La pareja de Moraña ya fue interceptada en un monte de Lugo días antes de morir

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, lamentó este miércoles que «no se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan», en relación con la muerte de la pareja de Moraña hallada calcinada en el vecino municipio de Campo Lameiro el pasado 31 de mayo, en lo que todo apunta a un nuevo crimen machista por los antecedentes del hombre.

El socialista, en declaraciones a la prensa, recordó que, a pesar de que existiera una orden de alejamiento vigente sobre él, así como una condena por maltrato machista previa, la pareja seguía conviviendo junta. «No podemos evitar que la gente decida convivir cuando son dos personas mayores de edad e independientes», afirmó.

Moraña declara luto oficial exactamente igual por ambos muertos de Campo Lameiro pese al historial violento de él

Hay que recordar que el hombre, de 50 años, tenía condenas anteriores por malos tratos y que ella, de 49 años, estaba registrada como víctima con «riesgo alto» en el sistema de vigilancia VigoGén.

Interceptados en otra pista forestal

Este miércoles se conoció también que doce días antes de que sus cuerpos aparecieran calcinados en Campo Lameiro, el 19 de mayo, la Guardia Civil interceptó a la pareja de Moraña en otra pista forestal poco transitada, en el municipio lucense de Bóveda, al estar en búsqueda el coche de José Ramón G.C.

Las autoridades investigaban la presunta desaparición de la mujer y, aunque él acabó pasando la noche en los calabozos, quedó en libertad al día siguiente tras declarar en sede judicial. Y aunque la orden de protección seguía vigente, ambos se marcharon juntos.

«Eso efectivamente fue así», ha corroborado el subdelegado del Gobierno, que defendió que la Guardia Civil en ese momento «hizo lo que tenía que hacer» y lo que corresponde a un estado «garantista», en donde son los tribunales «los que deciden quien ingresa en prisión y quien no».

El padre de la mujer calcinada en Campo Lameiro: «Él no era buen compañero»

Losada, más allá de estos datos, no quiso desvelar más detalles de la investigación y apeló a la necesidad de «dejar trabajar» a la Guardia Civil. «Hasta que confirmen la motivación es mejor esperar», dijo el subdelegado, que pidió «prudencia» ante lo que ha definido como una «presión para avanzar más que los propios investigadores».

En todo caso, Losada consideró que la actuación de la Guardia Civil ha sido «irreprochable». «Su trabajo en todo lo relacionado con este caso es absolutamente impecable», defendió, para añadir que «no se hizo o se dejó de hacer nada que hubiera que hacer en términos de protección de la víctima».

Es más, recalcó que cada vez que se registra algún asesinato machista, «se revisan los protocolos» pero, en este caso, insistió, han funcionado bien. «No podemos pedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan más allá de su obligación, de su deber y de su trabajo», dijo respecto a que la pareja siguiese viviendo junta en Moraña, de donde él era natural.

En este sentido, Abel Losada recordó que, a finales del pasado año, hubo un caso similar en Baiona, en donde la víctima también vivía con su agresor. «Las autoridades no pueden poner vigilancia 24/7 a todo el mundo. Somos adultos y tenemos que saber que no se puede proteger a quien no se deja proteger», concluyó.

Registrada en el sistema VioGén

Marisol C.P., la víctima, estaba registrada en el sistema VioGén de protección a víctimas de violencia de género, en riesgo alto. Según consideró probado la Audiencia de Pontevedra el pasado mes de marzo, la agredió en noviembre de 2021 en una estación de lavado de coches de Cuntis por lo que fue condenado a 23 meses de prisión y se le impuso una orden de alejamiento de dos años.

Sin embargo, él no entró en prisión por estos hechos, a pesar de que ya tenía una condena previa por maltratar a su pareja anterior, por la que le castigaron inicialmente a más de cinco años de cárcel, reducidos posteriormente a 21 meses tras recurrir la sentencia inicial.