“No se puede descargar todo el peso de la denuncia sobre la víctima, tenemos que reforzar su asistencia”

Los magistrados de Pontevedra reeligieron la semana pasada por abrumadora mayoría a la titular del juzgado de lo Penal 4, especializado en violencia de género, como jueza decana. Belén Rubido de la Torre afronta este mandato con el reto de completar la remodelación de la vieja sede de A Parda y, especialmente, reclamar que se reduzcan los tiempos de espera por los informes de los saturados equipos de valoración psicosocial del Imelga. En algunos casos, con citas de más de año y medio.

–Vuelve usted a ser reelegida después de cuatro años difíciles ¿cómo valora el periodo anterior?

–Fueron un años intensos y a la vez muy gratificantes por el hecho de tener la sensación de que estás ayudando a tus compañeros que es la labor de una jueza o juez decano.

–Primero afrontó el traslado al nuevo edificio judicial y luego la pandemia...

–Sí. El primer año se produjo el traslado a la nueva sede que fue un proceso ciertamente complejo. Por un lado porque se trataba de un traslado desde dos sedes diferentes y por otro porque había que hacerlo interfiriendo lo menos posible en la actividad. Y conseguimos algo que fue casi milagroso, como realizar el traslado –somos 23 juzgados– sin tener que suspender ni un solo juicio.

–Y luego llegó el COVID-19...

–Precisamente la pandemia suspendió este proceso de traslado. Esto es algo que hay que dejar claro. Todavía no hemos terminado. Ahora falta completar las actuaciones en este edificio, el antiguo, como por ejemplo acondicionar el juzgado de guardia.

–¿La pandemia sí supuso un mayor contratiempo en lo que respecta a los tiempos de espera?

–Hay que recordar que ya arrastrábamos cierta acumulación de trabajo por la huelga de funcionarios. El COVID-19 sí que produjo un retraso considerable: se suspendieron plazos procesales, se limitó el trabajo a procedimientos urgentes...; es verdad que en el momento más intenso (de marzo a junio de 2020) también se redujeron los procedimientos. La gente estaba centrada en la pandemia. Pero a partir de ahí, al menos yo en violencia de género, sí que percibí un importante incremento. El número de denuncias aumentaron respecto al año anterior en un 14%. Aunque se propuso no declarar agosto como mes inhábil, al final no se hizo y se pudo remontar trabajando a fondo en julio y septiembre. ¿Qué ocurrió? que, por ejemplo en los juzgados de lo Penal, al menos esa carga de trabajo extra, nos entró un año más tarde y yo personalmente sí detecté un aumento de los casos de violencia y especialmente de los quebrantamientos tras el COVID.

"Tras el Covid sí se percibió un aumento de los asuntos de violencia de género"

–Recientemente se ha dado una sucesión de casos graves de violencia de género en todo el país, ¿Hay repunte también en Pontevedra?

–Disponemos de una estadística comparada que nos indica que en Galicia se han incrementado las denuncias un 14%. Yo personalmente sí dectecto un incremento de los procedimientos penales que llegan a juicio. Además, hay que tener en cuenta la entrada en vigor en 2021 de la reforma que afectó al derecho de la víctima a la dispensa a no declarar. Hay que tener en cuenta la naturaleza propia de la relación entre víctima-testigo y acusado, que es muy cíclica. Se producía un constante proceso de denuncia-perdón que muchas veces, sin el testimonio de la víctima, abocaba a los procedimientos a una sentencia absolutoria al no contar con el principal testigo de cargo, por todas esas razones entendibles que van desde el miedo, a la vergüenza o a la reconciliación.

"Es importante que la víctima denuncie y es lo que debe de hacer, pero debe saber que es un proceso que no tiene vuelta atrás tras la reforma de 2021 sobre el derecho a la dispensa de declarar"

–¿Y qué sucede ahora con la reforma de 2021?

–La primera vez que la víctima presta declaración en el juzgado se le advierte de que tiene derecho a esta dispensa. Pero una vez que libre y voluntariamente declara y ratifica la denuncia que se presenta ya no puede volverse atrás. Y esto nos presenta ante una disyuntiva moral y ética muy importante.

