Hacienda tasa el parque inmobiliario urbano en 2.000 millones: 46.216 euros por vivienda
Es un 18% más que elevado que hace una década, cuando se cifraba en 39.176 euros | El municipio suma 41.437 unidades residenciales en el Catastro, el 55% del total | El valor catastral total roza los tres mil millones de euros

Un atasco causado por un accidente en el tramo pontevedrés de la Autopista de Atlántico. | Gustavo Santos
El BNG acaba de pactar el presupuesto de este año con el PSOE, un documento que supera los 98 millones y 32,6 de ellos proceden de los impuestos directos, entre los que destaca el de Bienes Inmuebles (IBI), que se calcula en función del valor catastral que el Ministerio de Hacienda asigna a cada bien inmueble del municipio. Según el último balance del Catastro, el año 2024 se cerró con 75.227 unidades, lo que supone un descenso de 188 con respecto al balance de 2023. Pese a esa ligera caída, que se concentra en el apartado industrial, el Ministerio de Hacienda eleva un año más el valor global de todas las unidades catastrales, que se sitúa en 2.971 millones de euros, el más alto de la historia, 31 más que en 2023 y un 25% más que hace una década, cuando apenas se llegaba a 2.400 millones.
Buena parte de estas cifras corresponde a los inmuebles de uso residencial, ya que son 41.437 (el 55% del total), 28 menos que hace un año, pero su tasación se dispara hasta los 1.915 millones frente a los 1.890 de 2023. Esto significa que Hacienda valora en 46.216 euros cada vivienda incluida en el censo catastral. Son 626 euros más que doce meses antes y en una década se ha revalorizado un 18%. En 2015 apenas se superaban los 39.100 euros por unidad residencial.
A estas cifras se deben añadir las plazas de garaje (que el Catastro identifica como «almacén o estacionamiento», que añaden otras 22.663 altas, un apartado que también registra un retroceso de 87 unidades.
Esos 74.227 bienes, 1.188 menos que en el ejercicio anterior, están tasados con un valor catastral total de 2.971 millones de euros, lo que supone una cifra media de 40.000 euros cada uno. Frente a este aumento de la valoración, se produce una caída en las altas Así, Hacienda cataloga tal solo 2.511 unidades industriales, más de mil menos que hace un año, mientras que hay 82 locales comerciales menos. Un dato muy llamativo del padrón catastral es el relativo a los edificios singulares, ya que son 21 y su valor total se sitúa en más 40 millones.
Hacienda cataloga tal solo 2.511 unidades industriales, más de mil menos que hace un año, mientras que hay 82 locales comerciales menos
Otro aspecto llamativo de las estadísticas de este año con las que se elabora el padrón del IBI es el relativo a los denominados Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), donde figuran las autopistas, los parques eólicos, los aeropuertos o los puertos comerciales. En este último caso, aparece el Puerto de Marín repartido entre este municipio y el de Pontevedra, con la capital con un mayor porcentaje de bienes.
Según el Catastro, de las 216 unidades sujetas al IBI en el recinto portuario (los mismos que el año anterior), 159 corresponden a Pontevedra y solo 57 a Marín, con una tasación de 34,5 y 15 millones de euros respectivamente. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que Marín reclama desde hace años la plena titularidad del Puerto, pero el proceso de deslinde acumula una prolongada paralización.
Primer año de pago íntegro del IBI por la AP-9: 315.000 euros
A finales de 2024, Audasa, empresa concesionaria de la AP-9, tuvo que pagar de forma íntegra el IBI por el paso de la autopista por los municipios de Vilaboa, Poio, Barro, Portas, Caldas y Pontevedra. Fue el recibo del pasado año el primero el que ya no estaba vigente la bonificación del 95% en este impuesto del que gozaba la empresa desde hace medio siglo.
De este modo, esos municipios pudieron ingresar alrededor de 1,5 millones de euros por los terrenos de sus respectivas demarcaciones que se ven afectados por el trazado de la AP-9.Esto supone un incremento en la recaudación de aproximadamente 1.380.000 euros sobre lo que venían cobrando hasta el pasado año, puesto que la empresa gozaba desde hace cinco décadas de la exención aprobada por el gobierno de Carrero Blanco (en plena dictadura franquista) apenas dos meses después de su nombramiento, en el acto de aprobación de la construcción del vial, auspiciada entonces por media docena de entidades bancarias. Mantuvieron esta exención los gobiernos posteriores.
El agujero en las cuentas públicas se vería incrementado apenas diez años después, en 1983, cuando, ya con Felipe González en la Moncloa, la compañía tuvo que ser rescatada. Es difícil calcular con exactitud la pérdida que supuso para las arcas públicas de la zona medio siglo de reducción, de la Contribución Territorial Urbana primero y del IBI después, pero solo en la última década la cifra superaría los 13 millones de euros.Caldas ingresaba hasta ahora 32.000 euros por este concepto y ahora son 330.000. Portas, que no llegaba a los 10.000 euros, sube a 194.000; una cifra que Barro calcula en 187.661 euros, mientras que Poio pasará de apenas 1.700 euros a unos 34.000, aunque, sin duda, los más beneficiados serán la capital de provincia y Vilaboa.En Pontevedra su recibo se sitúa en 314.801 euros, muy por encima de los de 15.740 anteriores, cifra que supera Vilaboa, al pasar de 23.200 a unos 464.000. La exención fiscal concluyó en agosto de 2024, que era cuando debía de haber caducado la concesión si no fuese por la ampliación de otros 25 años aprobada a principios de milenio por el ejecutivo de José María Aznar.
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