Ninguna empresa quiere el contrato de la basura de Pontevedra

Rematado el plazo de presentación de ofertas, ninguna empresa ha optado al contrato de recogida y tratamiento de los residuos municipales, el más importante del Concello de Pontevedra, por un importe de 225 millones de euros y 21 años de concesión. Lo anunció este miércoles el responsable de la gestión de la basura en Pontevedra, el concejal Raimundo González Carballo, quien recuerda que el próximo día 9 se prorrogará por un año el actual contrato.

El edil, que como todo el gobierno municipal ejerce en funciones, propone al nuevo concejal del área –una vez que se constituya la nueva corporación municipal—solucionar el problema cambiando el modo de contratación. Se pasaría de una concesión a un contrato de servicio, que supone, entre otras cosas, que la empresa cobre un canon fijo por la tarea (en el de concesión asume riesgos y penalizaciones) y sería por menos tiempo. “Esta es la opción que yo propongo, pero lo tendrá que decidir el nuevo gobierno y el nuevo edil del área”, subrayó González Carballo, quien no considera un fracaso esta falta de ofertas de las empresas del sector porque “si yo hice bien el trabajo no lo considero un fracaso; yo tengo la satisfacción del trabajo bien hecho”, afirmó el concejal.

La clave de la falta de concurrencia de empresas estuvo en la retribución, que con el contrato en concesión es variable y está sujeta a penalizaciones por fallos en el servicio, con penalizaciones que pueden llegar al 3 por ciento del precio. En el contrato de servicio no cabe la incertidumbre en la remuneración, ya que la empresa cobraría un canon fijo. Como contrapartida, el Concello se vería obligado a reforzarla inspección municipal. "Este es un sector que está acostumbrado a la retribución fija", apunta el edil.

Raimundo González explicó que en las diferentes reuniones con las empresas del sector, estas manifestaron su recelo a las posibles penalizaciones en la retribución, por posibles fallos en el servicio, así como por el objetivo de llegar al 65 por ciento de reciclaje. "Son objetivos que marca la ley y no vamos a incumplir la ley", subrayó el concejal. Los objetivos que persigue este contrato "son irrenunciables", señaló el edil, al margen de que se pueda cambiar el modelo de contratación para relajar las exigencias a los operadores. La contratación en servicio es el modelo por el que han optado Vigo y Santiago, según indicó el edil pontevedrés.

Este contrato --recordó el edil nacionalista-- abarca todos los tramos del ciclo de los residuos, considera a estos como un recurso y no como un desecho, coresponsabiliza a la empresa en la tarea y se adapta en todos sus términos a la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. "En mi humilde apreciación hay una reticencia de las empresas del sector a la nueva legislación", dice el concejal, quien subraya que los objetivos en materia medioambiental propuestos en el contrato son "irrenunciables".

Por otra parte, el concejal matizó que no se va a fraccionar el contrato y que esta circunstancia no altera el proyecto de la planta de compostaje.