Comienza el juicio por la presunta descapitalización de una empresa de la ciudad
La Fiscalía mantiene la acusación penal y pide una indemnización de 1,4 millones a la Seguridad Social

Los acusados, ayer en la Audiencia. | G. Santos
REDACCIÓN
La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra inició ayer el juicio contra los dos hermanos que gestionaban la firma Comercial Senra por supuestamente descapitalizar la empresa y en el que la Fiscalía mantiene la petición para cada uno de cuatro años de prisión. Antes de comenzar la vista oral, el fiscal retiró la acusación penal contra las personas jurídicas imputadas. A esta modificación se sumó el resto de acusaciones entre ellas la letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social que recordó que «no ha habido reparación del daño» por parte de los procesados. El Ministerio Público insta a que se les imponga el pago de una indemnización de 1.417.690 a la Seguridad Social.
En estas cuestiones preliminares varios letrados que ejercen la defensa por el turno de oficio quisieron retirarse del caso, una petición que fue negada por el tribunal. Argumentaban que la instrucción recibida por el Colegio de Abogacía se ceñía a la parte penal y que al retirarse esa acusación contra sus clientes ya no tenía sentido su presencia en la sala. Este argumento les valió el reproche de las magistradas, que explicaron que no se puede disociar la parte civil de la penal porque el ejercicio de la acción es conjunto a lo largo de todo el procedimiento y la retirada de las defensas supondría la indefensión de sus clientes, negándose a suspender de nuevo el juicio.
Resueltas estas cuestiones el juicio empezó con la declaración de los testigos reservándose para el final, previsiblemente el próximo lunes la declaración de los acusados. La Fiscalía considera que estos dos hermanos que gestionaban la firma pontevedresa Comercial Senra, con la finalidad de que una serie de sociedades eludiesen el pago de las deudas que tenían con sus acreedores, tanto de carácter público como privado, realizaron determinados «actos de descapitalización de las empresas del grupo familiar». Están en cuestión una serie de conductas encaminadas a tratar de evitar, o al menos obstaculizar, que sus acreedores pudiesen satisfacer su crédito.
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