Juzgan a una red que hurtó miles de metros cuadrados de eucalipto en unas 40 fincas ajenas para venderlos

Cinco personas se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusados de múltiples delitos relacionados con la tala y comercialización ilegal de madera de eucalipto. Concretamente, se cree que los acusados orquestaron un plan para apropiarse y vender madera de eucalipto de unas 40 fincas por toda la provincia. Son cuatro procesados que habrían contado con la colaboración de un agente de la Guardia Civil que también se sentará en el banquillo. Hurto continuado, falsedad en documento oficial, pertenencia a grupo criminal o infidelidad en la custodia de documentos son los delitos que les imputa la Fiscalía de Pontevedra.

Los hechos se remontan al año 2013. Tres de los acusados constituyeron otras tantas sociedades que tenían como objeto labores forestales figurando cada uno de ellos como administradores de las mismas. Otro de los acusados figura como encargado de una de ellas. Los acusados, según la Fiscalía, utilizan estas sociedades únicamente como herramienta o instrumento para ocultar su actividad ilícita, ya que realmente el personal y la maquinaria utilizada era habitualmente la misma por parte de las tres empresas.

De esta forma, se fueron dedicando a la tala de arbolado en al menos unas cuarenta finca en toda la provincia para su posterior aprovechamiento y venta y obteniendo rendimiento de patrimonio ajeno, dado que las fincas no les habían vendido la madera o se encontraban ausentes o fuera de la zona en la que cortaban o en el extranjero. También se aprovechaban en ocasiones de que las propiedades no estaban bien descritas en los registros oficiales o no aparecían en ellas los propietarios reales, o su titularidad estaba discutida.

Además de la pena de prisión, el agente se enfrenta a una pena de 3 años de inhabilitación

Para averiguar cuáles eran las fincas en las que debían actuar contaban con la colaboración de un agente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, según sostiene el fiscal, que averiguó las claves que utilizaba su unidad para acceder a datos confidenciales del catastro. Así, este agente buscaba parcelas con aprovechamiento maderable cuya propiedad pudiera estar en litigio, en estudio o en alguna de las situaciones antes citada, y pasaba la información a los otros implicados.

Los acusados se enfrentan a una pena de tres años de prisión por hurto continuado y seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal. En el caso de los administradores de las empresas, estos deben sumar una petición de dos años de cárcel por falsedad en documento oficial y 25.000 euros de multa por el delito de infidelidad de custodia de documentos. En lo referente al guardia civil, además de los tres años y medio por hurto y pertenencia a grupo criminal, el fiscal solicita por el delito de infidelidad en la custodia de documentos una multa de 15 meses a razón de ocho euros al día y su inhabilitación como guardia civil por un periodo de tres años.

Además, reclama que indemnicen con el valor de la madera cortada a los propietarios de estas 40 fincas ubicadas en O Morrazo, Meis, Barro, Ponte Caldelas , Sanxenxo y Meaño.