–¿Por qué?

–Porque hacemos cargar con el peso de la denuncia a la propia víctima. Esto es algo que para ella es dolorosísimo. No es una víctima de un robo o incluso de una agresión sexual por parte de un desconocido. Es una persona que muchas veces tiene un conflicto moral: porque es el padre de sus hijos, porque en algún momento lo ha querido, porque no lo quiere perjudicar, porque lo disculpa aunque sean hechos que no son disculpables..., es decir, que en medio de toda esa compleja situación es cuando se encuentra con un juez que le dice que no puede dejar el proceso aunque ella quiera hacerlo. Es por ello que en charlas en los CIM o con las fuerzas de seguridad, hago hincapié en la importancia de que la víctima tome conciencia de la actual situación. Es importante que denuncie y es lo que debe de hacer, pero debe saber que es un proceso que no tiene vuelta atrás. Es por ello que las instituciones no podemos descargar todo ese peso sobre las víctimas. Actualmente estamos alejados del conflicto cuando tenemos que llevar la carga del mismo, pero claro, las necesitamos a ellas con su testimonio.

Por eso tenemos que reforzar la asistencia extrajudicial, judicial y social, también económica, a la víctima. Que vean que el juzgado y las instituciones estamos trabajando para alejarlas de un conflicto que no es culpa de ellas, ni responsabilidad de ellas y que tomen conciencia de que si al final hay una condena es porque el agresor es responsable de un delito. La parte positiva es que muchas situaciones de violencia en las que el acusado sabía que iba a salir indemne, porque conoce a la víctima y sabe o cree que no van a declarar, ya no quedan impunes y muchas veces se llegan a sentencias por conformidad.

“La saturación de los equipos psicosociales pasó de ser un problema estructural a uno crítico”

–Tras su reelección planteaba como una de las prioridades abordar la problemática en la tardanza en la emisión de los informes de los equipos psicosociales del Imelga por la sobrecarga de trabajo. ¿Tan mala es la situación?

–Es algo por lo que estamos muy preocupados, también el TSXG. De hecho el último informe que firmé como decana, antes de mi reelección, fue para reiterar este problema. Era algo que quería dejar dicho. Ahora seguiré con ello. A veces con dar algún dato basta para hacerse a la idea. En octubre de 2022 recibí una comunicación del juzgado de instrucción 1 en el que le daban cita para un informe de credibilidad en un caso de abusos para la entrevista en 2023. Luego todavía habría que hacer el informe. En otro caso, de Instrucción 3, la cita para una valoración integral en un asunto de violencia de género se pidió el 9 de septiembre de 2022 y se dio para mayo de 2024. Creo que no hay más que decir.

–Más de año y medio en el que el caso no va a avanzar y la víctima seguirá sin respuesta...

–Se podrán hacer otras diligencias, pero como mínimo el asunto va a seguir en instrucción ese tiempo y hasta que se emita el informe. Hay que tener en cuenta que una valoración integral se solicita en los casos más graves o que pueden esconder, detrás de una bofetada, un mar de fondo más complejo de maltrato habitual o no. Pero para saberlo necesitas esos informes. Esas tardanzas pueden provocar que los juzgados, para dar una respuesta rápida a la víctima, no los pidan y se queden en la bofetada, en el concreto incidente explosivo que es más fácil de probar que una situación prolongada de maltrato. Es verdad que se ha establecido un refuerzo entre noviembre y febrero. Pero no es suficiente. Este era un problema estructural ya en 2021 pero ahora es crítico. En su descargo tengo que decir que estos equipos también han visto aumentadas sus competencias con la entrada en vigor de la ley de protección integral a la infancia, dado que ahora es obligatorio realizar valoraciones a todas las víctimas menores de 13 años, por ejemplo en casos de abusos o agresiones sexuales, como prueba preconstituida. Algo que yo, en mi opinión, ampliaría a todos los menores de mayore edad y personas vulnerables. Primero y fundamental porque evita la revictimización del menor al revivir una y otra vez los hechos y segundo porque es mejor para el procedimiento, dado que el testimonio es más cercano al suceso.

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