Tres de los nueve acusados de introducir droga con el velero ‘Benirrás’ se declaran culpables

Los abogados de los que defienden su inocencia tratan de anular la investigación por cómo se practicó el seguimiento y las pruebas

Los acusados, ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra. |   // FDV

Los acusados, ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra. | // FDV / R. P.

R. P.

Tres de los nueve acusados de pertenecer a una red que supuestamente trató de introducir una gran cantidad de cocaína a través de la ría de Arousa en marzo de 2020, a bordo del velero Benirrás, se declararon culpables en el inicio del juicio que ayer comenzó en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, tras dos suspensiones anteriores.

Ante el tribunal asumieron los hechos de los que se les acusa Antolín F. P., César R. y Daniel S. Los restantes se declararon inocentes y declararán hoy, en la vista que se retoma a las 9.30 horas. Se les acusa de participar en un desembarco de droga en la madrugada del 28 de marzo de 2020.

Para el supuesto jefe de la organización, la Fiscalía pide una condena de 18 años de prisión. Para los demás el Ministerio Público solicita penas de trece años y medio de prisión. Todos los acusados también se enfrentan a multas de 300 millones de euros cada uno.

Vilagarciano

En el inicio del juicio, el abogado del principal investigado, el vilagarciano Carlos S. trató de anular el proceso con una larga exposición en la que trató de invalidar los métodos de seguimiento de su defendido y por la “desconexión temporal” entre los procedimiento judiciales abiertos en relación con esta causa.

A lo largo de la sesión celebrada ayer, los distintos abogados de la defensa han presentado las cuestiones preliminares en la que solicitaron la nulidad de todas las actuaciones al entender que la obtención de la información en esta causa se llevó a cabo sin cobertura judicial, que hubo fraude procesal, e incluso que se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de uno de los acusados, al subirse un agente a un muro de su residencia para ver en el interior del jardín.

El letrado que ejerce la defensa de uno de los acusados ha insistido especialmente en la falta de autorización judicial a una baliza instalada en una lancha fueraborda, asegurando que fue este elemento el que activó el despliegue policial, por lo que toda la actuación debería de invalidarse.

Por su parte, el fiscal Pablo Varela ha asegurado que dicha baliza no fue el elemento desencadenante y que apenas tuvo trascendencia en el operativo y ha reprochado a los abogados que “no hubo ni la más mínima novedad en el planteamiento de su impugnación” y que “todas estas alegaciones ya fueron objeto de un pronunciamiento anterior de esta misma Audiencia”, que las desestimó.

El fiscal Pablo Varela explicó que esta investigación está “nutrida por un gran caudal de fuentes de prueba” y de “indicios ciertos y datos objetivos contrastados”.

También ha replicado que algunas argumentaciones de las defensas contienen un “desenfoque” de la doctrina del Tribunal Supremo y ha criticado las “interpretaciones calumniosas de los letrados” cuando insinuaron un “supuesto contubernio entre los fuerzas policiales y la autoridad judicial”.

El fiscal recordó que todos los datos aportados por la baliza se registraron judicialmente y que algunos de los implicados en los hechos fueron identificados en el lugar, al margen de lo que aporte o no la baliza. Defendió por ello que muchas de las pruebas proceden de fuentes independientes posteriores y desconectadas de la baliza y que tampoco se produjo la desconexión temporal de la investigación.

El tribunal resolverá todas estas cuestiones previas en la sentencia y ha aceptado la solicitud de cinco de los acusados para que su declaración se produzca al final de las sesiones, tras la práctica de toda la prueba. El juicio se retomará hoy con los testimonios de los cuatro acusados que pidieron declarar antes.

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