La comarca se moviliza por una nueva planificación energética pública

Colectivos ecologistas y vecinales de Pontevedra, Marín y Campo Lameiro se movilizaron ayer para denunciar el modelo de «expolio energético» que promueve la Xunta y que responde, afirman, «exclusivamente a los intereses del capital y no ofrece garantías de protección ambiental», tal y como «están demostrando todas las paralizaciones cautelares de parques eólicos que resuelven los tribunales».

Convocados por la Coordinadora «Eólica Así Non», colectivos como la Coordinadora Somos Suído, la Asociación pola Defensa da Ría o SOS Caroi se concentraron en la plaza de A Peregrina, después de que el pasado día 26 se suspendiesen las movilizaciones previstas en 9 localidades gallegas a causa del temporal.

«Querennos calar para untar ao capital», «Espolio e miseria é o que nos deixan», «Monte galego con futuro e emprego», «Con este gobernó o monte vai morrendo» y «O capital bótanos do rural» son algunos de los lemas que corearon los asistentes (unos 200, según cifras de la organización, procedentes de distintos concellos de la comarca) que denunciaron que «con la connivencia de la Xunta la energía gallega se va para la ganancia madrileña».

En general, los participantes en las protestas critican que los parques eólicos son «una amenaza continua» al rural gallego, multilicando la despoblación e impactando sobre el agua, las propiedades, el medio ambiente y la salud». Acusan a la administración gallega de «dejar totalmente indefensas a las comunidades frente a las garras de las eléctricas», como señalaron durante la lectura del manifiesto en A Peregrina.

Las movilizaciones quisieron visibilizar el «gravísimo impacto» de los parques eólicos previstos en entornos naturales como el monte Castrove o la Serra do Suido y se replicaron con distintos formatos en otras 6 localidades gallegas.

Acusan a la Xunta de «dejar totalmente indefensas a las comunidades frente a las garras de las eléctricas»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, y el diputado del BNG Luis Bará, fueron algunos de los participantes en la concentración en la Boa Vila. Al igual que las movilizaciones en Marín y Campo Lameiro, demandaron una nueva planificación eólica que ordene la explotación de esa energía en el territorio, haciendo partícipe de los beneficios al pueblo gallego y que «no se desarrolle en función solo de los intereses de las grandes multinacionales energéticas».

Los participantes apelaron a la suspensión preventiva de este modelo eólico, pidieron respeto a las decisiones judiciales que paralizan estos proyectos y la participación de las entidades de defensa del territorio en esa nueva planificación energética pública, con una tarifa eléctrica gallega y una apuesta por el autoconsumo.

Los organizadores critican que las últimas reformas legales de la Xunta se proponen dificultar que la población se pueda defender de «estos proyectos agresivos y depredadores del territorio», y acusan al ejecutivo que encabeza Alfonso Rueda de ejercer «violencia institucional» contra los colectivos vecinales afectados. Afirman que estas comunidades «sufren un continuo acoso administrativo a través de la sobresaturación de proyectos, de la desregulación y de la generación de inseguridad jurídica, difamando y criminalizando la protesta social».

En el caso concreto de O Morrazo, la Plataforma Eólicos no Morrazo Non (integrada por particulares y colectivos de localidades como Bueu, Cangas, Moaña y Vilaboa) demandó la modificación del Plan Eólico de Galicia y la supresión del Área de Desenvolvemento Eólico de la comarca, con la consiguiente eliminación de la tramitación del parque de Arena Power.

Los afectados y las asociaciones ecologistas lamentan que el expediente que tramita esta empresa para instalar 15 aerogeneradores en los montes de O Morrazo «continúa en trámite, independientemente de los cambios que se pueda producir en la propuesta inicial, en cualquier momento podemos encontrarnos con el trámite de exposición pública».

Al igual que las movilizaciones en otras lodalidades, los asistentes lamentan que la Xunta «mantiene una completa ocultación a la ciudadanía y no informa (a comunidades de montes, personas propietarias, conclelos, colectivos sociales etc) ni le da audiencia en el expediente.