La "piqueta" llega al edificio ilegal de Lapamán, en Marín, cuyo derribo se ordenó en 2013

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (Aplu) ha iniciado la demolición de un edificio ilegal en el Camiño Real de Lapamán (Marín) sobre el que pesaba una orden de derribo desde 2013. Estos trabajos, supervisados este viernes por la directora de la agencia, Victoria Núñez, comienzan cuatro meses después de conocerse una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra en la que condenaba a la Aplu a ejecutar ese derribo y calificada de «inexcusable» el retraso de más de once años.

Apenas unos días después de aquella sentencia, la agencia licitaba los trabajos por unos 180.000 euros, con un proyecto que se elaboró ya en 2022 y ayer se hizo oficial el inicio de esa labor. El edificio se localiza en el límite de Marín y Bueu y en su día se levantó con licencia del segundo municipio, lo que generó un pleito de lindes que acabó ganando Marín, de modo que el inmueble en cuestión carecía de licencia en vigor legal.

Este proceso empantanó la demolición, pero el juzgado pontevedrés sostiene que el retraso es “inexcusable”. Recordaba en su sentencia que la primera orden se dictó en mayo de 2013 y se trata de un edificio sin concluir ubicado en el Camiño Real, junto a la playa de Lapamán, en Casas, de la parroquia marinense de Ardán.

Las obras comenzaron hace unos días en el interior del edificio, con el desmantelamiento de instalaciones interiores y ahora se inició la labor exterior. La previsión es que los trabajos estén finalizados en la primera quincena de marzo.

La Xunta subraya que «ejecuta subsidiariamente la orden de demolición dictada por la Aplu, tras no haber ejecutado el propietario el derribo, tal y como se había notificado, y al que se le repercutirá el coste». Añade que «muestra el firme compromiso con su deber de recuperar el territorio especialmente protegido, como ejemplifica esta obra sin finalizar erigida sobre la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, generando un fuerte impacto sobre el paisaje».