El Concello intensifica su presión al Gobierno central para que no renuncie al paseo a Marín
Tras ocho meses sin noticias sobre la continuidad de la senda marítima entre Mollavao y Praceres, el gobierno local teme que Costas guarde el proyecto definitivamente en un cajón | La senadora Carme da Silva encabeza la campaña

La PO-11, invadida por el mar en el tramo donde aún no se ejecutó el paseo. / Rafa Vázquez
En abril pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica anunciaba que no ejecutaría la segunda fase del paseo peatonal por la ría entre Mollavao y Praceres por «incumplir la ley de Costas» al proyectarse una pasarela pilotada sobre el mar. Incluso se alertaba de que los cada vez más frecuentes anegamientos de la autovía de Marín por las subidas de la marea impedían completar esa senda marítima. La noticia causó notable malestar en la ciudad ya que dejaba por la mitad la ejecución del paseo que uniría Pontevedra y Marín, una obra que se paró después de ser adjudicada y realizado un tramo.
Fue tal el revuelo en Pontevedra que el ministerio rectificó un mes después y anunció el estudio de varias alternativas para dar continuidad a ese recorrido. La principal opción era «desplazar» la PO-11 (la autovía) hacia el interior con el fin de ganar terreno para ejecutar el paseo sin necesidad de una pasarela volada sobre el mar. Para ello era necesaria también la intervención del Ministerio de Transportes.
Sin embargo, ocho meses más tarde no ha habido contacto alguno con el Concello y el gobierno local teme que Costas decida guardar definitivamente el proyecto en un cajón. Por ello, ha decidido intensificar su presión ante el Gobierno central para que mantenga viva una actuación que Costas considera «invasiva sobre el mar, que no es segura y que incumple la normativa», más aún con la frecuencia de las inundaciones de la PO-11. La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no parece que vaya a cambiar los criterios actuales y ganarán más fuerza los ambientales .
Con la exconcejala y actual senadora del BNG Carme da Silva como «punta de lanza» de la campaña del Concello y las negociaciones del presupuesto de 2025 en el punto de mira, el gobierno local explica que incluso se ha solicitado una reunión de trabajo con los dos ministerios implicados.
Fue en mayo cuando Costas puso sobre la mesa dos alternativas para completar el trazado y la más factible era la de desplazar la actual autovía unos metros hacia el interior, al tiempo que se eleva sobre su actual cota. De este modo, además de continuar el paseo se evitarían las inundaciones que se producen sobre esta carretera cuando coinciden lluvias intensas y pleamar.
En esta solución, el nuevo paseo iría conectado directamente con la actual pasarela de las mariscadoras. Tendrá también un ancho mayor al previsto inicialmente, pudiendo llegar hasta un máximo de cuatro metros. Esta alternativa solventaría además los problemas de inundaciones de esta carretera, que la dejan inoperativa durante esos episodios de subida de marea, si bien es la más costosa de las planteadas.
La otra alternativa, que menos agrada tanto a Costas como al Concello de Pontevedra, consistiría en apoyar sobre el mar solo una parte del paseo, con el otro extremo anclado a la actual autovía.
En busca de medidas contra las anegaciones cada vez más habituales en la PO-11
Al mismo tiempo que se frenaba la continuidad de paseo a Praceres, el Ministerio de Transportes licitaba un contrato de servicios “para evaluar la resiliencia de la Red de Carreteras del Estado (RCE) ante eventos hidrometeorológicos y la gestión de inundaciones, en el marco del plan de adaptación al cambio climático”. Este plan, que se presupuestó en 4,97 millones de euros se extiende a la red viaria nacional en toda España, pero en el caso de Pontevedra se centra en la PO-11, denominación oficial de la autovía de Marín.Discurre al borde de la ría y se ha convertido en los últimos años en un escenario recurrente de inundaciones cada vez que se producen temporales y fuertes lluvias, asociadas a la subida de la marea. Las olas invaden con más frecuencia la calzada, lo que obliga a cortar el tráfico, incluso en ocasiones en los cuatro carriles de ambos sentidos. El contrato tenía el objetivo de “estudiar los riesgos de origen hidrológico en la Red de Carreteras del Estado, así como el desarrollo de instrumentos que permitan mejorar la gestión de las inundaciones”. Transportes explica que “en las infraestructuras viarias, los riesgos hidrológicos se materializan en tipos de dos afecciones: la acumulación de agua en la calzada que imposibilita la circulación en condiciones de seguridad, dejando fuera de servicio un tramo, y el deterioro o fallo de determinados elementos y estructuras de la red”. Ambos casos se producen en la autovía de Marín.
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