La administración de Justicia continúa con el proceso de digitalización. Una adaptación a la que se llegó más tarde que otras administraciones y en el que, en los últimos años, se están haciendo grandes esfuerzos, introduciendo el expediente digital, la firma electrónica (ya prácticamente extendida a la totalidad de los magistrados de Pontevedra) y la digitalización de las salas para la grabación de las sesiones.
Sin embargo, parece que la llegada de la tecnología a los juzgados de Pontevedra se sigue resistiendo en una operación que puede parecer realmente sencilla como son las videoconferencias pero que suponen a día de hoy uno de los principales quebraderos de cabeza a nivel informático para jueces y magistrados de la capital.
Es por ello que uno de los objetivos que tiene la recién reelegida jueza decana, Belén Rubido, para este mandato es poner en funcionamiento un servicio común de videoconferencias que sea fiable, sobre todo teniendo en cuenta que las conexiones videotelemáticas con otras sedes judiciales, policiales o centros penitenciarios se han convertido, después de la pandemia “en el pan nuestro de cada día”.
Es decir, que es complicado que no haya una vista oral en la que el tribunal tenga que optar por la videoconferencia como medio para la comparecencia e interrogatorio a un acusado, testigo o perito. Declaración que debe ser incorporada a la grabación y expediente digital y que, de no quedar registrada, podría suponer incluso la nulidad de un proceso. Es por ello que, aún entendiendo de que las videoconferencias en el ámbito de la Justicia deben tener ciertas garantías que las diferencian de las que todos los días realiza cualquier persona con un simple teléfono móvil, los magistrados reclaman un sistema fiable, de manejo sencillo y sobre todo interoperable con otras instituciones para evitar los actuales problemas. ¿Cuáles son estas dificultades? Por ejemplo, la incompatibilidad existente entre los sistemas que utilizan otras comunidades autónomas o con los de los centros penitenciarios que muchas veces dificultan al extremo el poder realizar una conexión. También con las sedes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en donde sí que se detecta últimamente una mejoría en cuanto a la creación de salas propias para las videoconferencias que permiten al magistrado o magistrada disponer de la inmediación suficiente, un principio básico y fundamental a la hora de proceder a la valoración de la prueba por parte de los magistrados y magistradas.
Los reiterados problemas llegaron a provocar la clausura de una sala en A Parda
Como explica la propia jueza decana. A veces la tecnología no es el único problema. También la disposición de las propias salas. Testigos que declaran muy alejados de las cámaras y en los que apenas se pueden apreciar “microgestos”, ya que “no solo nos importa lo que dice, sino cómo lo dice”, explica la magistrada.
Las dificultades técnicas en algunas salas llegaron a ser de tal magnitud que se llegó a decretar la clausura de una de las que están habilitadas en el juzgado de A Parda para la celebración de juicios debido al mal funcionamiento continuado de estos sistemas de videoconferencia y grabación, ahora ya solventados.
Los problemas con la calidad y las conexiones de las videoconferencias no son solo problema de los juzgados de A Parda. También se sufren en la Audiencia de Pontevedra por los mismos motivos.
Así, aunque reconociendo el esfuerzo que se están haciendo en otros apartados por parte de un organismo tan potente como la Amtega, (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia) consideran que este es uno de los puntos sobre los más hay que avanzar teniendo en cuenta que se ha convertido en una herramienta de uso común, especialmente después de la pandemia.
Por último, no solo se reclaman medios técnicos. También formación para el personal de Justicia en cargado de manejar los dispositivos y programas que hacen posibles estas conexiones a distancia.
Asimismo, unificar criterios entre los distintos entes que participan en la administración de Justicia para instalar sistemas compatibles para realizar estas conferencias (y también de las características de las salas que se emplean para este tipo de conexiones) es otra de las reivindicaciones.
Tres grandes peticiones
Esta, junto con las largas esperas en la emisión de informes por parte de los equipos psicosociales del Imelga (que en algunos casos superan el año y medio) y la finalización de la rehabilitación del antiguo edificio judicial en donde se encuentra el propio Imelga, la Fiscalía y los juzgados de la jurisdicción penal, son tres de los ejes en los que va a centrar sus demandas la Justicia pontevedresa en los próximos meses. Una administración que, por otro lado, mantiene unos niveles de pendencia por debajo de la media gallega pese a estos hándicaps en materia tecnológica o de recursos materiales y humanos.
