El Catastro municipal supera por vez primera las 75.000 altas y roza los 3.000 millones de tasación

El Concello ya ha cerrado el proceso de cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la principal fuente fiscal de ingresos municipales, con una previsión de recaudación de unos 18 millones de euros, en su inmensa mayoría correspondiente a la categoría urbana. El IBI se calcula en función del valor catastral que el Ministerio de Hacienda asigna a cada bien inmueble del municipio.

Según el último balance del Catastro, el actual año 2022 ha supuesto varios hitos en este censo. En el municipio están catalogados 75.143 unidades. Es la primera vez que se rebasa la frontera de las 75.000 altas, con el añadido de que el valor que el Ministerio de Hacienda asigna a todas estas propiedades roza ya los 3.000 millones de euros. En concreto, son 2.926 millones, 26 más que en 2021 y un 20% más que hace una década, cuando apenas se llegaba a 2.400 millones.

Buena parte de estas cifras corresponde a los inmuebles de uso residencial, ya que, también por vez primera, se superan los 41.000 hogares. Son 41.296, trescientos más que hace un año y su tasación se dispara hasta los 1.880 millones de euros. Esto significa que Hacienda valora en 45.520 euros cada vivienda incluida en el censo catastral.

A estas cifras se deben añadir las plazas de garaje (que el Catastro identifica como “almacén o estacionamiento”, que añaden otras 22.603 altas, también el número más alto de los últimos años.

Esos 75.143 bienes, 632 más que en el ejercicio anterior, están tasados con un valor catastral total de 2.926 millones de euros, lo que supone una cifra media de 38.937 euros. Se da la circunstancia de que esta media tiene a reducirse en los últimos ejercicios, ya que era de 39.095 euros hace doce meses y de 39.133 de 2020.

Para compensar este descenso en valoración, el número de altas aumenta de forma notable, no solo en los inmuebles residenciales, sino también en plazas de garaje, y oficinas. En cambio, se reduce el censo de locales comerciales e industriales.

Así, Hacienda cataloga 3.606 unidades industriales treinta menos que hace un año, mientras que hay cuatro locales comerciales menos. Un dato muy llamativo del padrón catastral es el relativo a los edificios singulares, ya que crece en uno, de 21 a 22, pero su valor total se dispara ya que pasa de 30,9 millones a más de 40. Aunque fuentes municipales no aciertan a situar el origen de este aumento de más de nueve millones con un único inmueble, no se descarta que corresponda a la incorporación al patrimonio del Concello del antiguo convento de Santa Clara, adquirido hace un año por 3,2 millones de euros, pero cuyo valor es muy superior.

Con respecto al padrón de hace una década, el de 2013, la principal variación se centra en la valoración total de las unidades catastrales, ya que entonces eran algo más de 69.000, tasadas en 2.424 millones de euros, y ahora son seis mil altas más, con un valor de 2.926 millones. De todas ellas, hace diez años había 39.500 inmuebles de uso residencial y ahora hay un 4,5% más (se han añadido 1.800 desde entonces), hasta las 41.269.

Otro aspecto llamativo de las estadísticas de este año con las que se elabora el padrón del IBI es el relativo a los denominados Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), donde figuran las autopistas, los parques eólicos, los aeropuertos o los puertos comerciales. En este último caso, aparece el Puerto de Marín repartido entre este municipio y el de Pontevedra, con la capital con un mayor porcentaje de bienes.

Según el Catastro, de las 217 unidades sujetas al IBI en el recinto portuario (dos más que en el año anterior), 160 corresponden a Pontevedra y solo 57 a Marín, con una tasación de 34,5 y 15 millones de euros respectivamente. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que Marín reclama desde hace años la plena titularidad del Puerto, pero el proceso de deslinde acumula una prolongada paralización.

El peso del IBI en los municipios gallegos

La Red Localis, Red de Administración Local, solicitaba hace unos días una mayor cooperación entre administraciones con el fin de poder actualizar de forma urgente los valores catastrales y, evitar de este modo, el “raquitismo fiscal”. Así lo hacía constar en un estudio que analiza tres figuras impositivas obligatorias: Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

A pesar de que todos ellos están condicionados por las directrices estatales, el estudio revela que, en el caso del IBI, existen grandes diferencias entre Galicia y la media nacional. Un hecho que Red Localis considera que puede deberse a un “cierto raquitismo fiscal recaudatorio en algunos ayuntamientos gallegos y el elevado peso de ayuntamientos de menor tamaño poblacional en Galicia, que como se ha comprobado suelen aplicar tipos impositivos menores”. Según Red Localis, el 45% de los Ayuntamientos en España no ha revisado el valor catastral de los inmuebles desde hace más de 20 años. En Galicia este porcentaje asciende al 53%. Indica que los residentes de Santiago de Compostela son los que soportan un IBI mayor, con 356 euros por habitante. Por su parte, la menor recaudación por habitante la recoge el Concello de Pontevedra, con 219 euros por habitante. Vigo, con 13,5 millones de euros, y A Coruña, con 10,8 millones, son los dos ayuntamientos que más recaudan por el IAE, seguido por el de Lugo, con 4,4 millones de euros.

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