnb o Booking.com». Subrayan que «la norma europea impone a los Estados miembros la obligatoriedad de contar con una Ventanilla Única donde se centralicen todos los datos, actualmente radicada en el Ministerio de la Vivienda, pero no impone la obligatoriedad de un registro único, ni mucho menos la duplicidad de registros, que es el modelo adoptado por España».

A su juicio «este nuevo registro obligatorio cuya gestión ha sido asumida por los Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles de España, no va a luchar contra la oferta ilegal por dos motivos: la no obtención de esa inscripción no implica que la vivienda turística sea ilegal (solo lo será cuando no esté debidamente inscrita en el registro turístico autonómico correspondiente), y porque la exclusión del Registro de la Propiedad solo implica que las viviendas que no han obtenido esa inscripción no podrán comercializarse a través de aquel tipo de plataformas, pero sí podrán continuar haciéndolo por cualquier otro método (sus propias páginas webs, agencias inmobiliarias, etc.)».

Por ello, concluyen que detrás «solo hay un motivo económico". Según datos del propio Colegio de Registradores de España, se han concedido unos 350.000 números de registro. Cada solicitante ha de pagar unos 27 euros, lo que supone un total de 9,5 millones».

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