Siete concellos aguardan desde hace dos años por un consorcio del agua del Lérez

La «guerra del agua» entre los concellos de la ría por el precio que cobra Pontevedra por el suministro desde el río Lérez, acumula años de historia, con pleitos judiciales incluidos. Este episodio quiso ser zanjado por la Xunta hace dos años, cuando pactó con siete municipios, entre ellos la capital, la creación de una entidad supramunicipal que asumiera la gestión compartida del abastecimiento el alta (denominación de la red general y que abastece a los municipios) y se encargara también de fijar los precios. Pontevedra dejaría así de tener la exclusiva sobre el agua del Lérez.

Se estableció un calendario de trabajo y la elaboración de un estudio sobre los equipamientos disponibles y su coste. Se decidió incluso que a finales de 2023 estaría aprobado ese consorcio. Pero dos años Pontevedra sigue encargándose en solitario del sistema y dice que «no tiene noticias desde hace dos años» de aquel proyecto.

En cambio, otros concellos consultados ayer aseguran que la iniciativa «sigue en marcha» e incluso Augas de Galicia ha solicitado recientemente para aquellos estudios. Lo cierto es que el proceso acumula un notable retraso.

Lo que se pactó en julio de 2023 es que los concellos del área de Pontevedra pondrían en marcha un ente supramunicipal para gestionar el abastecimiento de agua y tramitarán la concesión que autorice y fije las condiciones de las captaciones de los ríos Lérez y Rons y en general la explotación del sistema. Fue una iniciativa de la entonces conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez con los municipios de Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas. Vázquez decía entonces que era «necesario cumplir el mandato legal y también moral de regularizar la situación de la captación», que a día de hoy sería «alegal.

Pero esa «alegalidad» aún se mantiene y solo se resolvería con la creación de una entidad supramunicipal que aún no existe cuando se pactó entonces que en octubre (de 2023) se iniciarían «los trámites para regularizar la situación» . Incluso se apuntó que el proyecto contaría con el acompañamiento de la Xunta y de Acuaes para constituir esa nueva figura «para una gestión más eficiente del agua» que evite problemas urbanísticos y se anticipe a escenarios de sequía.

En concreto, se acordó realizar una auditoría técnica y también jurídica «para profundizar en la alternativa de la entidad supramunicipal más útil para los concellos, para realizar una gestión más eficiente del agua».

Según la Xunta, la situación del abastecimiento de agua en el área de Pontevedra es «alegal tanto la propia captación» como la explotación del sistema, lo que puede acarrear «diferentes situaciones problemáticas, como es cuando un concello necesite realizar ordenamientos urbanísticos o tramitar planes generales», ya que se plantean escenarios de inviabilidad o dificultad. Pero en estos dos años transcurridos no parecen haber surgido estos problemas.

Insistía la Xunta en que «la propia ley obliga, cuando hay una captación de agua en la que se suministra a distintos concellos la necesidad de constituir una comunidad de usuarios», sobre todo cuanto ese sistema se modernizó en su día con «obras ejecutadas al amparo de un convenio con Acuaes», la empresa pública del agua vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica. Por ello, se incidía en que «la gestión del sistema ha de ser compartida».

Además, también había que concretar «la explotación de este sistema cuando estamos en situación de escasez, creemos que es algo prioritario y necesario. Pero, del mismo modo que no se avanzó, al menos de forma pública en crear este ente supramunicipal, continúa también en el aire el futuro modelo de gestión y si formarían parte de ella la Xunta y Acuaes. Tampoco está decidida la fórmula entre las diferentes posibles: consorcio, mancomunidade o empresa municipal, entre otras.

El futuro ente fijará el precio del metro cúbico

En la reunión de 2023 municipios como Poio y Sanxenxo expresaron su satisfacción por el acuerdo. No obstante, algunas fuentes apuntan que desde entonces han surgido discrepancias sobre el precio final del metro cúbico, que a día de hoy fija Pontevedra desde 2004, salvo en el caso de Sanxenxo, que paga bastante menos que los demás ya que recurrió aquella tasa en los tribunales y en 2007 el TSXG le dio la razón en parte en una sentencia que decretaba que Pontevedra no podría fijar unilateralmente esas tarifas. Con el consorcio que se quiere crear, la tasa podría ser aún más alta de la que cobra ahora Pontevedra y Sanxenxo tendrá que pagar lo mismo que los demás. Ahí podría radicar una de las razones del retraso del proyecto.