Absuelto el guardia civil acusado de pasar información a un grupo dedicado a las talas ilegales

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra que estaba acusado por la Fiscalía de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, pertenencia a grupo criminal y delito continuado de hurto como colaborador de un grupo de madereros que hurtaba madera de parcelas de monte de toda la provincia. Según defendía el Ministerio Público, el papel de este agente consistiría en facilitar al grupo delictivo (cuyos integrantes sí reconocieron los hechos por conformidad) información protegida del catastro a la que podría acceder por su condición de guardia civil sobre parcelas de monte cuya titularidad estuviese bajo investigación o con cualquier otra vicisitud que pudiera facilitar la tala y el hurto de la madera.,

Sin embargo, la Audiencia Provincial es rotunda: aunque sí se registraron varios accesos del agente a la sede del catastro, no consta que el funcionario hubiese transmitido a los acusados información de estas consultas, ni tampoco que colaborase con ellos "de cualquier modo" en su actividad apropiarse de madera en numerosas fincas de la provincia.

Señalaba el fiscal en base al testimonio de los agentes que realizaron la investigación que las consultas realizadas por el agente fueron demasiadas como para responder "a una finalidad de investigación policial" y que además la mayoría de los accesos eran para obtener información de fincas con aprovechamiento maderero. Sin embargo, los magistrados y magistradas de la Audiencia echan en falta un informe que más exhaustivo sobre las coincidencias entre estos accesos y las fincas en las que, efectivamente, se llevaron a cabo estas talas ilegales. De hecho, tan solo se mencionan tres, algo que para el tribunal es insuficiente. "Los indicios que quiere hacer vale la acusación carecen de consistencia y carácter conclusivos para tener acreditado, más allá de toda duda razonable, que el acusado trasladara a los demás acusados y ahora condenados, la información sobre datos protegidos de la sede electrónica del catastro a la cual accedía utilizando las claves de la Guardia Civil, al margen de cualquier finalidad de interés policial", sostiene el fallo. Contra el mismo cabe interponer recurso. El agente se enfrentaba a una petición de tres años y seis meses, además de una pena de multa e inhabilitación para el empleo e guardia civil por espacio de tres años.