El concurso de residuos exige la inversión de 35 millones y 10 más para la planta de compostaje
El 60% de ese presupuesto debe estar ejecutado en los primeros tres años del contrato | Un informe técnico alerta del «riesgo» que implica la planta de compostaje de A Canicouva al poner coto a otras posibles ubicaciones

Un centro comunitario de compostaje en el barrio de A Parda. / Rafa Vázquez
El Concello de Pontevedra ya tiene en marcha el proceso para adjudicar el mayor contrato de su historia. Se trata de la gestión del servicio de recogida y tratamiento de residuos por valor de más de 256 millones para los próximos 20 años. En pocas semanas se podrá comprobar si hay empresas interesadas, ya que esta es la segunda ocasión en la que el Concello saca a concurso el servicio puesto que el pasado intento quedó desierto. La intención municipal es adjudicarlo antes de mediados de 2025.
La empresa que resulte adjudicataria ingresará un máximo de 12,8 millones por año. En este importe no se incluyen los residuos no separados, que se tratan en Sogama, ni la limpieza de edificios y colegios. Y entre sus obligaciones figura la inversión de unos 45 millones de euros en los primeros quince años del contrato. Unos 35 de ellos son para material y maquinaria y otros diez para la polémica planta de compostaje prevista en A Canicouva.
Así se pone de manifiesto en un obligado informe técnico de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un documento que precisaba el Concello para abrir la licitación y que, entre otras cosas, analiza las ventajas y riesgos de la modalidad de contratación. Sobre este último apartado, la ONE alerta de la exigencia de ubicar la planta obligatoriamente en A Canicouva, ya que cualquier variación de emplazamiento correría a cargo de la adjudicataria, una exigencia que puede afectar a la rentabilidad del contrato.
Este informe de la ONE explica que «el estudio de viabilidad económica aportado por el Ayuntamiento de Pontevedra recoge que la inversión asociada al contrato asciende a 45.069.413 euros, considerando las reinversiones previstas, a cargo del adjudicatario, destinadas a las obras de la planta, instalaciones, maquinaria y otros medios materiales. Además, esta previsión de inversión es susceptible de ser incrementada por los licitadores en sus ofertas».
Esa cifra se reparte en unos 34 millones de euros para «maquinaria y utillaje (maquinaria vehículos industriales, contenedores, maquinaria diversa, papeleras y bienes subrogados); elementos de transporte (vehículos); mobiliario y otro inmovilizado material (otras inversiones y contenedores recibidos al inicio de la concesión). Otros diez millones se reservan para «construcciones y terrenos», así como licencias y demás gastos de la planta de compostaje. El resto se destina a «aplicaciones informáticas».
También se indica que «del total de inversiones, se ejecutan desde el inicio y en los primeros tres años de contrato, 28.508.818 euros; 38.448 euros en la quinta anualidad; 16.483.699 euros en la décima anualidad; y 38.448 euros en la decimoquinta anualidad».
Uno de los apartados más llamativa del informe de la ONE es el relativo a los «riesgos» del complejo de compostaje. Al respecto, el documento explica que «dentro del objeto del presente contrato de concesión figura la obligación de la construcción y explotación de una planta de compostaje a localizar en los terrenos reservados a tal objeto en A Canicouva, para garantizar el tratamiento en proximidad del flujo procedente de la recogida separada de los biorresiduos, así como, de ser necesario por el modelo de recogida, de una planta de clasificación complementaria para inertes».
La ONE requirió al Concello que aclarase «si la construcción de la planta es una obligación esencial del contrato o cabe considerar que en la práctica quedaría a la voluntad del contratista, asumiendo la menor retribución» y la respuesta fue que «la construcción y explotación de la planta forma parte del objeto del contrato, y se justifica para garantizar el tratamiento en proximidad del flujo correspondiente». Su emplazamiento será en los montes alquilados a los comuneros, pero si la empresa quiere usar otro lugar, todos los gastos correrán por su cuenta. Por ello la ONE detalla que «a juicio de esta Oficina, se trata de un riesgo que el Ayuntamiento debería retener o mitigar al menos en parte, ofreciendo al concesionario algún tipo de solución alternativa o apoyo ante esta eventualidad, por ejemplo, poniendo a su disposición algún terreno alternativo que resultara idóneo para la construcción u otras soluciones como sería otorgar la posibilidad de que el concesionario procediera a la ampliación de alguna planta de tratamiento que actualmente se encuentre en funcionamiento».
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