Seis de cada diez alojamientos de la ciudad son pisos de uso turístico, que ofrecen 2.433 plazas

Es casi el doble de las 1.340 camas disponibles en la treintena de hoteles y pensiones, mientras que hay medio millar de espacios más en otras modalidades | El nuevo decreto estatal para regular estas viviendas levanta el rechazo del sector

Turistas extranjeros se fotografían ante el santuario de la Peregrina.

Turistas extranjeros se fotografían ante el santuario de la Peregrina. / Gustavo Santos

La ciudad de Pontevedra ha comenzado el año con 478 viviendas de uso turístico (VUT), que ofrecen un total de 2.433 plazas, según el último balance del registro oficial de la Xunta, que no incluye, obviamente, los negocios ‘en negro’ y que elevarían la cifra de forma notable. Con esas 2.433 plazas oficiales, el 60% de todos los alojamientos turísticos de la ciudad corresponde a las VUT legales, y supone cerca del doble de las camas que se ofrecen, según el mismo registro, en la treintena de hoteles y pensiones contabilizados en el municipio, y que suman 1.340 espacios: 1.099 en hoteles y 241 en pensiones.

Además, están censadas 447 plazas en albergues (86 en la de peregrinos de la Xunta y 361 en otros doce privados), 38 más en apartamentos turísticos y seis en un establecimiento de turismo rural. En total, son 4.264 camas en el municipio. Con respecto a enero de 2024, la ciudad cuenta ahora con 189 plazas más, de las que 88 corresponden al aumento de VUT, otras seis son de apartamentos turísticos, 83 más de hoteles y doce de pensiones.

Aunque las viviendas han pasado en un año de 461 a 478, en un fenómeno de crecimiento imparable en los últimos años, esta evolución puede verse truncada tanto por las limitaciones que quiere introducir el Concello, como por el próximo decreto estatal para regular esta actividad y que obliga a disponer de un permiso expreso de la comunidad de propietarios del inmueble, una autorización difícil de obtener ante las dudas de los demás vecinos a tener una VUT en su edificio. Este decreto ya ha generado quejas del sector y la asociación Aviturga confía en que sea anulado por los tribunales.

Lo cierto es que este tipo de alojamiento es el dominante en toda la comarca, con 4.623 VUT que ofrecen 24.666 plazas en este mes. Sanxenxo encabeza de forma notable el listado, con 3.058 viviendas con 15.960 camas, por delante de las 497 de Poio (con 2.720 plazas), las 478 de Pontevedra o las 228 de Marín, que disponen de 1.254 espacios. Caldas ofrece 704 plazas, Vilaboa otras 381 y Cerdedo-Cotobade 262. La lista se completa con Ponte Caldelas (224), Barro (138), Cuntis (134), Portas (127), Moraña (124), A Lama (119) y Campo Lameiro (86).

Ante este panorama, el Concello de Pontevedra aprobó hace un año en pleno una moción del grupo socialista en relación a la regulación de las viviendas de uso turístico. El texto aprobado implica la elaboración de una ordenanza municipal de VUT que regule y limite dentro de las posibilidades que ofrecen el actual PXOM y el Peprica. También se insta a la realización, en colaboración con la Xunta de Galicia, una labor de detección de las viviendas teóricamente residenciales que, "de modo irregular" se están comercializando como viviendas de uso turístico, ya que no están inscritas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia.

Además, la Comisión de Urbanismo e Ordenación do Territorio daba en septiembre el visto bueno a la revisión del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico (Peprica) para igualar las condiciones de las VUT en el centro histórico a las del resto de la ciudad, donde solo pueden ubicarse en plantas baja y primera, o en un edificio dedicado por completo a esta actividad. La norma vale también ahora para el centro histórico. Todas aquellas que se encuentren en otra situación están en situación irregular y por ello el Concello solicitará a Turismo de Galicia que tramite la baja de aquellas que se encuentran fuera de ordenación. Esta regulación ya fue respaldada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que reconoció el uso turístico como una actividad terciaria, criterio que se mantendrá en la zona monumental.

En septiembre pasado estaban registradas en el centro histórico de la ciudad 90 viviendas de uso turístico y se detectó un incremento de solicitudes de apertura, por lo que se intenta corregir el problema del aumento del mercado turístico con un mayor control por parte de la comisión de seguimiento del Peprica.

En paralelo, el Concello realiza un estudio del estado de la vivienda en Pontevedra que dará una radiografía de cómo se encuentra el sector en la ciudad. No se trata solamente de estudiar el ámbito de la vivienda sino también aspectos como valoraciones dentro del mundo del alquiler, de la compraventa, estudios comparativos con otras localidades de la comarca y del resto de ciudades desde el año 2021 para evitar la situación anómala de la pandemia; situación de la vivienda turística, conocer el número de viviendas susceptibles de construcción al amparo del PXOM actual y de un hipotético nuevo plan teniendo en cuenta la normativa marco actual, o estudios valorativos sobre la necesidad o no de declarar zonas de mercado tensionado.

Contra la "duplicidad de registros"

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha mostrado su "total rechazo" al decreto estatal por el que se crea el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Entiende que es "contrario" al reglamento de la Unión Europea ya que para las viviendas turísticas "impone una duplicidad de registros, extremo expresamente prohibido por el reglamento europeo". Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, recuerda que las VUT "ya están inscritas en los correspondientes registros autonómicos por lo que obligarlas a pasar nuevamente por una nueva inscripción, ante el registro de la propiedad en este caso, vulnera frontalmente la norma europea que tiene primacía y preferencia frente a la nacional". Además, considera que el decreto "es contrario a la Constitución toda vez que el Gobierno se arroga unas competencias que no le corresponden pues las comunidades autónomas son las competentes en materia de regulación y comprobación de los alojamientos turísticos". Sin embargo, señala que "el Gobierno ha creado un sistema para que sean los registradores de la propiedad (dependientes del Ministerio de Justicia) los que asuman la competencia de verificación de las viviendas turísticas vulnerando competencias exclusivas de las comunidades autónomas". Por ello, Aviturga muestra su total respaldo a la decisión adoptada por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo frente al mencionado decreto. "Dada la gravedad de la situación y ante el perjuicio irreparable que va a causar al sector de las viviendas turísticas, Aviturga confía en que el Tribunal Supremo adopte la suspensión cautelar solicitada".

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