La inspección urbanística retoma el pulso en la comarca y en 2024 se duplican los derribos: 25

Galpones ilegales ubicados en núcleo rural, almacenes en suelos no urbanizables, vallas publicitarias sin autorización, todos de terrazas, pero sobre todo edificaciones residenciales en terrenos no urbanizables. Son algunos de los al menos 25 inmuebles que en el último año han sido eliminados en la comarca por la «piqueta» de la Xunta, a cargo de la Axencia de Protección la Legalidade Urbanística (Aplu), según consta en el balance de actuaciones que acaba de divulgar este organismo.

Esta cifra es la más alta que se registra desde 2018, de modo que la inspección urbanística autonómica ha retomado el pulso después del bajón que supuso la pandemia del covid. Hace seis años hubo 26 derribos, sobre todo en Pontevedra, Sanxenxo y Vilaboa, mientras que al año siguiente se registraron otros 23 casos, en especial en la capital. Pero a partir de ahí, con los confinamientos y restricciones sanitarias, el balance se derrumbó: siete en 2020 y 16 en 2021, cifras que aún se mantuvieron en 2022 (13) y 2023 (13).

Pero el pasado año se recuperó la «normalidad» y las 25 demoliciones de las que informa la Aplu en su página web suponen el doble que en el ejercicio anterior, con Pontevedra y Sanxenxo a la cabeza, con cinco y cuatro casos respectivamente. La relación se completa con Marín (3), Caldas (3), Poio (2), Ponte Caldelas (2), Moraña (2), y un derribo en Vilaboa, Portas, Cuntis y Barro.

El balance llega poco después de concluir el mediático derribo de un edificio en Lapamán (Marín) que la Aplu reactivó después de la reprimenda de un juez por su retraso de más de diez años. Pero aún tiene asignaturas pendientes como un desguace en la parroquia pontevedresa de Marcón o un antiguo club nocturno en Vilaboa.

La inspección urbanística en la comarca suma al menos 164 derribos en la última década con Pontevedra a la cabeza, ya que 35 de ellos (21%) corresponden a la capital y otros 28 (17%) se realizaron en Sanxenxo. Le siguen Poio y Marín (con 17 casos cada uno), por delante de Vilaboa (15), Barro (9), Moraña (9), Caldas (8), Cuntis (8), Portas (7), Ponte Caldelas (5), Cerdedo-Cotobade (4), A Lama (1) y Campo Lameiro (1).

De las 25 actuaciones de la «piqueta» del pasado año en Pontevedra, la mayor incidencia se registró en inmuebles de uso residencial, desde chalés de cierta envergadura hasta casas prefabricadas o estructuras con cocina y alguna habitación. Y los meses de mayor actividad fueron los de febrero, agosto y, sobre todo, mayo.

La inspección urbanística en la comarca suma al menos 164 derribos en la última década con Pontevedra a la cabeza, ya que 35 de ellos (21%) corresponden a la capital y otros 28 (17%) se realizaron en Sanxenxo. Le siguen Poio y Marín (con 17 casos cada uno), por delante de Vilaboa (15), Barro (9), Moraña (9), Caldas (8), Cuntis (8), Portas (7), Ponte Caldelas (5), Cerdedo-Cotobade (4), A Lama (1) y Campo Lameiro (1).

De las 25 actuaciones de la «piqueta» del pasado año en Pontevedra, la mayor incidencia se registró en inmuebles de uso residencial, desde chalés de cierta envergadura hasta casas prefabricadas o estructuras con cocina y alguna habitación. Y los meses de mayor actividad fueron los de febrero, agosto y, sobre todo, mayo.

En Pontevedra se certifican cinco intervenciones: tres edificios residenciales en suelo rústico, un galpón para trabajar la piedra en un terreno no urbanizable y varias calles publicitarias en espacios libres y viales. En Sanxenxo se actuó cuatro veces para retirar tres viviendas en suelo rústico y un galpón en suelo rural.

Marín fue «diana» de la Aplu al menos en tres ocasiones, con la eliminación de la cubierta ilegal de la terraza ilegal de un bar en espacio público, una edificación auxiliar en terrenos rústico de protección agropecuario y un garaje en núcleo rural. En Poio se demolieron una estructura residencial y un galpón, ambos en servidumbre de Dominio Público Marítimo-Terrestre, es decir, cerca del mar. Esta misma infracción fue la que provocó el derribo de un inmueble residencial en Vilaboa.

Caldas suma dos actuaciones el pasado año, dos viviendas en núcleo rural y en Cuntis la «piqueta» anuló un almacén en terreno rústico, mientras que en Moraña se eliminaron una vivienda y un edificio auxiliar en núcleo rural y un almacén en suelo rústico, lo mismo que el único derribo de Portas

Dos viviendas fueron eliminadas en Ponte Caldelas (las dos en suelo rústico) y una en Barro, esta vez en núcleo rural.

Decenas de expedientes para nuevas demoliciones aún están en trámites en toda la comarca, como es el caso de un desguace en Marcón, sobre el que pesa una orden desde hace años pero aún sigue en pie, aunque sí se ha vaciado. Al menos, no aparece en los balances oficiales de la Axencia. También hace años la Aplu adjudicó el derribo de un antiguo club de alterne en Vilaboa, el Club Ciros, pero nunca se materializó, y colea desde hace años el caso de los chalés Mar Tambo de Chancelas, en Poio, donde solo uno de los propietarios optó por retranquear el tramo de fachada que invade la zona marítimo-terrestre. En Vilaboa también hay expedientes en marcha y recientemente una sentencia judicial frenó un derribo en ese municipio.

Tampoco aparece en el balance del pasado año ya que los trabajos comenzaron en las primeras semanas de 2025, la demolición de un edificio ilegal en el Camiño Real de Lapamán (Marín) sobre el que pesaba una orden de derribo desde hace casi doce años. Estos trabajos se iniciaron a finales de enero, apenas cuatro meses después de conocerse una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra en la que condenaba a la Aplu a ejecutar ese derribo y calificada de «inexcusable» este retraso.

Apenas unos días después de aquella sentencia, la agencia licitaba los trabajos por unos 180.000 euros, con un proyecto que se elaboró ya en 2022. El edificio se localiza en el límite de Marín y Bueu y en su día se levantó con licencia del segundo municipio, lo que generó un pleito de lindes que acabó ganando Marín, de modo que el inmueble en cuestión carecía de licencia en vigor legal.

Este proceso empantanó durante años la demolición, pero el juzgado pontevedrés sostenía en su sentencia que el retraso es “inexcusable”. Recordaba que la primera orden se dictó en mayo de 2013 y se trataba de un edificio sin concluir ubicado en el Camiño Real, junto a la playa de Lapamán, en Casas, de la parroquia marinense de Ardán.

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