Concluye, 25 años después, el juicio por contrabando del «caso Nené Barral»
“Solo quiero vivir, porque llevo 24 años sufriendo, sufriendo y sufriendo”, fue el alegato final de Feliciano Barral, hermano del supuesto cabecilla de la trama, fallecido en 2023

Un momento del juicio celebrado ayer en la Audiencia de Pontevedra. / Gustavo Santos
El hasta ahora proceso judicial pendiente de resolución más antiguo de España, ha quedado visto para sentencia. Es el macro proceso conocido como «caso Nené Barral», que debe su nombre al exalcalde popular de Ribadumia, fallecido en noviembre de 2023, que actuó como supuesto cabecilla de una trama de contrabando de tabaco. Además de Nené Barral, otros tres acusados también fallecieron desde que se abrió esta investigación, hace casi 25 años.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el asunto, en el que los ocho acusados presentes se declararon inocentes y en el que el Fiscal lamentó la «absolutamente anormal» dilación del proceso.
Entre los procesados se encuentran también funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes se acusa de revelación de secretos.
La sentencia está condicionada además por un auto previo, de febrero de 2023, por el que ahora solo se juzga un supuesto delito de revelación de secretos y otro de contrabando. Este auto declaró la nulidad de todas las escuchas y, por tanto, de la mayor parte de las pruebas que podrían sostener la acusación.
«Solo quiero vivir, porque llevo 24 años sufriendo, sufriendo y sufriendo», fue el alegato final de Feliciano Barral, hermano del supuesto cabecilla de la trama. Su compañero de banquillo José Manuel S.G. añadió que «llevo 25 años sufriendo este calvario; no me quedan fuerzas». Los otros seis acusados no hicieron uso de su derecho a la última palabra.
Al término de la vista, el fiscal mantuvo la petición de condena, con diferentes penas de cárcel y multas para cada uno de los ocho acusados, mientras que sus defensas pidieron la absolución.
El fiscal expone en su escrito de acusación que los hombres que se han sentado en el banquillo en varias ocasiones durante los últimos 25 años, «de acuerdo con otras personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, han venido integrando en Europa y en España, fundamentalmente en la Comunidad Autónoma gallega (en las provincias de A Coruña y Pontevedra) desde el año 1996 hasta el mes de mayo de 2001, un grupo organizado, estable con proyección internacional, y delimitada asignación de tareas y jerarquización entre sus miembros, con la finalidad de procurar la introducción en España y en el territorio de la Unión Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, así como a través de contenedor».
En este caso se les vincula con cuatro contenedores llegados a la Zona Franca de Vigo con más de 431.000 cajetillas de tabaco de la marca Mágnum Especial.
En todo caso la nulidad de las escuchas radiofónicas realizadas durante la investigación será determinante para la resolución del proceso.
Este procedimiento judicial, el más antiguo de España pendiente de resolución, se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía en el año 1999 por el juez José Antonio Vázquez Taín. De hecho, uno de los abogados lamentó el «calvario» sufrido por su representado y otros acusados, a causa del «afán de protagonismo del instructor» de la causa.
Pese a la dificultad probatoria del caso una vez anuladas las escuchas y a pesar de las dilaciones sufridas en el procedimiento, el fiscal Augusto Santaló mantuvo la petición de condena para los ocho encausados, con penas de entre dos y tres años de cárcel, así como multas que van desde 1,8 a los 15 millones de euros.
La acusación de revelación de secretos a un funcionario público se saldaría –según la petición de la Fiscalía– en una multa de 5.400 euros.
Los abogados de las defensas han pedido la absolución de sus patrocinados, algunos de ellos ni siquiera mencionados en los escritos de acusación, según expusieron o, en otros casos, alegando que el buque interceptado estaba en la zona franca del puerto de Vigo, por lo que entienden que no se habría introducido el tabaco en territorio comunitario. También han hecho hincapié en la gran demora en la tramitación de esta causa.
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