El Concello prepara su mayor contrato: 13 millones anuales para modernizar la gestión de los residuos

El gobierno local admite que la limpieza urbana es ”manifiestamente mejorable” tras no renovar el servicio desde 1999 | El próximo concurso, por veinte años, rescata la ejecución de una planta de compostaje en A Canicouva

Un compostero comunitario en la calle Eduardo Pondal de Pontevedra.

Un compostero comunitario en la calle Eduardo Pondal de Pontevedra. / Rafa Vázquez

Nicolás Davila

La gestión de los residuos es un servicio municipal que no se renueva, con un nuevo concurso, desde hace 25 años y a día de hoy el gobierno local admite que la limpieza urbana es “manifiestamente mejorable”. De hecho, es uno de los principales focos de crítica de la oposición. Tras dos convocatorias anteriores fracasadas, a finales de 2022 y en mayo de 2023, el Concello prepara ya un tercer intento de adjudicar este contrato, que será el mayor de la historia municipal: 256 millones de euros por veinte años, a razón de 12,8 millones anuales.

Y no será solo adjudicar la limpieza de las calles o la recogida de la basura, sino que este nuevo contrato implica un giro radical con respecto al anterior, ya que deberá incluir la generalización del compostaje, el tratamiento de residuos específicos y otras novedades que se plasman también en la ordenanza que prepara el gobierno local en paralelo a este concurso.

La documentación rescata el viejo proyecto de crear una planta de compostaje en montes de A Canicouva, donde el Concello abona desde 2015 un alquiler de 20.000 euros al año a los comuneros, pese a que no utiliza esos terrenos. La pretensión es que la futura empresa ejecute obligatoriamente esa planta en esa ubicación en los cinco años posteriores a la adjudicación. La inclusión de esa obligación viene derivada de la victoria judicial y administrativa del Concello, que avala la legalidad de ese contrato frente a las críticas y denuncias formuladas por el PP. Con ese aval en la mano, el gobierno local puede planificar este proyecto en A Canicouva.

Los dos intentos anteriores de adjudicar la gestión de los residuos quedaron frenados o anulados por diversos factores. Uno de ellos es que se incluía el tratamiento del material textil. Un recurso empresarial obligó a retirarlo del contrato y tramitarlo por separado. En otro caso, las condiciones económicas provocaron que ninguna empresa se interesara por el servicio. Ahora se incrementa el presupuesto, de 11,6 a 12,8 millones al año y, sobre todo, se elimina la repercusión sobre la empresa adjudicataria de los costes de Sogama. Anteriormente esas tarifas por enviar la basura a la planta de la Xunta (más de un millón de euros al año) las tendría que pagar la empresa. Ahora serán las arcas municipales las que asuman ese gasto. Se pretende así que haya firmas interesadas, no como hace un año, cuando el concurso quedó desierto. De hecho, se ha aumentado de forma notable el presupuesto, hasta 12.815.000 euros, muy por encima (más de un 30%) de los 9,7 millones anuales que cuesta ahora el servicio.

El gobierno local ya ha aprobado el régimen jurídico de este servicio público así como el anteproyecto de explotación y el estudio de viabilidad. Esta documentación, que se tramitó prácticamente desde cero, debe ser ahora analizado por la Oficina Nacional de Evaluación. Si este departamento da luz verde al expediente, se podría licitar el concurso. La idea es hacerlo este año para lograr su adjudicación en 2025 con dos décadas de duración.

El alcalde, Miguel Fernández Lores no solo admite que la limpieza es “manifiestamente mejorable”, sino que debe aplicarse un “cambio de paradigma” en la gestión de los residuos, una nueva filosofía que se plasma en la ordenanza en tramitación y que apunta a revolucionar las costumbres de los vecinos en materia de tratamiento de sus basuras.

Esta nueva normativa municipal sobre residuos será la primera de este tipo que aprobará el Concello y, entre otras cosas obligará a separar en casa todos sus desechos al menos en ocho categorías diferentes. Hasta ahora no es obligatorio realizar esta separación en origen y de hecho Pontevedra no destaca en las estadísticas por sus cifras de reciclaje con respecto a otros concellos. Pero con esta nueva ordenanza, todos los pontevedreses tendrán la obligación de compostar la materia orgánica, bien en los composteros individuales en casa, en los comunitarios en la calle o usando los contenedores marrones donde los haya. Además, de separar los productos ya habituales como vidrio, papel, envases y resto, habrá que hacerlo con la materia orgánica, las pilas, el aceite de cocina y el material textil. De este modo, de los cuatro contenedores actuales en la calle, se pasará al doble. Uno de ellos será el recipiente marrón, que se generalizará ya que hasta ahora solo existe en el centro de la ciudad.

Una ordenanza para separar todo en casa

La futura ordenanza se adapta a la normativa marco de la UE y su tramitación se ha hecho en paralelo a la del nuevo contrato. El documento apunta como “obligación” la de “minorar la producción de residuos en todas sus clases”, “separar en origen” y, de modo especial “gestionar los biorresiduos generados en las viviendas unifamiliares en composteros individuales” y “llevar los biorresiduos a los composteros comunitarios”, además de separar el vidrio, el papel o los envases. Incluso se detalla que “en el caso de las viviendas unifamiliares con parcela exenta mayor de 50 metros cuadrados” se deberá “gestionar sus biorresiduos mediante compostaje domestico” con la posibilidad de realizar inspecciones para comprobar que se cumple. Como es habitual en este tipo de ordenanzas se incluye un apartado sancionador que establece varios rangos de multas. Las infracciones leves conllevan sanciones entre 80 y 750 euros, mientras que las graves oscilan entre los 751 y los 1.500 euros. Las muy graves se multan entre los 1501 y los 3.000 euros. Entre las actividades prohibidas figuran “lavar o reparar vehículos o cambiar el aceite u otros líquidos en la calle” así como “tirar a la vía pública toda clase de productos, sólidos o líquidos, por los transeúntes y los usuarios de los vehículos, ya estén en marcha o parados, así como desde los inmuebles”. Escupir o realizar las necesidades fisiológicas tampoco se permite, así como realizar pintadas y grafitis, junto con el “abandono de residuos en terrenos públicos o privados producidos en zonas de baño, acampadas, excursiones, romerías y otras similares circunstancias”.

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