La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de tumbar una de las principales prueba de cargo que esgrimía la Fiscalía de Pontevedra contra José Ramón Barral Martínez, “Nené” Barral. El tribunal acaba de notificar un auto a las partes en el que estima las alegaciones efectuadas por la abogada del exalcalde de Ribadumia, Carmen Ventoso, y anulan todas las escuchas realizadas en el marco de esta investigación a partir del 11 de febrero de 1999, una petición a la que se adhirieron el resto de las defensas de los acusados. Además, también anulan los hallazgos y evidencias que se hubieran obtenido a través de estas escuchas.
No es el único varapalo de la Audiencia Provincial al material probatorio que esgrimía el Ministerio Público y la Abogacía del Estado contra Barral Martínez y otros 11 acusados por presunto contrabando y cohecho y que suman una petición de 10 años de cárcel y el pago de 15 millones de euros de multa. El auto comunicado ayer también estima que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al incluir en los escritos de acusación unos hechos referidos al buque Castle Town III que, sin embargo, no aparecían reflejados en el auto de transformación en procedimiento abreviado de este expediente judicial que, cabe recordar, es uno de los que más retraso acumula de España al remontarse la instrucción al año 2001.
Todas estas cuestiones previas apuntadas por las defensas de los acusados en el trámite del cuestiones previas habían provocado el aplazamiento del juicio por parte de la Sección Cuarta a la espera de resolver sobre el fondo de las mismas. Ahora, las fuentes consultadas señalan que la Audiencia no ha fijado todavía fecha para retomar la vista, pero habrá que esperar a ver cuál es la estrategia que sigue ahora la Fiscalía al verse privado de una parte importante, no solo las escuchas, sino el resto de pruebas que fueron halladas gracias a estos pinchazos telefónicos. Para las defensas, la acusación queda ahora prácticamente sin pruebas contra los acusados.
En su intervención ante el Tribunal, los letrados ya habían denunciado que las escuchas se habían realizado de manera prospectiva al llegar a mantener pinchados durante más de dos años unos 100 teléfono de unas 70 personas.
